CUADERNOS DE LA PANDEMIA

Una amenaza constante no tan fashionista

 Mujer obrera, hecha de carne y llanto,
hecha de hambre, luz y manos
y de sudor, rocío del hierro.

—Luis Vidales, poeta colombiano

 8 de mayo, 2023. La primera semana de mayo de este año fue decisiva para el presente y el futuro del centro de Los Ángeles. Los trece miembros del Concejo de la Ciudad votaron por unanimidad el 3 de este mes para poner en marcha el Plan Comunitario del Centro de Los Ángeles 2040 (DTLA2040). El ambicioso plan permitirá la rezonificación del área que traerá una enorme transformación urbanística en las próximas dos décadas, y tendrá un impacto social, económico y laboral, no solo para el centro de la ciudad sino para el sur de California y del estado en general.

La aprobación del Plan tomó nueve años desde la presentación del primer borrador, hecho por el Departamento de Planeación de la ciudad. La rezonificación establecerá una serie de normas gubernamentales que incluyen la ubicación, el tamaño, el uso y la forma de edificios y espacios urbanos. Permitirá, entre otras cosas, la construcción proyectada de cien mil unidades de vivienda, en una franja que abarca desde el Centro de Convenciones, hasta la zona norte de Chinatown. Además, autorizará la construcción de hoteles, restaurantes, escuelas, zonas verdes y peatonales y la redistribución de los medios de transporte, en una compleja lista de regulaciones sobre el uso de cada metro de espacio en el corazón de la ciudad.

 En medio de estas medidas de crecimiento y revitalización, que modificarán el centro de Los Ángeles, está el Distrito de la Moda. Un área que alberga desde hace más de cien años la que es hoy día la industria de costura de ropa más grande de los Estados Unidos, con cientos de pequeñas fábricas y tiendas independientes rentadas, en las que trabajan más de 20 mil costureros, de las más de 66 mil personas relacionadas con esta industria y negocios auxiliares en el Condado de Los Ángeles. La gran mayoría son mujeres mexicanas, centroamericanas y asiáticas inmigrantes, quienes, a su vez, viven en el sector, y para quienes la rezonificación que promueve el DTLA2040 ha sido vista a lo largo de esta pasada década como una amenaza potencial de desplazamiento y pérdida de sus trabajos.

 En los más de cien años que lleva operando esta industria en el centro de Los Ángeles, varias generaciones de decenas de miles de trabajadores de la costura han tenido que batallar cada día por su supervivencia. Las luchas se extienden a todos los frentes imaginables porque se trata de una población extremamente vulnerable. La explotación laboral recorre una extensa red: desde quienes los contratan, los manufactureros, los intermediarios y las grandes tiendas que se lucran de su duro trabajo y sus salarios de hambre. Añadido, muchas veces, a la indiferencia de las autoridades que se hacen de la vista gorda ante los abusos que sufre esta población. Dado que muchos son inmigrantes indocumentados, son reclutados sin un contrato de trabajo ni beneficios, obligados a trabajar en espacios reducidos y en condiciones sanitarias deplorables.

 Ahora que el Plan DTLA2040 ha sido aprobado, las autoridades locales darán luz verde al diseño de proyectos públicos, privados y mixtos. El Plan está concebido como una hoja de ruta, en la que intervienen diversos grupos de interés económico, político y social, que realizan un cabildeo o lobbying continuo ante el gobierno local. Entre los mayores lobistas está la casi centenaria Asociación del Centro de Los Ángeles (Central City Association of Los Angeles, CCA), una entidad sin ánimo de lucro que, sin embargo, cuenta entre sus miembros a algunos de los bancos y compañías de bienes raíces más poderosos del país, que han estado por años en una intensa campaña para que el Plan sea aprobado. Entre las corporaciones que son miembros destacados de la CCA, y que no dan puntada sin dedal, están Amazon, US Bank, Wells Fargo, Bank of America, Citi, AT&T, Chase Bank, US Bank, Brookfield Properties, la financiera CIM, la enorme empresa de bienes raíces Tishman Speyer, y la cadena de hoteles Westin.

 Iniciativas privadas como las del CCA podrán ser parte en la creación de hoteles, apartamentos y restaurantes de lujo, además de ampliar la utilización industrial de los edificios para la producción de alimentos y fabricación de bebidas, incluyendo cerverías. Una consecuencia predecible de los nuevos usos de este espacio urbano es que termine elevando aún más el costo de la propiedad y de la renta, y que se reconsidere el espacio del Distrito de la Moda, que en el que están los edificios que actualmente ocupan las pequeñas fábricas de costura y de otros negocios relacionados con la moda.

 Uno de los  contrapesos a los intereses del gran capital que disputa por un mayor control del área es el Centro de los Trabajadores de la Costura de Los Ángeles (Garment Worker Center, GWC), una organización laboral que sirve de voz y defensoría de la práctica totalidad de los 20 mil trabajadores y de las personas que los emplean en pequeños talleres rentados. El GWC también lidia por los derechos laborales y sociales de otros 30 mil trabajadores, tanto de la confección como de actividades suplementarias de esta industria en el resto del Condado de Los Ángeles. El GWC comenzó sus actividades en 2001, y desde entonces ha estado en una abierta lucha contra la explotación, la discriminación y el racismo que sufren los trabajadores de la costura por parte de los dueños de las fábricas, los manufactureros, contratistas y las tiendas de moda que adquieren las prendas que producen, ya sea al detal o al por mayor.  

 El Centro de Trabajadores de la Costura nació como resultado del hallazgo de decenas de trabajadores que habían sido traídos de Tailandia a California por una red de traficantes de personas, al menos desde el año 1988. Estos trabajadores eran forzados a coser prendas de vestir dentro de un conjunto de casas dúplex de dos plantas en la ciudad de El Monte, en el noreste del Condado de Los Ángeles, que habían sido convertidas en improvisados talleres de costura. Los muros de las casas fueron cubiertos con alambres de púas, las ventanas de las casas fueron selladas y las puertas solo se podían abrir desde afuera. A los trabajadores no se les permitía salir a ninguna hora de su encierro y dormían en el suelo al lado de las máquinas de coser, en las cuales debían trabajar largas horas diarias. Como fue denunciado por Julie Monroe y Kent Wong, en un libro sobre el tema, estas personas esclavizadas hacían ropa para firmas reconocidas como High Sierra, CLEO, Tomato Inc., B.U.M. y Anchor Blue (1).

 Después de los rumores y denuncias al Departamento de Trabajo sobre lo que presuntamente estaba ocurriendo en ese conjunto de viviendas, el 2 de agosto de 1995 la policía de El Monte y Oficiales de Paz Juramentados de California entraron al lugar a la fuerza. Encontraron a 72 trabajadores, casi todos mujeres, viviendo como esclavos. La policía llevó a las víctimas al Centro de Detención de Servicios de Inmigración y Naturalización, donde estuvieron presos por nueve días. Cuando se supo la noticia, diversas organizaciones de derechos de los inmigrantes formaron una coalición para ayudar a estas víctimas de tráfico humano. Lograron sacarlas de la cárcel y ubicarlas temporalmente en refugios de iglesias y organizaciones humanitarias, pendientes de resolver su estatus migratorio. Finalmente, al cabo de los años, se logró una indemnización de cuatro millones de dólares para las víctimas por parte de las empresas que se habían beneficiado de su explotación, y el gobierno les otorgó la ciudadanía. En 2001, la coalición humanitaria ayudó a la formación del Centro de la Trabajadores de la Costura (GWC, por sus siglas en inglés), el primero en el país en enfocar exclusivamente en la organización y lucha por los derechos de los trabajadores de la costura.

 Esta industria ha existido en el centro de Los Ángeles desde finales del siglo 19 y hoy es, junto a los demás talleres de costura del Condado, la segunda industria que más ingresos produce en Los Ángeles después de Hollywood. En la actualidad el Distrito de la Moda alberga a más de cuatro mil tiendas y negocios que producen y venden al mayor a tiendas como Nordstrom, Ross, Dillard’s, Lulus Fashion Nova, Von Maur, Forever 21, Neiman Marcus, Charlotte Russe, TJ Maxx, Bombshell Sportswear, Socialite y Stitch Fix, entre otras. Los turistas y la población local pueden comprar ropa, textiles, zapatos y toda clase de accesorios, generalmente a precios más bajos que en las tiendas regulares. Su sitio más concurrido y popular es el Santee Alley, un largo pasillo con numerosas tiendas de bajo precio. Por décadas el sector se conoció informalmente como el Distrito de la Costura (Garment District), y a partir de 1996, con la conversión del sector a Distrito de Mejoramiento Comercial (Business Improvement District, BID) cambió su nombre a Distrito de la Moda. 

 Según el Informe de Economías Creativas OTIS 2023, del Otis College of Arts and Design, el Distrito de la Moda es el líder de la industria de la costura en los Estados Unidos, con un 83 porciento del total de confección de ropa de vestir que se hace en el país, y el 82.5 porciento de California. Los trabajadores de la costura producen un mercado de mil quinientos millones (1.5 billones) de dólares en ventas anuales. Según el mismo informe, los trabajadores de la costura tienen un promedio de 21 años de experiencia y da trabajo a 66.900 personas en el Condado de Los Ángeles, siendo la fabricación de ropa de vestir (ya sea de venta online o en una tienda) el mayor de ellos, con 25.726 trabajadores (2).

 Sin embargo, a pesar del músculo que representa para la economía angelina y de California, esta es una industria con abusos laborales extremos. El escándalo de trabajadores esclavos en El Monte ha sido uno de los más publicitados. Pero también es parte de la memoria la huelga conocida como The Lady Garment Worker Strike el 12 de octubre de 1933, en plena Gran Depresión. Las costureras, un 75 porciento de las cuales eran inmigrantes mexicanas, exigían el derecho a tener una jornada semanal de 35 horas y ganar al menos el salario mínimo. Cuando los empleadores rehusaron aceptar sus demandas, las trabajadoras se declararon en huelga. Cerca de tres mil mujeres protestaron en las calles. La huelga duró tres semanas, hasta que mediadores federales se involucraron y los empleadores aceptaron negociar. Las costureras volvieron a sus trabajos sin penalidades, con beneficios y un salario mínimo, aunque en la realidad estos derechos nunca fueron obtenidos plenamente y una buena parte de ellas siguió siendo explotada.

 Hoy, a 90 años de aquella huelga, los atropellos continúan. Dado que los obreros son contratados a través de microempresas, no tienen la posibilidad de crear un sindicato a riesgo de perder sus trabajos. El incendio de un edificio en pésimo estado en el Distrito de la Costura en 1989, en el que 40 trabajadores resultaron con quemaduras de distinto grado, mostró el ambiente inseguro y de alto riesgo en que eran obligados trabajar. A muchos se les sigue pagando por pieza de trabajo y no por hora o un contrato fijo. Muchos talleres no tienen cuidado de niños y las madres luchan por encontrar quién pueda cuidarlos mientras trabajan. Dado que los contratistas pueden escapar a los controles legales, no quedan registros de los salarios ni ninguna forma de reclamo laboral. Por años, enfrentan las amenazas de los patrones de trasladar sus negocios a otros países donde hay mano de obra barata. Muchos de los dueños de estas fábricas las cierran cuando saben que va a haber una inspección; otros no tienen permiso legal para operar el negocio.

 Cuando se declaró la pandemia del covid-19, el trabajo de los costureros fue declarado no esencial y se ordenó su cierre temporal. Sin embargo, al poco tiempo, numerosos trabajadores fueron llamados a fabricar máscaras. Miles volvieron a sus trabajos y fueron sentados uno al lado del otro sin máscaras, sin guantes y sin ninguna protección. Centenares de obreros fueron infectados por el virus y varios de ellos murieron. Con todo y eso, los trabajadores no fueron elegibles para el primer round de vacunas. The Washington Post entrevistó a la costurera Rosa Martínez en plena pandemia, quien comentó, “aún si la persona está enferma tiene que trabajar por necesidad. No hay días de paga por enfermedad y tenemos familia y renta que pagar”. Martínez menciona que en estas pequeñas fábricas “hay baños sucios, ratones y cucarachas y durante los meses de verano no hay aire acondicionado ni ventilación” (3).

 En medio de esta batalla cotidiana, el Centro de los Trabajadores de la Costura logró en el año 2021 que la Legislatura Estatal de California pasara el Acta de Protección de los Trabajadores de la Costura SB62, que establece, entre otras cosas, que no se les pagará por pieza sino el salario mínimo de California. El Acta comenzó a ser efectiva el 1 de enero de 2022. Sin embargo, el Reporte de la División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo sobre los trabajadores de la costura del sur de California para 2022, publicado el 22 de marzo pasado, encontró algunos de los siguientes abusos: hay trabajadores a los que solo se les paga $1.58 la hora. El 80 porciento de los contratistas no cumplen con las normas del Fair Labor Standars Act (Ley de Normas Justas de Trabajo). El 64 porciento no mantiene registros de horas de trabajo ni de salarios. El 50 porciento le paga a los obreros en efectivo y falsifica o no lleva registros. El 32 porciento continúa pagando por pieza y no por hora (4).

 En el foro público en que el Departamento del Trabajo dio a conocer los resultados de su investigación, Marissa Nuncio, directora del GWC, dijo: “Los hallazgos que estamos viendo aquí hoy demuestran claramente el robo de salarios en curso, que es algo que escuchamos de nuestros miembros, que han tenido que soportar una variedad de circunstancias materiales fluctuantes desde el inicio del covid. […] Como defensores, tomamos datos como los que vemos aquí hoy para conectarnos con los trabajadores y asegurarnos de que, por un lado, conozcan sus derechos, al mismo tiempo que tratamos de fortalecer la ley para los trabajadores en función de sus demandas”. Nuncio aprovechó la oportunidad para comentar sobre el proyecto FABRIC Act (Ley FÁBRICA o Ley Telas), que fue presentado  al Congreso de los Estados Unidos el 12 de mayo de 2022: “Creemos que la legislación federal, por medio de la Ley FÁBRICA, ayudaría a reforzar su capacidad para regular y crear responsabilidad. La Ley FÁBRICA mejoraría y expandiría los derechos ganados aquí en California por la SB62 impulsada por los trabajadores. Aunque los hallazgos del Departamento del Trabajo muestran que el robo de salarios continúa, sabemos que con el tiempo y una aplicación estricta, una legislación como esta generará un cambio en esta industria”.

 Ahora, en medio de esta lucha incesante por justicia laboral y social, una de las amenazas más grandes que seguirán enfrentando los trabajadores de la costura es la recién aprobada rezonificación del centro de Los Ángeles. A principios de abril pasado centenares de trabajadores de la costura del Distrito de la Moda marcharon con pancartas para hacer oir sus reclamos, y pidiendo protección y garantías en caso de que el Plan fuera aprobado. Tres semanas después, el 24 de abril, el GWC logró que sus demandas fueran incorporadas en el Plan DTLA2024 durante la reunión del Comité de Planificación y Gestión del Uso del Suelo (PLUM). De particular importancia fue lograr que el Plan incluyera limitaciones al desarrollo residencial y de nuevos hoteles en secciones del Distrito de la Moda. Un segmento de las modificaciones del Plan DTLA2040 indica que se enfocará en “prevenir el desplazamiento de negocios en crecimiento o reducción en esta industria para permanecer dentro del área del centro y de la ciudad en general. Esto incluye, entre otros, empresas de producción de prendas de vestir y de la industria de la moda, instituciones académicas y servicios de apoyo”. (Para ver la lista de demandas que el GWC ha estado pidiendo que sean tenidas en cuenta por DTLA2040, puede ir a: “Protect LA’s Garment Jobs: The Future of U.S. Fashion”, que puede ser leído también es español).

 El mismo día de aprobación del Plan, el grupo lobista Central City Association, CCA, que representa a los desarrolladores y los intereses del gran capital, reaccionó con un comunicado en el que exhortaba al Concejo de la ciudad a mantener su promesa de estudiar más a fondo “cómo los requisitos establecidos en el área IX3 dentro del Distrito de la Moda afectarán la producción de viviendas. […] Como un lugar que da la bienvenida a la densidad y sirve como centro de tránsito, sería un error obstaculizar la construcción de nuevas viviendas en el Centro” (5). Tanto el Centro de Trabajadores de la Costura como el sindicato Unite Here Local 11, que representa a la industria hotelera y de restaurantes del sur de California y Arizona, están conscientes de que la lucha por el uso de este espacio como lugar de trabajo y de vivienda sigue en pie, y quizá a partir de ahora será más intensa que nunca.

 Basado en su conocimiento y preocupación por la situación, el arquitecto David González Rojas, profesor de arquitectura en Santa Mónica College, ha diseñado junto a sus estudiantes un plan que propone concentrar a los trabajadores de la confección en un complejo de edificios en el mismo sector donde funciona actualmente el Distrito de la Moda. Su propuesta, o sueño, como lo llaman, es que fuera un plan financiado por la ciudad y desarrolladores privados, que permita que los trabajadores se organicen como una compañía que no requiera de intermediarios ni de contratistas, sino que funcione como una cooperativa que tenga el control y la propiedad de los espacios de trabajo y esparcimiento.

 Independientemente de que las propuestas del GWC hayan sido incluidas por el PLUM y que el Concejo de Los Ángeles haya aprobado el DTLA2040 con estas modificaciones, los trabajadores de la costura saben que las grandes compañías financieras y de bienes raíces buscarán maneras de forzar su desplazamiento para dar lugar a otros desarrollos que estén más en sintonía con el área como Distrito de Mejoramiento Comercial, BID. El centro de Los Ángeles cuenta ya con la trágica historia de la comunidad Chavez Ravine, compuesta por tres barrios cuyos habitantes, todos latinos, fueron expulsados de sus hogares por las autoridades locales para permitirle al empresario Walter O’Malley, dueño de los Brooklyn Dodgers de Nueva York, construir el Estadio de Los Ángeles Dodgers en la década de 1950. El proceso de gentrificación avanza alrededor del Condado y la revitalización urbana del centro de la ciudad es uno de los sectores que experimenta este proceso de manera más imperiosa y discriminatoria.

 Como en todas las luchas por los derechos laborales y sociales, la soga siempre se rompe por lo más delgado. De modo que ninguna conquista puede considerarse definitiva. En el caso de los trabajadores de la costura en el centro de la gran ciudad, es una lucha de avances y retrocesos, frente a las fuerzas que amenazan con desplazarlos, pese a ser piezas fundamentales en generar grandes ingresos en una sociedad de capitalismo salvaje y canibalista. Una sociedad donde a menudo el capital y el poder son valorados como más importantes que la vida y los derechos de las personas.

 Fuentes citadas:

1) Sweatshop Slaves: Asian Americans in the Garment Industry (Esclavos de talleres clandestinos: estadounidenses de origen asiático en la industria de la confección), por Julie Monroe y Kent Wong UCLA Center for Labor Research and Education, Los Angeles, 2006. 

2) The Otis College Report on the Creative Economy (Reporte del Otis College sobre Economía Creativa), por Otis College of Arts and Design, February 10, 2023.

3) “Clothing companies have been praised for making protective masks. But garment workers say factory conditions are unsafe” (Las compañias de ropa han sido elogiadas por hacer máscaras protectoras. Pero los trabajadores de la costura dicen que las condiciones de las fábricas son inseguras), por Alessandra Bergamin. The Lily, The Washington Post, May 11, 2020.

4) “Unfit Wages: US Department of Labor Survey Find Widespread Violations by Southern California Garment Industry Contractor, Manufacturers”(Salarios inadecuados: Encuesta del Departamento de Trabajo de EE UU. encuentra violaciones generalizadas por parte de contratistas y fabricantes de la industria de prendas de vestir del sur de California). Michael Petersen. Wage and Hour Division. US Department of Labor, March 22, 2023.

5) “Statement: DTLA 2040 Community Plan Approval by LA City Council” (Declaración: Aprobación del Plan Comunitario DTLA 2040 por el Concejo Municipal de Los Ángeles). Central City Association of Los Angeles, CCA, May 3, 2023.

(Publicado en Hispanic LA, 10 mayo, 2023)

CUADERNOS DE LA PANDEMIA

Valeria Luiselli y los niños de la frontera

Estoy atorado

entre este y el otro lado.

Y cuando mi salto está listo:

la raya se desplaza

—Heriberto Yépez, poeta tijuanense

6 de abril, 2023. Desde hace diez años uno de los núcleos del drama de la migración desde países de América Latina lo constituye la oleada de niños que llegan solos a la frontera entre México y los Estados Unidos. Decenas de miles de niños, niñas y adolescentes, muchos de ellos menores de cinco años, a los que ocasionalmente las cámaras de los medios de comunicación iluminan por un instante, casi siempre despojados de individualidad, de humanidad. Rostros sin rostro que se multiplican sobre espacios desolados, con historias que muy pocos cuentan, en parte porque predomina la ignorancia y el prejuicio, en parte porque son abrumadoras y, en fin, porque se prefiere el silencio cómplice. La mayoría de estos menores proviene del llamado Triángulo Norte de Centroamérica: Honduras, Guatemala y el Salvador, al que hay que agregar el México enorme, que también aporta su cuota significativa de niños tratando de entrar a los Estados Unidos. Un país desconocido, donde esperan encontrarse con un familiar, o intentar que alguien, desde la nada, quiera darles refugio.

La tragedia de los niños migrantes no es nueva. Ha estado presente por mucho tiempo, y en mayor proporción desde mediados de los ochenta, en plena guerra civil salvadoreña, cuando miles de personas, incluyendo niños solos, huyeron hacia los Estados Unidos, país que era precisamente uno de los promotores principales de esa guerra. Pero es a partir de 2013 y hasta el presente, cuando los números se han multiplicado a un ritmo imparable, esta vez huyendo de pandillas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, del hambre y la pobreza extrema, problemas que son secuelas de las guerras centroamericanas. Entre los meses de octubre de 2013 y junio de 2014, durante la presidencia de Obama, la cifra de niños no acompañados detenidos en la frontera superó los 80 mil, y forzó al gobierno a declarar una crisis migratoria. Ninguna estrategia fue efectiva para contenerla, porque hasta ahora a los Estados Unidos no les ha interesado tratar a fondo con los problemas históricos que causan estas migraciones y en las cuales tiene una inmensa responsabilidad.

Hacia fines de agosto de 2015 habían llegado ya 102 mil menores más. Desde esas fechas, al entrar en territorio de EE UU los niños son puestos en centros de detención para menores, conocidos como hieleras, jaulas o perreras. Se supone que los niños no deben estar en estos centros más de tres días, hasta que se les conecta con familiares, o los llevan a centros del Departamento de Salud y Servicios Humanos, mientras esperan que se les resuelva su situación. Por años, sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que los menores pasan allí semanas, e incluso meses, sufriendo temperaturas frías, sin camas y cubiertos solo con mantas isotérmicas, y sin servicios sanitarios adecuados.

Hasta marzo de 2015, los niños migrantes que lograban cruzar la frontera y pedían asilo tenían hasta un año para que un familiar o alguien más (no el gobierno) les consiguiera un abogado que los representara ante una corte de migración para tratar de obtener el estatus migratorio de asilado y evitar la deportación. Pero la creación del Priority Juvenile Docket (Expediente Juvenil Prioritario) del gobierno de Obama, redujo ese tiempo a solo veintiún días. Si al cabo de esas tres semanas los niños no lograban tener un abogado defensor debían de todos modos ir ante el juez asignado. En la mayor parte de los casos, eran y siguen siendo deportados a sus países.

Durante la administración Trump, entre 2016 y 2020, el drama alcanzó su período más crítico y xenofóbico, con decenas de miles de niños detenidos en la frontera y devueltos de inmediato a México y Centroamérica. Simultáneamente, la política de “cero tolerancia” afectó también a unos 4 mil niños que fueron separados de sus padres en la frontera. En enero de 2017, la jueza en jefe de inmigración, MaryBeth Keller, modificó el Expediente Juvenil Prioritario de la era Obama, y se enfocó en la deportación de niños migrantes que estuvieran bajo el cuidado y custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, y que no tuvieran un patrocinador identificado. Los niños sin patrocinador se contaban y se siguen contando por decenas de miles; de modo que una gran parte de ellos han sido deportados a sus países de origen sin el debido proceso de las leyes internacionales del derecho al asilo. Y, para completar el cuadro, cuando se pensaba que el gobierno de Biden iba a poner en marcha soluciones para mejorar la situación de los migrantes, dadas sus promesas de campaña, la realidad es que ha seguido aplicando muchas de las mismas políticas migratorias excluyentes y represivas de Obama y Trump. 

A solo cuatro meses de haber tomado posesión como presidente en 2021, Biden reactivó la orden de los Expedientes Prioritarios, conocido también como Rocket Docket, que permite devolver “de forma sumaria a prácticamente todos los niños y niñas mexicanos no acompañados tan sólo unas horas después de que busquen protección, en muchos casos sin considerar los peligros a los que podrían enfrentarse a su regreso” (1). El National Immigrant Justice Center, NIJC (Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes) denunció en esas fechas que la administración Biden, bajo la falsa premisa de la salud pública (debida al Covid), seguía usando el Título 42 de Trump que autoriza a la Oficina de Detención y Deportación de ICE para expulsar de manera inmediata a las personas buscando asilo en la frontera. El NIJC, una organización no-gubernamental, señaló que “más de la mitad de las personas navegando el sistema judicial migratorio” no lograban conseguir un abogado que los apoyara (2). Miles de niños migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos son parte de esas estadísticas.

En general, lo que termina ocurriendo a los niños y niñas que son detenidos en la frontera es una historia que trata de mantenerse oculta. La noticia deja de ser noticia por lo habitual y cotidiana, mientras las organizaciones intergubernamentales y humanitarias tratan de intervenir con todas las limitaciones que les presenta el sistema migratorio. Entre las voces contestatarias que han ayudado a vislumbrar cómo tramita el sistema migratorio la situación de estos niños migrantes está la escritora mexicana Valeria Luiselli. Nacida en Ciudad de México y establecida en Nueva York desde 2008, Luiselli participa activamente en foros académicos y periodísticos en los Estados Unidos, México y otros países, para discutir sobre los textos que ha escrito y hacer visible el drama acuciante de la migración de niños desde América Latina hacia los Estados Unidos.

En su breve libro documental Tell Me How It Ends. An Essay in Forty Questions, traducido al español como Los niños perdidos (Un ensayo en cuarenta preguntas), publicado en 2016, describe cómo en su interés por conocer de cerca la situación de los niños migrantes decidió, junto a una sobrina suya, hacer trabajo voluntario como traductora e intérprete en una corte de migración en Nueva York en 2015. Su labor consistía en ayudar a niños y niñas migrantes a llenar un formulario de 40 preguntas en inglés creado por la Oficina de Inmigración del Departamento de Justicia, para niños cuya situación migratoria estaba pendiente. Era un trabajo de gran urgencia, y en muchos casos, de vida o muerte, porque, como se ha mencionado, los niños tenían solo veintiún días para conseguir un abogado defensor para tratar de no ser deportados. Luiselli y su sobrina se sumaron al número creciente de voluntarios tratando de ayudar a estos niños desamparados.

Mientras Luiselli tomaba las respuestas de los niños se enfrentó al relato fragmentario de los horrores inenarrables que los obligó a dejar sus países para venir a los EE UU, con la vaga esperanza de encontrar refugio y protección. El libro documental no solo describe las 40 preguntas que el formulario burocrático hace a los niños (¿Por qué viniste a los Estados Unidos? ¿Cuándo entraste a los Estados Unidos? ¿Con quién viajaste? ¿Viajaste con algún conocido? ¿Qué países cruzaste? ¿Cómo llegaste hasta aquí?...), sino las preguntas que se hace la autora sobre la manera como opera el sistema migratorio de los EE UU. Estos son niños, que como apunta Luiselli, “huyeron de sus pueblos o ciudades, caminaron kilómetros, nadaron, corrieron, durmieron escondidos, montaron trenes y camiones de carga… Viajaron sin sus padres, sin sus madres, sin maletas ni pasaportes”. Niños y niñas con un pasado en sombras, con un azar constante como único equipaje.

Niños a los que les será muy difícil conseguir asilo porque este se concede a personas que están huyendo de persecuciones basadas de manera específica en raza, religión, nacionalidad y opinión política o pertenencia a un grupo social particular. En su defensa, el abogado tendrá que hacer creíble que su pequeño cliente es víctima de alguna, varias o todas estas razones, para que se le conceda el asilo. Si los vientos le son favorables y el niño o niña obtiene asilo, es advertido que no podrá volver a su país, a riesgo de perder su residencia en EE UU. Si el niño/a no muestra evidencia suficiente del peligro que corría para haberse escapado de su país, es muy probable que sea deportado/a “sin juicio previo” (3).

Los niños perdidos opera como una contranarrativa que saca a la luz aspectos poco conocidos por la población norteamericana y global. Luiselli ve el manejo de la situación legal migratoria de los niños migrantes como un componente más del sistema de encarcelación masiva de los Estados Unidos, y la utilización de centros de detención privados como parte de un negocio lucrativo. El texto cuestiona no solamente la monstruosa y billonaria maquinaria judicial y carcelaria de los Estados Unidos, sino también el papel que se le ha impuesto a México, tanto político como económico, para participar en la captura y deportación de migrantes de todas las edades, incluyendo a niños y adolescentes, en sus fronteras norte y sur.

La urgencia de investigar y escribir Los niños perdidos se le atravesó a Luiselli cuando estaba escribiendo la novela The Lost Children Archive, publicada en 2019 y traducida y publicada al español el mismo año como Desierto sonoro (4). La novela describe el viaje transversal en coche de una pareja y sus dos hijos desde Nueva York al extremo suroeste de Arizona. El padre documenta el genocidio de los indígenas a manos del gobierno, el ejército y los colonos de asentamiento anglosajones y busca en particular informarse sobre la tribu de los apaches chiricahuas de Bendoke, Arizona, la última en ser sometida por los avances expansionistas de EE UU. Entre tanto, la madre explora la realidad de los niños migrantes que están llegando en cantidades desbordantes a la frontera. En una entrevista con el medio digital mexicano El Oriente, Valeria se refiere al título Desierto sonoro “como un corredor migratorio, una región geopolítica, el espacio extraterritorial de quienes se desplazan de un lugar a otro. Como en círculos concéntricos. Un EE UU vaciado de sentido sobre lo que está ocurriendo en la frontera, como el corazón en tinieblas de ambos países”. Un problema que puede ser definido esencialmente como racial, sobre una “presencia extranjera, invasiva. Un mito [histórico], basado en un montón de mentiras” (5).

Los textos de Valeria Luiselli sirven como una referencia para ampliar nuestro entendimiento del éxodo masivo centroamericano, el cual tiene un impacto particular entre niños y adolescentes, que constituyen hoy día uno de cada tres migrantes que buscan asilo. Víctimas de una guerra que se desdobla desde los tiempos de la Guerra Fría y cuyos efectos se han incrementado con el fracaso de las políticas neoliberales y la crisis climática que ha diezmado la productividad agrícola en dichos países. En Desierto sonoro es posible notar, que pese a la multitud de recursos experimentales narrativos y las diversas técnicas para dar coherencia al relato, siempre son insuficientes para plasmar la dimensión de la tragedia. Esta incapacidad del texto es, en definitiva, su propio logro, porque logra transmitirnos hasta dónde podemos expresar una historia. Pero el texto, el habla y el performance son los recursos más directos que tenemos para el testimonio, para hacer tangible el pasado, pero, sobre todo, como quiere Luiselli, el presente y de ese modo, tal vez, también el futuro.

El drama migratorio infantil sigue aún más intenso en los últimos dos años. Según la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas (OIM) los Estados Unidos y México deportaron a cerca de 200 mil salvadoreños, guatemaltecos y hondureños en 2022, entre los que se incluyeron 35 mil niños y adolescentes. Esto representó un aumento del 58 porciento frente a los casi 125 mil deportados en 2021. Por su parte, La Voz de América, señaló que desde principios de enero al 8 de marzo de este año 2023 se han registrado 889 niños y niñas deportados a Guatemala, donde las autoridades se encargan de contactarlos con sus familiares para entregárselos o los internan provisionalmente en hogares del gobierno. Mientras tanto, las noticias seguirán dando informes y estadísticas de última hora, fríos y asépticos como una larga resignación.

Fronteras como las del sur de los Estados Unidos son heridas abiertas. En algunos casos están cicatrizadas por la cotidianidad, pero siguen sangrando por dentro, en el alma de quienes las padecen, de aquellos contra quienes han sido creadas. Las fronteras marcan a menudo otredades y exclusiones fundadas en conceptos de superioridad racial. Crean nacionalismos y reafirman que lo que nos hace iguales es que somos distintos. Las fronteras modernas mantienen el espíritu tribal y la exclusión de lo que nos parece amenazante. Son el espíritu primitivo de la territorialidad y la supervivencia. Esto se agrava aún más si quienes las atraviesan, o intentan atravesarlas son migrantes sin documentos, empobrecidos, que vienen de “países de m*”, como dijo el anterior presidente. O si esos migrantes son menores de edad que han caminado miles de kilómetros hacia un futuro que creen esperanzador, pero que intuyen incierto y sin asidero. Para decenas de miles al llegar a este país, la raya se les desplaza y los devuelve sin contemplaciones a los lugares de donde quisieron huir.

Fuentes citadas:

1) “Estados Unidos y México deportan a miles de niños y niñas migrantes no acompañados a situaciones de peligro”. Amnistía Internacional, Junio 11, 2021.

2) “Biden’s Return to the Failed Immigration Court “Rocket Docket” Will Deprive Asylum Seekers of Justice & Endanger Lives”. National Immigrant Justice Center, May 28, 2021.

3) Los niños perdidos. Ensayo en cuarenta preguntas, por Valeria Luiselli. Editorial Sexto Piso, 2016.

4) Desierto sonoro, por Valeria Luiselli. Vintage Español, 2019.

5) “Valeria Luiselli presenta Desierto Sonoro. El Oriente, México. Entrevista digital, consultada el 28 marzo, 2023.

(Publicado en Hispanic LA, 4 abril, 2023)

CUADERNOS DE LA PANDEMIA

Los casinos, o cómo terminar de destruir las culturas nativas

“Con el tiempo vendrán las lluvias, o tal vez no.
Hasta entonces, nos tocamos los cuerpos como heridas—
la guerra nunca terminó y de algún modo comienza nuevamente” (1)

            —Natalie Díaz, poeta mojave, Arizona

6 marzo, 2023. Cuando uno transita por las carreteras de muchas regiones de los Estados Unidos es inevitable ver las grandes vallas publicitarias con anuncios de casinos que invitan a un imparable mundo de diversión, con juegos de azar, espectáculos musicales, hoteles y restaurantes. Estos anuncios abundan también en la televisión, internet, los periódicos, revistas y en los medios sociales. Es tan grande el negocio de los casinos que tienen sus propias agencias publicitarias. Pero, contrario a lo que podría pensarse a primera vista, esta propaganda no se refiere a los casinos de Las Vegas, la trivialmente legendaria “ciudad del pecado”, llamada así en buena parte por los casinos y el tipo de vida que se supone se mueve a su alrededor. Los casinos a que nos referimos aquí son los cientos ubicados dentro de reservaciones indígenas, y cuyos gestores y administradores son, en buena parte, nativos estadounidenses.

Para cualquier persona medianamente informada de las sangrientas políticas de exterminio, esclavitud, desplazamiento, segregación, esterilizaciones forzadas, adoctrinamiento y discriminación que han enfrentado las poblaciones indígenas desde los tiempos de la colonia hasta hoy, no deja de ser intrigante por qué y cómo casi la mitad de las 574 tribus, comunidades o naciones indígenas sobrevivientes del país, han terminado convertidas en espacios de juegos de azar. La manera como nos acerquemos a esta historia depende del cristal con que se la mire.

Por una parte, los más de 39 mil millones de dólares en ganancias que reportaron los 547 casinos tribales el año pasado (2), puede verse como la evidencia de una historia de triunfo, basada en la resistencia y tenacidad, donde los nativos que participan en este negocio han logrado una posición de poder económico y una relevancia social para sí mismos y ante la sociedad que los ha marginado desde siempre. O puede verse desde el otro extremo: el último paso hacia la desaparición de sus culturas, la asimilación y la adopción de los modelos de vida capitalista, como el único camino a la supervivencia. O si se quiere, puede verse como un punto intermedio entre esas dos orillas. Una especie de acuerdo con lo mejor de los dos mundos, como si tal malabarismo pudiera darse sin consecuencias.

Dado que el presente no puede ser entendido sin una historia precedente, hay que enlazar el surgimiento de los casinos nativos como parte de los nuevos escenarios de la más antigua historia nacional de subyugación y resistencia, de aniquilación y resurgimiento, de saqueo y reclamo de soberanía tribal. Durante la colonia, los ingleses se apoderaron a sangre y fuego de los territorios del noroeste del país. Pero pusieron como límite de sus conquistas los Montes Apalaches, la cordillera que atraviesa varios de los estados del este. Sin embargo, con la independencia de Inglaterra en 1776, los recién constituidos Estados Unidos empezaron una campaña de conquista hacia el oeste de los Apalaches, que en cuestión de menos de cien años terminó por apoderarse de 7 millones 700 mil kilómetros cuadrados, en los que vivían, según el etnohistoriador Henry Dobyns, alrededor de 18 millones de nativos de distintos pueblos y culturas. Para lograr este avance, promovido por la ideología supremacista anglosajona del destino manifiesto (que afirma que Dios los llamó a apoderarse de estas tierras de océano a océano), exterminaron, esclavizaron y redujeron a los sobrevivientes a vivir confinados en reservas dadas en fideicomiso por el gobierno federal.

Entre los muchos atropellos y vejámenes que los nativos han tenido que enfrentar desde entonces, estuvo la Ley de Remoción de Indios (Indian Removal Act), firmada por el presidente Andrew Jackson en 1830. Esta ley autorizó al ejército a expulsar de sus tierras ancestrales a decenas de miles de indígenas de los estados del sureste, a fin de que los nuevos colonos blancos pudieran establecerse en ellas, por ser tierras fértiles para la agricultura y para que los colonos blancos en estos estados avanzaran “rápidamente en población, riqueza y poder”, como afirmó Jackson en su discurso a la nación ese mismo año. Entre las numerosas justificaciones para arrebatar las tierras a los nativos, el presidente Jackson dijo en ese mismo discurso: “Es cierto que esas tribus no pueden existir rodeadas de nuestros asentamientos y en continuo contacto con nuestros ciudadanos. Ellos [los indios] no tienen ni la inteligencia, ni la industria, los hábitos morales, ni las ganas de mejorar, que son esenciales para cualquier cambio favorable en su condición. Establecidos en medio de otra raza superior, y sin apreciar las causas de su inferioridad ni tratar de controlarlas, necesariamente deben ceder a la fuerza de las circunstancias y desaparecer antes de mucho tiempo” (3).

En los siguientes años, poblaciones enteras de seminoles (de Florida), creeks, cherokees (de la actual Georgia, en cuyas tierras los colonos habían descubierto oro), choctaws y chickasaws, entre otros, fueron arrancados a la fuerza de sus territorios tribales, pese a que muchos de estos pueblos ofrecieron una feroz resistencia. Decenas de miles de nativos con identidad, y una rica cultura e historia, fueron obligados a irse de sus tierras en carretas, o a pie, con sus animales y algunas pertenencias desde los actuales Mississippi, Alabama y Tennessee, y llevados más al oeste, a los actuales estados de Arkansas y Oklahoma, a reservaciones que el gobierno federal llamó Territorio Indio. Tierras que, como casi todas las reservas, están localizadas en terrenos no aptos para la agricultura ni la ganadería y con muy escasos recursos naturales. Los cherokees habrían de llamar a ese desplazamiento forzado, el Sendero de lágrimas. Al menos 100 mil cherokees, hombres, mujeres y niños, tuvieron que abandonar sus tierras; en el camino, no menos de 15 mil murieron de hambre, frío, fatiga, maltrato y enfermedades. Ni este pueblo, ni ninguna de las tribus desplazadas, pudieron volver jamás a sus territorios originales.

Un punto de inflexión en este desalojo territorial fue la Ley Dawes de 1887 o Ley de Propiedad Individual, cuya finalidad última era buscar la desaparición de las poblaciones indígenas, forzándolas a mezclarse de manera individual con el resto de la sociedad. Hablar de mezclarse, por supuesto, era, y es, un eufemismo, dada la radical segregación étnica, racial y social que ha caracterizado a los Estados Unidos. La ley buscaba en realidad seguir arrebatándoles las últimas porciones de tierras nativas en las reservaciones, cuyas parcelas podían ahora ser vendidas legalmente por los indígenas a la población blanca, y ellos y sus familias irse a vivir en pueblos y ciudades, en los vecindarios más empobrecidos.

Una de las promotoras de esta ley de asimilación, la antropóloga Alice Fletcher, afirmó que por medio de esta ley, “el indígena puede convertirse ahora en un hombre libre; libre de la esclavitud de la tribu; libre del dominio del sistema de reservas; libre para formar parte de nuestra ciudadanía. Este proyecto de ley, por tanto, puede ser considerado como la Carta Magna de los indígenas de nuestro país”. Por su parte, el congresista Henry Dawes, quien promovió esta ley, expresaba “su fe en el poder civilizador de la propiedad privada con la afirmación de que ser civilizado consistía en ‘usar ropa civilizada... cultivar la tierra, vivir en casas, andar en carros Studebaker, enviar a los niños a la escuela, beber güisqui [y] tener propiedad’” (4).

Los efectos de la Ley Dawes fueron desastrosos. Las reservas indígenas hasta ese entonces consistían de un promedio de 150 millones de acres. Tan solo 20 años más tarde, los nativos habían perdido 90 millones de acres, el equivalente a dos tercios de esa tierra, y los beneficios para los nativos fueron prácticamente nulos en lo económico, debido a que terminaron recibiendo mucho menos dinero que el prometido, y el escaso dinero se gastó en poco tiempo. Uno de los mayores efectos de esta ley fue el deterioro de la cohesión cultural y espacial de los nativos, con la casi desaparición del sistema de reservas.

Dicha ley estuvo en vigencia hasta 1934, cuando fue reemplazada por la Ley de Reorganización Indígena (Indian Reorganization Act), después de que el gobierno concluyera un estudio que revelaba la brutal pobreza de las reservas, la desnutrición, el hambre, la muerte prematura por falta de cuidado a los infantes, y los abusos de todo tipo cometidos en los internados, donde eran enviados los niños para rechazar su cultura y lengua y ser reeducados en la cultura anglosajona. La nueva ley, promulgada en plenos comienzos de la Gran Depresión, fue parte del Nuevo Pacto (New Deal) del presidente Franklin D. Roosevelt. Con ella se detuvo la venta de territorios indígenas a los no nativos, y se asignaron nuevas tierras de fideicomiso para que funcionaran como reservas indígenas. Hoy día, la gran mayoría de los 56 millones de acres en que se localizan las reservas son tierras en fideicomiso, propiedad del gobierno federal, y solo un 5 porciento son tierras compradas por individuos de esas tribus, con título de propiedad, pero con leyes que restringen su uso.

Dos aspectos destacados de la nueva ley de 1934 es que garantizaba la autonomía de las tribus para gobernarse a sí mismas y establecía nuevas relaciones legales con los estados; como siempre, claro está, bajo la tutela y las imposiciones del gobierno federal. Como resultado de estas nuevas realidades, los nativos organizaron en 1944 el Congreso Nacional Indígena Estadounidense (National Congress of American Indians), que ha mantenido una lucha por sus derechos y su reparación como pueblos originarios. Sin embargo, las limitaciones de maniobra para crear una mejor infraestructura interna y las desiguales relaciones con los gobiernos estatales siguieron manteniendo marginadas a estas poblaciones, como lo siguen hasta hoy.

La década de los 60 traería un momento importante en la historia de los nativos estadounidenses, cuando se sumaron al movimiento nacional por los derechos civiles. Fue el tiempo del Movimiento Chicano, las Panteras Negras (Black Panters), Martin Luther King, Jr. y Malcolm X, como figuras prominentes de los afroestadounidenses, y los Young Lords puertorriqueños. Entre ellos, miles de indígenas, sobre todo los más jóvenes, crearon el Movimiento Poder Rojo (Red Power), enfocado en la lucha por la completa autonomía y en renovar el trabajo del Congreso Nacional Indígena. Contribuyeron también a formar el Movimiento Indígena Estadounidense (American Indian Movement) y el Concilio Nacional Juvenil Indígena (National Indian Young Council), orientados a organizar un movimiento de desobediencia civil por el derecho a administrar sus territorios y tomar sus propias iniciativas de desarrollo financiero, con el lema acción masiva, militante y unificada.

En 1979, pocos años después de que el movimiento por los derechos civiles había entrado en una etapa más pasiva en el activismo sociopolítico, la tribu de los seminoles, en Florida, comenzó a reemplazar sus tradicionales espectáculos con cocodrilos, que por años fue una manera como algunos miembros de la tribu atraían turistas y se ganaban la vida. En su lugar, abrieron el primer salón de bingo manejado por indígenas de los Estados Unidos. Debido a que, según la Ley de Reorganización Indígena de 1934, los estados no pueden intervenir en ciertas decisiones tribales, el estado de Florida no pudo prohibir el juego del bingo. Este salón de juegos se convirtió luego en un casino exento de impuestos, y en pocos años era ya un negocio millonario.

El segundo caso fue el de la nación cahuila, de la cual forman parte las Reservas Indígenas Cabazon y Morongo, en el sur de California. En 1980, los cabazon comenzaron un club de póquer que enfrentó la oposición de las autoridades locales del condado de Riverside. Por medio de abogados, la tribu llevó su demanda por el derecho a tener juegos de azar ante las autoridades de California, algunas de las cuales querían vincular estos juegos con la criminalidad. Los cahuila cabazon elevaron su pleito ante la Corte Suprema de Justicia. En 1987, la Corte promulgó la célebre Decisión Cabazon sobre el derecho de los indígenas a tener juegos de azar, enfatizando que las leyes de California no catalogaban estos juegos como actividades ilegales, y que más bien los auspiciaba a través de la lotería estatal.

En 1988, bajo el gobierno de Ronald Reagan, se aprobó la Ley de Reglamentación de los Juegos de Azar en Territorio Indio, que inició la era de los casinos a nivel nacional. Ese mismo año se creó la Comisión Nacional Indígena de Juegos de Azar (National Indian Gaming Commission) para servir de ente regulador, entre otras cosas, para la distribución de los beneficios económicos, incluyendo juegos sociales y de beneficencia, bingo, casinos y máquinas tragamonedas. En la actualidad, después de 35 años, hay 547 casinos tribales activos en 248 reservas indígenas en 29 estados del país. Algunas reservas son dueñas de más de un casino y salones de juego, ubicados en la misma reserva, en otras comunidades indígenas, o cerca de las reservas.

Los casinos tribales que se anuncian en grandes vallas publicitarias, han llegado a convertirse en el segundo mayor generador de ganancias por juegos de azar en el país, con un ingreso, solo en el año fiscal de 2021 a 2022, de más de 39 mil millones de dólares, como se mencionó anteriormente. (El primer generador de ganancias por juegos de azar es el conjunto de casinos y casas de juego no-indígenas a nivel nacional, que en el mismo período obtuvo ingresos de más de 60 mil millones de dólares).

Como sucede por lo regular en el mundo de los negocios, los casinos indígenas también dependen de inversionistas, asesores y administradores externos a la tribu, que a menudo son los verdaderos dueños. Estos inversionistas y personas no nativas controlan las operaciones del casino y los demás negocios con los que están asociados, y por tanto las ganancias están altamente diversificadas y distribuidas en una red compleja de empleados, accionistas y beneficiarios.

En este punto, volvemos a las preguntas iniciales de cómo y por qué casi el 50 por ciento de las reservas indígenas derivaron en espacios para el negocio de los juegos de azar y apuestas. Una razón básica es porque la mayoría de las reservas indígenas no tienen recursos naturales suficientes, y carecen de otros medios para generar ingresos. En el proceso de conquista y desplazamiento de los nativos, los colonos anglosajones se apoderaron de las mejores tierras cultivables y con fácil acceso a sistemas de riego por su cercanía a diversas fuentes de agua. El Sistema de Información de Territorios Nativos (Native Land Information Systems), reportó en 2017 que el 86.33 porciento de las mejores tierras de cultivos estaban en manos de agricultores no-nativos, que tenían un 81.10 porciento de esas tierras adecuadamente irrigadas. En cuanto a ganadería, los no-nativos tenían la vasta mayoría de vacas y terneros (72.16 por ciento) y el 99.80 por ciento de terrenos para cultivo de vegetales. La investigación concluyó que, como consecuencia, las reservas indígenas “apenas lograban producir [para su propio consumo], un 12.89 por ciento de los productos agrícolas en sus propias tierras… y esta disparidad racial en la agricultura en las tierras nativas es cada vez peor” (5).

Los nativos encontraron, pues, una vía de gestión económica en los casinos y una industria turística de juegos de azar y entretenimiento que no les requería ni depender de la tierra árida donde están sus reservas, ni de la ganadería, ni de otras iniciativas industriales y empresariales, para las que nunca habían tenido apoyo del gobierno nacional ni estatal, ni de la empresa privada. Los casinos no fueron una varita mágica, pero sí un proyecto viable, porque habrían de encontrar inversionistas y gente ajena a las tribus que estaba dispuesta a ser parte del desarrollo de ese proyecto. No hubo antes el mismo entusiasmo para ayudar con otras posibles formas de desarrollo. Con los años, muchas tribus se embarcaron en esa aventura que ha demostrado darles un éxito medible ante todo en términos económicos. Éxito que a la vez está marcado por una gran desigualdad entre los casinos, debida en buena parte a las facilidades de acceso y de qué tan cerca o lejos están de las ciudades de donde vienen sus clientes.

Entre quienes defienden la existencia de los casinos indígenas están los que consideran que esa ha sido la forma como algunas tribus han logrado salir de la pobreza y la marginación históricas. Los  miles de millones de ingresos parecieran mostrar por sí solos el músculo económico de esta industria, en cantidades antes inimaginadas por las comunidades indígenas. Pero hay que tener en cuenta que, por las regulaciones del gobierno nacional y estatal, muchas de esas ganancias deben ir a diversas fuentes, como escuelas, programas sociales, pagos a empleados, impuestos a los salarios de los empleados, mantenimiento, ayudas a tribus que no tienen casinos y contribuciones a programas sociales fuera de la reservas, entre muchos otros.

Además de esto, la industria de los casinos indígenas resulta una gestión conveniente para el gobierno federal, porque reduce dramáticamente lo que tendría que aportar en inversión social y de infraestructura en las tribus. El gobierno termina obteniendo así más ingresos que gastos en las tribus que tienen casinos y promoviendo una forma de asimilación cultural de los nativos.

A la par de este auge de los casinos nativos, más de la mitad de las tribus del país (incluyendo las de Alaska y Hawaii), se han resistido a entrar en el mundo de los juegos de azar. Muchos de sus líderes y de sus pobladores expresan preocupación en el sentido de que el tipo de vida que involucra este negocio terminará por debilitar y destruir aún más sus culturas, valores y tradiciones. Detrás del éxito comercial y económico de los casinos, del que se beneficia materialmente una parte de la comunidad indígena, existen numerosos problemas que este negocio añade a la situación vulnerable de la población nativa.

Algunos de estos problemas saltan a la vista. En internet, por ejemplo, pueden verse documentales, como el titulado Native Americans Casinos: A Cursed Fortune? Opulence, Cons and Tribal Expulsions (Casinos de nativos estadounidenses: ¿una fortuna maldita? Opulencia, contras y expulsiones tribales). Este documental aborda problemas internos, como la distribución de las ganancias, en la cual hay una enorme desproporción. En ocasiones algunas familias son excluídas de recibir beneficios, porque se considera que su blood quantum no es suficientemente indígena. El blood quantum es la cantidad de “sangre indígena” que se le atribuye a cada persona de la tribu, basada en una ecuación matemática que determina la porción de sangre del individuo, basada en los registros originales de la tribu, que luego se cuentan en las listas del censo. En la actualidad hay casos de familias que han pertenecido por generaciones a la tribu, que han sido excluidas de los beneficios económicos de los casinos porque los líderes tribales no reconocen que tienen un blood quantum suficiente para considerarles miembros legítimos. De esa manera los administradores de los casinos evaden el tener que repartir ganancias con ellos. Esto ha producido pleitos legales, conflictos y divisiones en el interior de las tribus.

En términos proporcionales, la riqueza generada en el 45 porciento de las tribus que tienen la industria de los casinos no ha logrado revertir significativamente las condiciones de pobreza en que sigue viviendo la mayoría de los más de seis millones de personas que se autoidentifican como nativos, y en particular de los que viven en las reservas. Críticos nativos señalan también el aumento de la corrupción entre los lideres comunitarios, las denuncias de manejo indebido de las ganancias, chantaje y soborno. Muchos de ellos ven la economía de los juegos de azar y las apuestas, como contraria a los valores que han tenido por siglos. Apuntan también al aumento de crímenes relacionados con la actividad de los casinos, como el tráfico de personas, desaparición de personas (sobre todo de muchachas indígenas adolescentes), el incremento del alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, el suicidio, la división y desigualdad entre las tribus y la deserción escolar. Muchos de esos problemas están presentes también en las tribus que no tienen casinos, como en los casinos no-nativos.

Desde hace tiempo los indígenas participan, casi inevitablemente, en mayor o menor medida del estilo de vida de la sociedad estadounidense: capitalismo, individualismo, influencia cultural de los medios de comunicación, medios sociales, educación, trabajo en el campo, o en las ciudades. Mantener la cultura propia, tradicional en el mundo contemporáneo, es un ejercicio de reafirmación difícil, aunque muchos de ellos, hombres y mujeres, luchan para que no desaparezcan sus idiomas, costumbres, danzas, creencias religiosas, vestuario y alimentación.

 En esas condiciones, ¿será posible para las comunidades, pueblos y tribus mantener esa esperanza en el presente y futuro, cuando las tierras donde viven pertenecen al gobierno federal y su autonomía es prácticamente inexistente? ¿Será posible avanzar para que la economía generada por los casinos no termine por destruir sus culturas, y en cambio se traduzca en diversificar y encontrar nuevos caminos de producción colectiva, con tecnologías sostenibles, de las cuales han sido gestores y guardianes durante siglos?

La poeta mojave Natalie Díaz, profesora de poesía moderna y contemporánea en la Universidad Estatal de Arizona, quien lucha por preservar la lengua de su pueblo, tiene claro que la guerra nunca terminó y de algún modo comienza nuevamente. Una y otra vez. Una lucha contra la asimilación y el materialismo anclada en un gobierno y una sociedad dominantes, que buscan mantenerlos sujetos a sus propias condiciones. Repensando y reencontrando siempre un camino propio a su existencia en esta tierra, que fue, y sigue siendo, su tierra original nunca cedida.

Fuentes citadas:

1) Postcolonial Love Poem. Natalie Díaz. Graywolf Press, 2020.

2) “Indian gaming revenues hit record $39 billion despite COVID-19”, por Acee Agoyo. Indianz.com, 10 agosto, 2022.

3) “President Andrew Jackson’s Message to Congress ‘On Indian Removal’” (1830). Milestone Documents. National Archives. Consultado 20 febrero, 2023.

4) “Roots of Progressism” (Raíces del progresismo). Nebraska Studies, 30 de junio de 2017.

5) “The Racial Disparity in Agriculture on Native American Reservations”. Native Land Information System. Consultado el 22 de febrero, 2023.

Libros recomendados:

-The Other Slavery. The Uncovered Story of Indian Enslavement in America, por Andrés Reséndez. First Mariner Books edition, 2017.

-An Indigenous People’s History of the United States, por Roxanne Dunbar-Ortiz. Beacon Press, 2014.

-Unworthy Republic. The Dispossession of Native Americans and the Road to Indian Territory, por Claudio Saunt. W.W. Norton & Co., 2020.

- Indian Gaming and Tribal Sovereignty: The Casino Compromise, por Steven Andrew Light and Kathryn Rand, University Press of Kansas, 2005.

(Publicado en Hispanic LA, 8 de marzo, 2023)

CUADERNOS DE LA PANDEMIA

¿Parque de la Amistad o de la Infamia?

Muro frente al Parque de la Amistad visto desde el lado mexicano. Foto del autor

“Los atravesados viven aquí:”

—Gloria Anzaldúa, en Bordelands/La Frontera

6 febrero, 2023. El año 2023 no empezó con buenas noticias ni para el presente ni el futuro del llamado Parque de la Amistad. Este parque es un espacio fronterizo de dos mil metros cuadrados entre las Playas de Tijuana, México y los Estados Unidos, y ha sido por décadas el único punto de encuentro físico entre miembros de familias mexicanas que no tienen visa para entrar a EE UU, y familiares que viven en EE UU con status legal pero con restricciones para salir del país. Los visitantes a ambos lados de la frontera podían verse y hablar a través de una estrecha hilera de postes de cemento de cinco metros de alto y una tupida malla de acero. Entonces vino el Covid-19 y, con el pretexto de evitar contagios, el entonces presidente Trump ordenó cerrar el parque a principios de 2020 y se empezó a hacer un doble muro de metal de más de nueve metros de alto como parte de su plan de construir un muro a lo largo de toda la frontera sur. Con la llegada de Biden a la presidencia hubo un momento de alivio en agosto del año pasado cuando el nuevo presidente suspendió la construcción del muro. Sin embargo, apenas empezando el nuevo año, Biden dio marcha atrás y ha autorizado continuar su construcción, de acuerdo al plan de Trump. La única diferencia propuesta es que se dejará un pequeño espacio del actual muro de cinco y medio metros de alto y la malla de acero donde las personas todavía podrán verse por un corto tiempo y bajo la estricta vigilancia de los guardias fronterizos.

La noticia es devastadora para las miles de personas que creían que bajo el gobierno de Biden las políticas migratorias y fronterizas con México serían más favorables. Las familias y amigos a ambos lados de la frontera han dependido de los diminutos agujeros de la malla metálica, para poder verse, conversar y tocarse al menos los dedos de la mano por unos instantes, como reos de una cárcel que se extiende a los dos lados de la frontera. Ahora, hasta ese pequeño consuelo está en peligro de acabarse.

El Parque de la Amistad no es en realidad un parque y mucho menos de amistad. Lo que sí ha sido es una muestra tangible de las relaciones de desigualdad y dominio que siempre han existido desde que los Estados Unidos se apoderó, a través de la guerra, la invasión y el Tratado de Guadalupe Hidalgo, de más de la mitad del territorio mexicano en 1848, incluyendo los terrenos donde hoy día se ubica el parque. Fue allí donde el gobierno de los Estados Unidos construyó en 1851 el Monumento Mesa, un hito piramidal de mármol italiano para demarcar los límites de la recién estrenada frontera entre los dos países. En los años siguientes, los Estados Unidos construyó hitos parecidos a lo largo de los más de tres mil kilómetros de frontera de este a oeste. El Monumento Mesa fue vuelto a hacer con muy pocos cambios al diseño original y se le renombró Monumento 258 para indicar el número total de estos demarcadores fronterizos. La mitad de su estructura está en territorio de EE UU y la otra parte en territorio mexicano. Cuando le mostré a una persona una imagen del monumento, me dijo casi sin pensarlo, “parece una capucha del KKK”. La observación no estaba lejos de ser visual e históricamente cierta.

El parque tiene ya una historia de más de 50 años. En 1971, durante su mensaje al Congreso, el presidente Richard Nixon informó sobre la donación de más de 150 mil hectáreas de terrenos colindantes con la frontera del sur de California, frente a un estuario del Océano Pacífico, para el desarrollo del nuevo Parque Estatal Fronterizo de California (California’s Border Field State Park), que era hasta la fecha propiedad de la Fuerza Naval estadounidense. Dentro de los terrenos de dicho Parque Estatal, justo en el área del Monumento 258, se creó el Friendship Circle (Círculo de la Amistad), conocido también como Friendship Park (Parque de la Amistad), un proyecto binacional que pretende ser una expresión de amistad entre los Estados Unidos y México.

La Primera Dama de los EE UU, Pat Nixon, fue comisionada en agosto de 1971 para hacer la inauguración del Parque Estatal Fronterizo y del Parque de la Amistad. Al final de una ceremonia condescendiente y paternalista pidió a su guardia personal que retiraran por un momento la cerca de alambre de púas que separaba las dos fronteras y entró a territorio mexicano donde la multitud de espectadores la saludó fervorosamente, según reseñaron los diarios.  La señora Nixon deseó que a “nuestros amigos del sur” les fuera bien como “a nosotros en nuestra playa”, e invitó a plantar árboles y flores “para convertirlo en una tierra de playa atractiva para todos”. Luego remató, “Espero que no haya una valla aquí por demasiado tiempo” (1). En las dos décadas siguientes, en efecto, las familias mexicanas a cada lado podían encontrarse en el Parque de la Amistad, separados solo por una cerca de alambre de púas que impedía el paso y con la vigilancia de la guardia fronteriza.

En 1994, bajo el presidente Clinton, las cosas cambiaron por el incremento de migrantes indocumentados en busca de asilo y la continuación de la guerra contra las drogas iniciada por Nixon en 1971. El gobierno federal lanzó la Operation Gatekeeper (Operación Guardián) y los controles de aduana e inmigración se hicieron más estrictos. Uno de los efectos inmediatos fue la construcción de un muro de metal a lo largo del Parque de la Amistad que reemplazó la antigua cerca de alambre. El atentado a las torres gemelas en Nueva York en 2001, cambió las cosas aún más dramáticamente, afectando, como de costumbre, sobre todo a los mexicanos y a los migrantes de América Latina. Estados Unidos creó el Departamento de Seguridad Nacional (DSN), una de cuyas prioridades fue fortalecer los controles en la frontera sur, con la premisa de impedir el acceso a posibles terroristas. (Hay que anotar que a la frontera con Canadá no se le dio la misma atención de vigilancia, como prácticamente nunca se le ha dado).

Aún en medio de estos severos controles, grupos comunitarios de base de ambos lados de la frontera, con apoyo de arquitectos paisajistas, jardineros y voluntarios comenzaron en 2007 el Jardín Binacional de Plantas Nativas que buscaba ayudar en el mantenimiento del equilibrio ecológico natural a través del muro, y a la vez servir como un testimonio de la esperanza de mejores y cordiales relaciones entre los Estados Unidos y México. El proyecto de plantación y cuidado del Jardín quedó en manos de estudiantes de secundaria tanto de Tijuana como de la ciudad fronteriza estadounidense de San Diego.

Sin respeto a estos gestos de solidaridad entre la población civil, el Departamento de Seguridad tomó control del Parque Estatal Fronterizo de California y en 2008 a través de la Guardia Fronteriza empezó la construcción de una triple valla fronteriza. Un año más tarde construyó una segunda barrera frente al Monumento Mesa. A los visitantes del Parque de la Amistad en los Estados Unidos se les impidió por la fuerza acercarse a este lugar histórico. El lado norte la frontera comenzó a parecerse más y más a una zona de guerra, con helicópteros sobrevolando, guardias fuertemente armados, sirenas, reflectores y cámaras de vigilancia de alta potencia. Mientras tanto, en Playas de Tijuana, al lado mexicano, la gente siguió escuchando música, comiendo en sus restaurantes, disfrutando de la playa y desplegando arte y cultura aún sobre la superficie del muro fronterizo.

No contenta con la construcción de la valla metálica, la Guardia Fronteriza siguió reduciendo las posibilidades de contacto entre las familias a ambos lados de la frontera. Una de estas acciones adicionales fue la instalación de una tupida malla de metal que impidió que las personas pudieran compartir cosas entre sí, además de casi impedir que las personas puedan verse a través de la malla. Las visitas antes de la pandemia estaban limitadas solo a los sábados y domingos de 10 de la mañana a dos de la tarde y solo se permitían 25 personas a la vez. Para poder llegar hasta el área del Monumento 258, donde está el Círculo de Amistad, los visitantes por el lado de los Estados Unidos tienen que caminar por más de dos kilómetros bajo el sol o la lluvia, mientras que la gente en suelo mexicano simplemente se desplaza con libertad frente al muro.

Hace tres años, a comienzos de 2020, sin ningún aviso previo, la Patrulla Fronteriza de San Diego empleó buldozers para destruir por completo el Jardín Binacional y todos sus senderos, lo que generó una protesta en diversos medios locales, nacionales e internacionales, obligando a las autoridades a pedir disculpas y facilitar que se rehiciera el Jardín, aunque fuera parcialmente. Por el momento, la construcción del Jardín está en suspenso mientras se siguen los planes de construir el nuevo muro de metal sólido. 

Una de las agrupaciones que ha estado trabajando más ardua y consistentemente en protestas y acciones por la defensa del Parque de la Amistad y del Jardín Binacional es Amigos del Parque de la Amistad (Friends of the Friendship Park), una coalición comunitaria de individuos y organizaciones sociales y religiosas a ambos de la frontera. Este grupo de activistas señalan que el plan de construir el muro, como está propuesto, “profana el sentido binacional del parque, deteriora las conexiones y la amistad entre los pueblos de Estados Unidos y México, obstruye la vista al océano desde ambas naciones y destruye nuevamente el jardín de plantas nativas del Parque de la Amistad” (2). Esta nueva muralla no solo hará más difícil y traumática la vida de las personas que acostumbraban ir allí a ver a sus seres queridos a lado y lado de la frontera, sino que, de acuerdo al periódico The San Diego Union-Tribune, desde que “la administración Trump incrementó la altura del muro a 30 pies [poco más de 9 metros] en muchos lugares, incluyendo otras partes del área de San Diego […] los médicos que trabajan en los hospitales cercanos han notado un marcado incremento de accidentes y muertes de personas tratando de escalar el muro” (3).

Debería resultar obvio después de 175 años desde la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo que los problemas de la frontera entre los dos países no se resolverán a punta de represión y despotismo. Tampoco se resolverán mientras no se traten a profundidad y con honestidad los problemas históricos, entre ellos la migración forzosa, generados en buena parte por el intervencionismo militar, político, económico y territorial de los Estados Unidos en México y América Latina.

Mientras eso ocurra, como escribió la poeta, escritora y activista Gloria Anzaldúa, una de las voces más prominentes sobre las luchas de los mexico-estadounidenses, “La frontera México-Estados Unidos [seguirá siendo] una herida abierta donde el Tercer Mundo roza contra el primero y sangra. Y antes de que se forme una costra sangra de nuevo, la sangre de dos mundos uniéndose para formar un tercer país, una cultura de frontera. Las fronteras están establecidas para determinar los espacios que son seguros y los que no, para distinguirnos a nosotros de ellos” (4). La frontera que atravesó a los mexicanos que ya estaban ahí antes de que los estadounidenses plantaran el Monumento 258.

Y es sobre la base de esa conversación y sus reparaciones que un día se podrá construir, quizás, una verdadera amistad entre los dos pueblos, que son una diversidad de pueblos y de historias. La pregunta es si eso llegará a ser realidad un día. El anuncio de que la construcción del muro en el Parque de la Amistad sigue, pone en duda esa posibilidad.

Fuentes citadas:

1) Friendship Park History. Página oficial de Friends of the Friendship Park. Consultado en enero 28, 2023.

2) “Defensores de parque fronterizo en San Diego deploran construcción de muro”. The San Diego Union-Tribune. EFE. 19 de enero, 2023.

3) “Biden administration to resume construction of taller border barrier at Friendship Park”, por Kate Morrissey. The San Diego Union-Tribune, 17 de enero, 2023. 

4) Borderland/La Frontera. The New Mestiza, por Gloria Anzaldúa. Aunt Lute Books Co., 1987.

(Publicado en Hispanic LA, 7 febrero, 2023)

CUADERNOS DE LA PANDEMIA

Tratado de Guadalupe Hidalgo: un legado de violencia, usurpación y xenofobia

Playa y muro en Tijuana que separa México de EE UU

Ya parte el galgo terrible

a matar niños morenos.

Ya parte la cabalgata

la jauría se desata

exterminando chilenos

ay que haremos, ay que haremos

ya parte la cabalgata,

ay que haremos, ay que haremos.

Con el fusil en la mano

disparan al mexicano

y matan al panameño

en la mitad de su sueño.

Buscan la sangre y el oro

los lobos de San Francisco,

golpean a las mujeres

y queman los cobertizos.

—Pablo Neruda, en Fulgor y muerte de Joaquín Murieta

16 enero, 2023. Este 2 de febrero se cumplen 175 años de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848-2023), sin duda el documento más significativo y determinante de la larga y conflictiva historia de México con los Estados Unidos. Por extensión, hay que decir que este sería también uno de los documentos de mayor importancia para las relaciones futuras de los Estados Unidos con el resto de América Latina porque mostró lo que EE UU estaba dispuesto a hacer con los demás países al sur del continente y el Caribe. Cuando Estados Unidos impuso los términos de este acuerdo de paz, que sellaría el fin de la guerra mexico-estadounidense de 1846-1848, el país del norte se terminó apoderando de más del 50 porciento del territorio mexicano, equivalente a cerca de 2 millones 400 mil kilómetros cuadrados, donde vivían un promedio de cien mil ciudadanos mexicanos.

La invasión y posesión de tierras mexicanas ya había comenzado antes y durante la guerra a través de múltiples escaramuzas. Una de ellas fue la incursión militar en los territorios mexicanos del oeste, comandada por el general John C. Fremont, quien en 1847 ya había dominado militarmente el enorme estado mexicano de la Alta California. La otra acción expansionista, de consecuencias geopolíticas más inmediatas, fue la anexión de facto del estado mexicano de Texas en 1845. Un territorio al que México había invitado a colonos angloestadounidenses a vivir allí, con la condición de que juraran lealtad a México, aprendieran español y se hicieran católicos. Resultado: con el crecimiento de la población anglo, estos terminaron adueñándose de Texas, no aprendieron español y siguieron siendo protestantes, o de cualquier otra creencia que tuvieran. Y claro, ante la resistencia del gobierno mexicano de aceptar la anexión de Texas, el presidente James K. Polk le declaró la guerra en 1846 y envió sus tropas al vecino del sur.

Fue la excusa perfecta para adelantar sus planes de conquista territorial ante un México debilitado por divisiones políticas internas y una devastadora crisis financiera dejada por las guerras de independencia. En dos años de guerra desigual y feroz, las fuerzas navales y de tierra de los Estados Unidos ocuparon México y se tomaron la capital. Reunidos los delegados de los gobiernos de Polk y del presidente interino Manuel de la Peña y Peña en la villa de Guadalupe Hidalgo, México no tuvo otra opción que firmar el infame acuerdo de paz, redactado e impuesto por los Estados Unidos. Aquel 2 de febrero de 1848, Estados Unidos se anexó, además de Texas, los estados de la entonces llamada Alta California y Nuevo México, en lo que hoy día son los estados de Nuevo México, Arizona, California, Nevada, Colorado, Utah y una porción del actual Wyoming.

Cinco años más tarde, en 1853, Estados Unidos, alterando los límites geográficos impuestos por ellos mismos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, presionaron a Santa Anna, entonces presidente de México, a firmar el Tratado de Mesilla (o Compra de Gadsden) por medio del que se apropiaron de 76 mil 845 kilómetros más de la frontera sur. Aprovechándose de la emergencia económica mexicana, Estados Unidos pagó una indemnización de 10 millones de dólares, y añadió territorio no solo de Arizona y Nuevo México, sino también de California, Sonora y Chihuahua.

Para entender los motivos de estas acciones expansionistas y del intervencionismo de los Estados Unidos desde el siglo 19 hasta hoy, hay que destacar, así sea brevemente, la noción básica y fundacional de este país, que es la del excepcionalismo: la creencia inculcada entre sus dirigentes y sus pobladores ingleses desde los tiempos de la colonia, y desarrollada a partir de la independencia, de ser un pueblo único y diferente a todos los demás, con un sentido de misión política y religiosa hacia las demás naciones del mundo. En la práctica, este paradigma tuvo dos expresiones en el siglo 19 que impactaron primeramente a México y luego al resto de América Latina: la doctrina Monroe y el destino manifiesto.

La doctrina Monroe fue promulgada en 1823 por John Quincy Adams durante el gobierno de James Monroe, y luego bajo la presidencia de Adams en el siguiente período. Impulsó una estrategia a través de la cual los Estados Unidos, empoderados como una nueva nación con pretendida superioridad moral y política, advirtió a los poderes monárquicos coloniales de Europa que cualquiera que quisiera intervenir en América Latina tendría que enfrentarse con ellos. De esa manera, prepotente y unilateral, Estados Unidos se autoproclamó “protector” de países que apenas estaban alcanzando sus independencias, a la vez que, tácitamente, se autoasignaba el derecho exclusivo para intervenir a su antojo en los asuntos de las demás naciones al sur del río Bravo.

Un segundo momento, ligado directamente al concepto del excepcionalismo, fue la creación del mito religioso del destino manifiesto: la noción de que los Estados Unidos habían sido llamados por Dios para extender su territorio a todo el continente. Basados en una artificial y conveniente adaptación de la historia bíblica de la conquista de la tierra prometida, los Estados Unidos se creían con el derecho divino de conquistar a los pueblos que encontraran a su paso y desarrollar así lo que sería una república imperial cristiana protestante/evangélica y anglosajona. Por encima de todo, eso: anglosajona. Por supuesto, esta construcción ideológica del supremacismo blanco se tradujo en una campaña sistemática de desplazamiento, esclavitud y exterminio de los pueblos nativos que encontraban a su paso, el tráfico y uso de más de 400 mil personas traídas como esclavos desde África, y el desprecio y sometimiento de la población mexicana que vivía en los estados mexicanos de Texas, Nuevo México y Alta California. Toda esa masiva campaña de conquista, sometimiento, muerte y esclavitud vendría a ser el origen de la gran acumulación de capital y el predominio político-militar que haría de EE UU una creciente potencia mundial desde la segunda parte del siglo 19.

Aunque la ideología del destino manifiesto había sido articulada por individuos como el presidente Andrew Jackson, el filósofo Ralph Waldo Emerson, y pensadores y escritores como Alexis de Tocqueville, el filósofo inglés John Locke, e inclusive el mismo poeta Walt Whitman, fue el periodista John O’Sullivan quien usó la frase por primera vez. En un artículo titulado “Anexión”, publicado en la revista Democratic Review, de Nueva York, en junio-julio, 1845, dice: “El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la Providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno” (1). Y en un editorial, publicado en New York Morning News, el 27 de diembre de 1845, O’Sullivan señala, “Texas es ahora nuestra... Su estrella y su raya ya se puede decir que han tomado su lugar en el glorioso blasón de nuestra nacionalidad común […] Ella entra dentro de la querida y sagrada designación de Nuestra Patria… California, probablemente, se separará próximamente de la débil adhesión que, en un país como México, mantiene a una provincia remota en una especie de dependencia levemente equívoca de la metrópoli. Imbécil y distraído, México nunca podrá ejercer ninguna autoridad gubernamental real sobre un país así… El pie anglosajón ya está en sus fronteras” (2).

En ese telón de fondo del excepcionalismo, la doctrina Monroe y el destino manifiesto se enmarca la guerra de Estados Unidos contra México y la imposición final del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Un acuerdo de paz cuyos efectos se sintieron de inmediato en los ciudadanos mexicanos que quedaron de la noche a la mañana en territorio estadounidense, y que incluía la población indígena de California, Nuevo México y Texas. Como indicó José Mariano Salas, uno de los generales que peleó contra los Estados Unidos, con la derrota en la guerra y la anexión, “los mexicanos fueron reducidos a la humillante condición de ser extranjeros en su propia tierra” (3).

En su libro The Treaty of Guadalupe Hidalgo: A Legacy of Conflict, el profesor Richard Griswold del Castillo, elabora sobre la infinidad de ocasiones en que los Estados Unidos, y la población anglo que se estableció en los territorios conquistados, incumplió uno a uno los acuerdos del Tratado que garantizaban protección y derechos a la población mexicana. El tratado le daba la opción a los mexicanos que vivían ahora en territorio de Estados Unidos de irse para México o quedarse y convertirse en ciudadanos del nuevo país. Una mayoría optó por quedarse porque confiaba en que sus derechos civiles y de propiedad iban a ser respetados. Sin embargo, en la realidad se convirtieron en ciudadanos de segunda clase, enfrentados a la segregación, el racismo y a un sistemático bloqueo de sus derechos civiles, como el derecho al voto, la educación y el acceso a una vivienda digna. El gobierno creó la Junta de Comisionados de Tierra por la cual quienes no pudieran mostrar un título de propiedad eran desalojados de sus tierras y casas, que pasaban a ser propiedades públicas y eran adquiridas por los anglos. En cuanto al trabajo, los mexicano-estadounidenses quedaron reducidos a sujetos al servicio de los intereses de los recién llegados. Pronto se impuso el inglés y se prohibió hablar español, el idioma que por más de 300 años había sido la lengua oficial de California, Nuevo México y Texas.

La suerte de los indígenas en estos nuevos estados fue una de las más lamentables. La Constitución Mexicana de 1824 los había reconocido como ciudadanos mexicanos con plenos derechos. Pero bajo el Tratado de Guadalupe Hidalgo no fueron reconocidos como ciudadanos de los Estados Unidos, pese a que el artículo VIII del Tratado abarcaba el derecho a la ciudadanía para todos los ciudadanos mexicanos que se quedaran a vivir en Estados Unidos. Por el contrario, como dice Griswold, los nativos fueron “víctimas de asesinato, esclavitud, robo de sus tierras y hambre. [Solo en California] la población indígena se redujo en más de cien mil personas en dos décadas. Los blancos arrasaron las tierras tribales y su gente fue exterminada. La palabra genocidio no es muy fuerte para describir lo que les pasó a los nativos durante ese período” (4). El plan era el exterminio total porque de esa manera no habría quien reclamara sus tierras. Por su parte, los mexicanos de Nuevo México nunca obtuvieron sus derechos básicos como ciudadanos hasta 1912 cuando el estado fue incorporado a la nación.

La fiebre del oro en California, que empieza ese mismo año de 1848, atrajo una multitud no solo de angloestadounidenses sino de personas de América Latina, China y otras partes del mundo. Este aumento desbordado de nuevas personas puso también en cuestión la tenencia de tierras y propiedades de los californios (como se llamaba a los mexicanos del estado) y las disputas se acrecentaron desde todos los frentes. El maltrato, la violencia y el crimen aumentaron no solo contra los de ascendencia mexicana, sino contra todos los latinoamericanos recién llegados, los afrodescendientes, los indígenas y los asiáticos.

Esta época vio el surgimiento de grupos armados mexicanos luchando por recuperar las tierras que les habían sido usurpadas. La crudeza y maldad de esos años están reflejadas en la obra de teatro Fulgor y muerte de Joaquín Murieta, de Pablo Neruda, que describe la historia del célebre bandido y héroe justiciero, en cuya historia se interesó Neruda cuando estuvo de visita en Berkeley en 1966. En la obra Murieta (o Murrieta) se identifica en ocasiones como mexicano y otras como chileno; un recurso narrativo que usó Neruda para vincular a toda América Latina, de norte a sur, en su crítica contra el intervencionismo de Estados Unidos en la región. Murieta es uno entre muchos, como Tiburcio Vásquez, Juan Cortina, y los cientos de agricultores y mineros chicanos que combatieron el dominio anglosajón en aquellos años inmediatamente posteriores al Tratado.

En medio de este panorama de opresión, muerte y saqueo, hay que tener en cuenta que ni sectores de México ni de los mismos mexicanos que quedaron atrapados como parte de un país extranjero aceptaron las imposiciones de los Estados Unidos pasivamente. Numerosos políticos militaron en el terreno político y judicial para tratar de disolver el Tratado. Entre ellos, el más prominente fue Benito Juárez. Aunque algunos dirigentes mexicanos consideraban que el acuerdo de paz había evitado la fracturación completa de México, para otros como Juárez dio ocasión al nacimiento de un nuevo nacionalismo en defensa de los intereses del país.

La lucha de los mexicano-estadounidenses contra el racismo, el prejuicio y la discriminación en este país se ha mantenido constante y puntual. Uno de los momentos claves de esa herida que se mantiene abierta, fue el surgimiento del movimiento chicano como parte de la lucha por los derechos civiles en la década de los sesenta y los setenta del siglo 20, en contra entre otras cosas del masivo y desproporcionado número de chicanos que eran enviados a la guerra de Vietnam. En el contexto de estas notas hay que mencionar a Reis López Tijerina, uno de los líderes por la tenencia de la tierra en Nuevo México, quien mantuvo una lucha intensa por la abolición del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y a César Chávez, Dolores Huertas, José Ángel Gutiérrez y Rodolfo “Corky” Gonzalez y López Tijerina, quienes conforman el grupo de activistas más notables y visibles del movimiento chicano por la justicia social. O el grupo de los jóvenes chicanos Brown Berets (Boínas Café) que en 1972 se tomaron la Isla Catalina en el Pacífico californiano para hacer notar al mundo que dicha isla, junto a las demás del Archiélago de Norte y de los Farallones, no están mencionadas en el Tratado de Guadalupe Hidalgo y, por tanto, son territorios en disputa.

Numerosas voces, tanto en México como en los Estados Unidos, se han mantenido discutiendo sobre la legalidad y la posible nulidad del Tratado. Entre las más sonadas se encuentran las del excandidato presidencial y líder de la izquierda mexicana Cuauhtémoc Cárdenas y el abogado Guillermo Hamdan Castro, quienes en 2017 presentaron una propuesta a la nación mexicana de buscar la nulidad del Tratado de Guadalupe Hidalgo sobre la base de que este se realizó haciendo uso de la fuerza y la coacción. La potencial presentación de este caso ante la Corte Internacional de Justicia y la ONU buscaba denunciar el tratado con objetivos de reparación moral nacional y de auténtica indemnización.

A 175 años de dicho acuerdo de paz lo cierto es que la falaz excepcionalidad sobre la que se ha construido el mito del destino manifiesto no ha sido otra cosa que un instrumento de dominación que ha llevado enorme sufrimiento, despojo y muerte a centenares de miles de personas. Los fracasos repetidos de los Estados Unidos en los últimos 60 años, incluyendo la guerra de Vietnam, sus intervenciones desastrosas en América Latina durante la Guerra Fría, las invasiones políticas y militares fracasadas a países del Medio Oriente después del atentado a las torres gemelas en Nueva York, y el asalto al Capitolio en enero de 2020, muestran las contradicciones entre una fabricada vocación mesiánica de carácter moral cristiano y una arrogancia basada en última instancia solo en el poderío capitalista y militar. Estamos en cambio en un tiempo en que debemos replantear la historia de la nación. No en términos de hacer a “los Estados Unidos grandes otra vez”, sino de mirar hacia los verdaderos valores de la solidaridad y la igualdad humana ante los retos por la supervivencia y la sostenibilidad de la única Casa que todos compartimos.

Fuentes citadas:

1) “Annexation”, por John L. O’Sullivan. Democratic Review, Nueva York, julio-agosto, 1845.

2) Editorial, por John O'Sullivan, New York Morning News, December 27, 1845.

3) El Norte: La epopeya olvidada de la Norteamérica hispana, por Carrie Gibson. Editorial Edaf, 2022.

4) The Treaty of Guadalupe Hidalgo: A Legacy of Conflict, por Richard Griswold del Castillo. University of Oklahoma Press, 1990.

(Publicado en Hispanic LA, 18 enero, 2023)

CUADERNOS DE LA PANDEMIA

El racismo ambiental se cuela entre los códigos postales

Foto: Los Ángeles Times

 Padre, si no hay pinos

no habrá piñones, ni gusanos, ni pájaros.

Padre, donde no hay flores

no se dan las abejas, ni la cera, ni la miel.

……….

Padre, que están matando la tierra.

Padre, dejad de llorar

que nos han declarado la guerra.

         —Padre, canción de J.M. Serrat

 2 de enero, 2023. No parece que algo tan simple pueda ser una verdad tan tenebrosa. Y, sin embargo, lo es. En los Estados Unidos, el código postal, esto es, el lugar donde vive la gente, es el indicador más preciso para determinar sus potenciales riesgos de salud y de bienestar. Los códigos postales mostrarán, entre otras cosas, si sus habitantes viven o no en un área donde hay árboles y zonas verdes, que ayuden a mantener el aire más limpio y las temperaturas más frescas; o si están o no lejos de fábricas contaminantes, de pozos de extracción petrolera y de gas, o de autopistas donde se acumula la polución y el ruido. Dónde vivimos, en fin, determinará nuestra calidad de vida. No por elección, sino por diseño de un sistema de segregación y estratificación social, racial y étnico que tiene ya más de 90 años.

Aunque las prácticas abiertamente racistas han existido en el país desde su origen y se han expresado de incontables maneras, un punto de inflexión ocurrió durante el gobierno de Franklin D. Roosevelt y su Nuevo Pacto (New Deal) en la década de 1930, un programa de recuperación económica para salir de la Gran Depresión, el cual privilegió de manera absoluta a los estadounidenses blancos. Una de las áreas donde se manifestó de forma más brutal la discriminación racial de siempre fue cuando el Nuevo Pacto creó lo que secretamente las autoridades llamaban el redlining (trazados de líneas rojas en mapas urbanos), una planeación cartográfica a través de la cual a las personas  anglosajonas (blancas, caucásicas, eurodescendientes, o como queremos llamarlas) se les otorgaban préstamos hipotecarios para adquirir o construir viviendas en sectores selectos de las ciudades, mientras que a los grupos racializados (afroestadounidenses, latinos, asiáticos o cualquier otro que no cayera en la definición de blanco) les eran negados prácticamente sin excepción, por considerarlos peligrosos, es decir, que no iban a pagar los préstamos. De esa manera, la población blanca pudo comprar o construirse mejores casas y crear vecindarios privados y exclusivos, rodeados de vegetación y lejos, hasta donde fuera posible, de la contaminación ambiental. A la vez, las llamadas minorías poblacionales tuvieron que seguir enfrentándose a la falta de recursos y de apoyo financiero, tanto de los gobiernos como de la banca privada y por tanto imposibilitados para crear hábitats saludables.

La manera como está concebido el crecimiento de las ciudades de los Estados Unidos el día de hoy responde a ese esquema segregado. Una investigación realizada por la prestigiosa revista científica Nature Communications sobre el impacto ambiental en las poblaciones urbanas, cuyas conclusiones fueron publicadas en mayo de 2021, encontraron, entre otros hallazgos, que los vecindarios que fueron demarcados en rojo en la década de 1930 carecen o tienen un mínimo de zonas verdes. Esto hace que durante el verano las temperaturas sean excesivamente altas, ocasionando un promedio de 1.500 muertes anuales, debidas, entre otras cosas, a paro cardíaco, insolación y deshidratación. Es también la causa de otros problemas de salud como “pérdida de productividad laboral y decrecimiento en el aprendizaje” (1). A este fenómeno ambiental se le conoce como el efecto isla de calor urbano (SUHI, por sus siglas en inglés). Para el estudio se usó información provista por satélites de alta resolución que miden la temperatura y la composición sociodemográfica de las ciudades seleccionadas basada en el censo más reciente. Los investigadores hallaron que los sectores con códigos postales donde viven personas catalogadas como “gente de color” en las 175 áreas urbanas más grandes de los Estados Unidos, con la excepción de seis de ellas, experimentan el fenómeno de calor excesivo, con las consecuencias mencionadas en salud y en fatalidades.

El estudio indica que los planes de crear espacios verdes en vecindarios de bajos ingresos y comunidades racializadas puede ayudar a bajar la temperatura en el verano hasta en un 33.8°F. Pero esto, a la vez, subirá el precio de la vivienda y causará el desplazamiento y la gentrificación del vecindario. De modo que el círculo se cierra y las personas de bajos ingresos que viven en estos códigos postales “rojos”, que muchas veces no son dueñas de la casa o apartamento donde viven, son forzadas a irse a comunidades lejos de sus trabajos, o a quedarse a vivir allí a expensas de los peligros para su salud. De acuerdo con la misma investigación, los residentes afroestadounidenses son los que tienen el promedio más alto de exposición al calor, seguidos de los hispanos/latinos, mientras los residentes blancos no hispanos tienen la exposición más baja de calor en cada uno de sus vecindarios.

Al mismo tiempo, el problema de las temperaturas no es el único que padecen las personas clasificadas como minorías étnicas y raciales en las ciudades de los Estados Unidos. Los efectos de las políticas racistas se manifiestan de manera galopante en la presencia, por ejemplo, de pozos de extracción petrolera y gas, incrustados a pocos metros de distancia de las viviendas de poblaciones negras y latinas. Añadido a los daños a la salud por la extracción petrolera en zonas urbanas, están también otras situaciones originadas con el redlining como el hecho de que la mayoría de las autopistas atraviesan los sectores donde viven poblaciones racializadas y también fábricas y basureros municipales, todos ellos generadores de diversos tipos de polución. 

La Asociación Norteamericana del Pulmón en su informe anual de 2022 sobre el “Estado del Aire”, destaca una vez más la gravedad de la disparidad racial de vivir o no en zonas con aire contaminado. “Cerca de 19.8 millones de personas viven en 14 condados que fallan en tener condiciones saludables, y de ellos 14.1 millones son personas de color”, quienes por esta causa se hacen más propensos a adquirir enfermedades pulmonares como el asma; o muerte prematura, paros cardíacos y visitas de emergencia al hospital (2). Hay que apuntar que la tragedia humana de la injusticia racial climática de los EE UU no ocurre solo en las ciudades. También tiene un impacto descomunal en el campo debido a los pesticidas, las condiciones deplorables de vivienda, y a verse obligados a trabajar al rayo del sol a temperaturas superiores a los 100ºF, producto del cambio climático.

Pero con frecuencia, individuos y comunidades que sufren discriminación y asaltos continuos a su dignidad no se quedan callados, a pesar de la falta de representación. Este es el caso de Robert D. Bullard, un joven sociólogo afroestadounidense de Texas, quien en 1979 actuó como testigo experto en un caso legal en el que su esposa, la abogada Linda McKeever Bullard, representaba a Margaret Bean y a otros residentes de un barrio de clase media en Houston quienes se oponían a creación de vertedero de basuras cerca de sus residencias. Este fue el primer caso en la historia de los Estados Unidos de un caso legal de ecoambientalismo. Lo que llamó la atención fue el hecho de que el 82 por ciento de este vecindario suburbano eran afroestadounidenses. Y no era esta la primera vez que esto sucedía. Todos los vertederos de basura de Houston, seis incineradores de basura, de un total de ocho, y cuatro basureros privados, estaban en vecindarios afroestadounidenses, una comunidad que representaba un cuarto de la población. Motivados por este flagrante abuso racial, Bullard, quien hacía poco había obtenido un doctorado en sociología, terminó por escribir un estudio sobre los desperdicios sólidos y la comunidad negra de Houston, que se considera el primero de su clase. Bullard siguió una carrera de profesor universitario, activista ambiental y autor de numerosos libros. En el presente se le reconoce como el padre de la justicia ambiental.

A Bullard le han seguido muchos en la academia y en el activismo militante contra las agresiones racistas relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático. Una de estas historias inspiradoras es la de Nalleli Cobo, una joven latina de University Park, uno de los múltiples vecindarios de líneas rojas del Sur de Los Ángeles. Desde muy temprana edad Nalleli sufría de asma, arritmia cardíaca y hemorragias nasales. Justo al frente del edificio de apartamentos donde vivía con su madre había un campo de pozos de extracción de petróleo de la compañía AllenCo Energy que expedía gases contaminantes por todo el barrio. Nalleli y su madre decidieron movilizar a la comunidad y emprender una campaña a la que llamaron Gente, no Pozos. Con tan solo 9 años, Nalleli se convirtió en la portavoz del movimiento comunitario. Poco después, en 2015, fue una de las fundadoras de South Central Youth Leadership Coalition (Coalición de Liderazgo Juvenil del Sur Centro de Los Ángeles) y en marzo de 2020 logró demandar a la ciudad de Los Ángeles y forzar a que los pozos de su vecindario se cerraran de manera permanente. Su coalición logró que el Concejo de Los Ángeles no autorizara la excavación de nuevos pozos petroleros en la ciudad y el compromiso de ir cerrando paulatinamente los centenares que todavía existen en la ciudad. Como resultado de sus esfuerzos contra el racismo climático y ambiental, Nalleli Cobo recibió en 2022 el Premio Goldman, considerado el Nobel de los líderes ambientalistas que comenzaron luchando desde abajo, y que han recibido personas notables como Francia Márquez, la actual vicepresidenta de Colombia.

Dada la presión y el activismo de miles de ambientalistas de todos los trasfondos, el pasado mayo de 2022, el Departamento de Justicia lanzó una estrategia de Justicia Ambiental que de acuerdo con su propia declaración busca “hacer justicia ambiental a las comunidades desatendidas que históricamente han sido marginadas y maltratadas, incluidas las comunidades de bajos ingresos, las comunidades de color y las comunidades tribales e indígenas”. La declaración oficial evita el uso de términos más precisos del problema como racismo, discriminación, segregación, supremacismo blanco y capitalismo salvaje, que vendrían mejor a la hora de confrontar las verdaderas causas de la opresión ambiental y de la crisis climática en general. Lo que se espera ahora es que la creación de la nueva Oficina de Justicia Ambiental, anunciada por el Procurador General el pasado 16 de noviembre, no se convierta en una pantalla para seguir dando largas a las persistentes injusticias ambientales y climáticas que han costado y siguen costando la vida a centenares de miles de personas discriminadas en el país. Pero algo es algo. Cuando menos la agudización de la crisis ambiental y el activismo han sacudido el tapete y dejado ver el polvo histórico que arrastra por siglos, pero de manera más aguda desde los tiempos del Nuevo Pacto y del redlining de Roosevelt.

Mientras escribía estas notas recordaba la canción en catalán de Joan Manuel Serrat, Pare (Padre), algunos de cuyos versos menciono en el epígrafe. Es una de las más hermosas y tristes que se hayan escrito y cantado sobre el racismo climático. Lanzada en 1973, hace ya 50 años, muestra que la agresión contra las comunidades racializadas ha estado presente en la agresión contra el medio ambiente y la exclusión de las oportunidades económicas y sociales. Sus versos trazan la huella de un racismo supremacista que se mantiene visible de manera preponderante en los códigos postales. Y es por esos rumbos por donde debe buscarse la solución.

Fuentes citadas:

1) “Disproportionate exposure to urban heat island intensity across major US cities” (“Exposición desproporcionada al efecto isla de calor urbano en las principales ciudades de los EE UU”), por A. Hsu, G. Sheriff, T. Chakraborty, et al. Nature Communications, May 25, 2021.

2) “What is the State of YOUR Air?” (¿Cuál es el Estado de TU Aire?). American Lung Association, December 2022.

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(Publicado en Hispanic LA, 3 enero, 2023)

CUADERNOS DE LA PANDEMIA

Préstamos estudiantiles: endeudados para siempre

Foto: Bill Moyers

Vivimos en un mundo

En el que el suelo desgrava,

Donde el pasado no existe

Y el futuro es de una Caja.

En el que el presente

Es una deuda abierta

Y unas horas

Que no son nuestras.

—Alberto García-Teresa, poeta español

 12 de diciembre, 2022. Era la puesta en marcha de una promesa. A lo largo de la campaña presidencial de los Estados Unidos en 2020 fue uno de los anzuelos con los que el candidato Joe Biden buscó ganar el voto del vasto sector poblacional a quienes iba dirigida específicamente: los más de 45 millones de endeudados con decenas de miles de dólares en préstamos estudiantiles universitarios, federales o privados, que persiguen a muchos por el resto de sus vidas. Si ganaba la presidencia, Biden les garantizó un perdón de $10 mil a $20 mil dólares del total de su deuda, dependiendo del tipo de deuda estudiantil que tuvieran. Era una especie de compra de votos a un precio bastante alto. Por lo menos así lo vieron sus oponentes. Pero al fin y al cabo, todas las promesas de campaña son eso: un quid pro quo. Es el canje de la (siempre imperfecta) democracia. Y Biden ganó las elecciones. No solo por el prometido alivio parcial de la deuda estudiantil, sino, entre otras razones, para evitar que el ocupante de la Casa Blanca en esos momentos pudiera continuar allí cuatro años más. De modo que muchos ojos han estado pendientes de que cumpla esta y muchas otras promesas desde su posesión el 20 de enero de 2021.

 Tratar de cumplir este compromiso ha sido otra cosa. Se ha vuelto una compleja maraña, llena de obstáculos para la administración Biden, debido en gran parte a la oposición de miembros del Partido Republicano y de jueces conservadores nombrados durante el pasado gobierno, quienes han bloqueado y mantienen bloqueada esta iniciativa. Para resumir, les presento aquí algunas movidas destacadas de este enredo. Primera movida: desde marzo de 2020 el Departamento de Educación de la administración anterior había determinado una suspensión temporal del pago de los préstamos estudiantiles para dar un alivio a los deudores por la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19. Una vez instalado como presidente, una de primeras disposiciones de Biden fue la de extender la suspensión de los pagos hasta el 1 de mayo de 2022. Luego la volvió a extender hasta finales de 2022. En noviembre pasado, después de que un juez texano bloqueara la órden ejecutiva de cancelar la porción prometida de la deuda, Biden extendió una vez más la postergación de pagos de la deuda hasta el 30 de junio del 2023, con la idea de que los pagos pendientes se reanudaran dos meses después.

 Segunda movida: El 19 de agosto de 2021, el Departamento de Educación indicó en un comunicado la activación de la posible anulación del total de la deuda de ciertos préstamos estudiantiles para unas 323 mil personas registradas en el Seguro Social con comprobadas y documentadas discapacidades totales y permanentes para trabajar. El perdón de esta deuda suma un promedio de 5.8 billones de dólares y forman parte del total actual de la deuda de más de 1.7 trillones de dólares. Esta decisión no es parte de una iniciativa de la administración Biden; ha existido desde hace años. El Departamento de Educación requería que los deudores llenaran una serie de formularios que hacía engorroso y desalentador el proceso, de manera que no terminaban de cumplir las normas y por tanto no recibían la anulación de sus préstamos. Lo que el actual gobierno intenta es reactivar esta iniciativa precedente, haciéndola automática. Pero, en la práctica, como señala la Red Nacional de Defensa Legal para Estudiantes, una de las organizaciones que lucha por los derechos de los estudiantes, hasta la primera semana de diciembre de 2022 estas personas todavía no habían recibido la anulación de la deuda (1).

 Tercera movida: El 24 de agosto de 2022, esto es, un año y siete meses después de su posesión presidencial, Biden anunció alegremente en la página de la Casa Blanca y de sus redes sociales (Twitter e Instagram), el comienzo del proceso de condonación de $10 mil a $20 mil de la deuda estudiantil para deudores con ingresos menores de $125 mil dólares, o parejas con menos de $250 mil dólares anuales. Todo lo que tenían que hacer los prestatarios era llenar un sencillo formulario en línea y esperar la respuesta del gobierno donde se les indicaría si eran o no acreedores del descuento a su deuda en una fecha de la que serían informados. Cuarta movida: A comienzos de noviembre de este año, el juez Mark Pittman del Distrito Norte de Texas, nombrado por Donald Trump, bloqueó la órden ejecutiva de Biden, declarando que era una usurpación del poder legislativo del Congreso. El bloqueo ha ido acompañado también de otras acciones legales de grupos conservadores. La Corte de Apelaciones del Circuito Octavo aceptó el bloqueo como parte de la demanda de varios estados (Nebraska, Kansas, Carolina del Sur, Missouri, Iowa y Arkansas), controlados por el partido Republicano, y elevó el caso ante la Corte Suprema.

 Quinta movida: A comienzos de este mes de diciembre, la Corte Suprema de Justicia declaró que estudiará la situación hacia finales de marzo próximo, y quizá llegue a una decisión en junio de 2023. La Casa Blanca ha dicho que dos meses después de esa fecha, los deudores de balances pendientes de los préstamos estudiantiles deberán reanudar los pagos.

 Detrás de toda esta maquinaria de oposición al perdón de una porción de la deuda estudiantil hay en realidad una historia ligada a las acostumbradas prácticas discriminatorias y racistas de algunos sectores del sistema educativo de los Estados Unidos. Para entenderla hay que comenzar con la pregunta de cuándo y por qué las universidades públicas y privadas comenzaron a cobrar las crecientes y enormes sumas de dinero que cuesta hoy día obtener una educación universitaria. Y cómo se crearon los préstamos estudiantiles federales, y eventualmente de instituciones financieras privadas, para que los aspirantes a una educación superior pudieran obtenerla a través del endeudamiento, muchas veces impagable. Y cómo la deuda estudiantil llegó a ser hoy la segunda más grande del país, de 1.7 trillones de dólares, superada solamente por los préstamos hipotecarios de vivienda.

 Como todas las historias que tienen que ver con la construcción ideologizada de la nación, esta no es para nada inocente. La educación universitaria dejó de ser exclusivamente para las élites poco antes del fin de la segunda guerra, cuando la Ley GI de 1944 fue implementada como parte de la recuperación de la Gran Depresión, y a través de la cual el gobierno financiaba la educación universitaria para promover la movilidad de la clase media. Esta iniciativa fue seguida en 1958, por el Decreto de la Defensa Nacional de Educación, bajo la administración de Eisenhower y como parte de la Guerra Fría, cuando el gobierno se propuso promover grupos de individuos, mayoritariamente hombres jóvenes blancos, para desempeñarse en campos especializados, y de paso combatir el avance del comunismo. Como lo destaca el especialista en finanzas, Jeff Gitlen, “a los estudiantes de secundaria que mostraban ser prometedores en matemáticas, ciencias, ingeniería, o lenguas extranjeras, o aquellos que querían ser maestros, se les ofreció subvenciones, becas, y préstamos estudiantiles” (2).

 Los estudiantes de minorías racializadas fueron sistemáticamente excluidos del acceso a la educación universitaria, u orientados, si acaso, desde la escuela secundaria a seguir carreras intermedias y técnicas. El sistema educativo mismo en las escuelas primarias y secundarias era segregado expresamente y dichas escuelas mantenían un alto índice de deserción escolar debido a que los filtros discriminatorios del sistema educativo terminaba empujándolos fuera e impidiéndoles el acceso a una educación avanzada.

 La década de los 60, y sobre todo su segunda mitad y principios de los 70, fue un periodo decisivo en la lucha por los derechos civiles, con un fuerte enfoque en el derecho a la educación y en contra de la guerra en Vietnam y los ataques aéreos a Cambodia, acompañado de una feroz resistencia por parte del establecimiento dominante. California fue central en este movimiento de justicia social y racial en el tiempo en que Ronald Reagan fue gobernador del estado por dos términos seguidos (1967-1975). Las políticas de Reagan, a lo John Wayne, le puso en directa confrontación con los dos sistemas públicos universitarios del estado (UC y CalState), a los cuales cerró temporalmente en 1970.

 Crucial en esta disputa contra los reclamos de mayor financiamiento, inclusión e igualdad de acceso a la educación fue Roger A. Freeman, un austriaco nacionalizado estadounidense que llegó a ser una figura relevante en las políticas conservadoras y excluyentes en la educación, tanto a nivel nacional en el tiempo de la presidencia de Nixon, como estatal durante la reelección de Reagan en California. Defendiendo las políticas represivas de Reagan contra las demandas de los estudiantes a un acceso igualitario, Freeman dio una declaración antológica a la prensa: “Estamos en peligro de producir un proletariado educado. ¡Eso es dinamita! Tenemos que ser selectivos a la hora de decidir a quién permitimos obtener una educación universitaria” (3).

 Las políticas de Freeman tuvieron un efecto directo en las decisiones del gobernador Reagan para reducir el financiamiento de la educación pública universitaria del estado, con la excusa de falta de fondos y la necesidad de ahorrar, sin mencionar nunca el verdadero motivo de exclusión social y racial, en un estado con cuantiosa población latina, afroestadounidense, asiática e indígena. Reagan promovió un incremento de la matricula en las universidades públicas, que hasta ese momento era muy baja y casi gratuita, impidiendo así el acceso a miles de estudiantes sin recursos, o de las llamadas comunidades de color.

 Posteriormente, en sus años como presidente (1981-1989), Reagan impulsó aún más el aumento del costo de la educación tanto pública como privada, seguida de la implementación de políticas neoliberales que condujeron a una mayor privatización de la economía, con cada vez menos inversión federal y estatal. La consecuencia de esto fue el crecimiento del sistema de préstamos estudiantiles debido al aumento oneroso de los costos de la educación. Desde los tiempos de Reagan al presente, los precios de matrícula y de los cursos han subido en más del mil cien por ciento, sumado a un detrimento en la calidad de la educación dada la creciente burocratización de las universidades (con mayor personal administrativo que profesores) y con más educadores de tiempo parcial que de tiempo completo. Como apunta John Schwarz en The Intercept, “La deuda de los estudiantes, que había desempeñado un papel menor en la vida estadounidense hasta la década de 1960, aumentó durante el gobierno de Reagan y luego se disparó después de la Gran Recesión de 2007-2009, cuando los estados hicieron enormes recortes en la financiación de sus sistemas universitarios” (4).

 El  Decreto sobre Educación Superior (Higher Education Act, HEA), creado por Lyndon B. Johnson en 1965, que evolucionó hasta el actual FAFSA, provee ayuda financiera para estudios universitarios, y sin duda ha ayudado a cientos de miles de estudiantes. Pero como lo indican estudios recientes, “revelaron una desigualdad continua para los estudiantes de color, quienes a menudo han tenido que obtener más préstamos estudiantiles que sus contrapartes más privilegiadas” (5).

 El aumento cada vez mayor de los costos para obtener una educación universitaria impulsó en 1992 la creación de diversos programas adicionales a FAFSA, como el Programa de Préstamos Directos con el gobierno federal y los préstamos no subsidiados Stafford, que significaba, este último, que eran los estudiantes, y no el gobierno, quienes tenían que pagar los intereses mientras estaban estudiando. Estos programas se consideran el origen del actual sistema de préstamos estudiantiles.

 Bajo el gobierno de Obama en 2010 se estableció que todos los préstamos federales estudiantiles tenían que ser Préstamos Directos, los cuales se comienzan a pagar con intereses después de que el estudiante se gradúa o abandona sus estudios. En ese mismo año los bancos y entidades financieras privadas, sin relación con el gobierno, comenzaron a otorgar préstamos estudiantiles, con intereses más altos. Dos años más tarde, la deuda estudiantil ya alcanzaba la astronómica suma de un trillón de dólares y en 2021 ascendió a $1.7 trillones. Y el aumento no parece tener fin, llevando a más de 45 millones de personas a una de las mayores crisis financieras del país.

 La Oficina para la Protección del Consumidor del gobierno federal ha insistido en mencionar por varios años que los más directamente afectados por los préstamos estudiantiles públicos o privados son los afroestadounidenses (90 por ciento) y los latinos (72 por ciento), comparados con estudiantes blancos (66 por ciento) y asiáticos (51 por ciento). Esta y otras oficinas de protección al consumidor y organizaciones de derechos civiles, han hallado que entre los problemas que acarrean los programas de préstamos y sus altos intereses se destaca el hecho de que los estudiantes de minorías raciales tienen más dificultades a la hora de pagar los préstamos estudiantiles, lo cual les crea aún más barreras para su movilidad socioeconómica. Al mismo tiempo, las dificultades de acceso a los beneficios que sí tiene la comunidad blanca, los obliga a que obtener préstamos con intereses más altos con entidades financieras privadas, creando un ciclo interminable de endeudamiento (6).

 Las estadísticas federales muestran que uno de cada ocho estadounidenses tiene deudas estudiantiles. Un problema que no es solo de individuos, sino de parejas, familias y amigos que están atrapados en la misma situación. Muchos encuentran que terminar una carrera universitaria no es una garantía para conseguir un trabajo dentro de su área de estudios ni a corto ni mediano plazo, mientras que el pago del préstamo no espera, y los intereses se acumulan con deudas que oscilan entre los $27 mil a los $100 mil dólares. En la década pasada, un promedio de 85% de los universitarios graduados regresaron a vivir con sus padres, incapaces de conseguir un trabajo bien remunerado para mantener el altísimo costo de vida de las ciudades en los Estados Unidos, incluyendo renta, pago de un vehículo, comida, ropa, seguro y gastos médicos, pago de la deuda estudiantil, tarjetas de crédito, vida social, entre otros. Esto ha conllevado también a un deterioro mental y emocional, que hace irrisoria para muchos la aspiración de “la búsqueda de la felicidad”, señalada como un derecho en la Declaración de Independencia del país.

 Cryn Johannsen, autora del libro Solving the Student Loan Crisis: Dreams, Diplomas & a Lifetime of Debt (Resolviendo la crisis de los préstamos estudiantiles: sueños, diplomas y una vida de deudas), que considero uno de los textos más incisivos y prácticos sobre el tema, dice que “los préstamos estudiantiles tienen una complejidad total y una falta total de transparencia”, una trama a la que se refiere como “la nebulosa sopa de los préstamos estudiantiles”. Johannsen plantea diversas soluciones al problema, comenzando por lo que ella denomina un jubileo en el cual toda la deuda estudiantil debe ser perdonada (una práctica bíblica que, entre otras cosas, significaba el perdón de las deudas); ofrecer estudios universitarios gratuitos, como los que tienen numerosos países del mundo, incluyendo a Argentina, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Alemania, Austria, Escocia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Chipre, Suecia, Malta y Grecia. O permitir a los prestatarios actuales refinanciar sus préstamos con intereses más bajos, restablecer la protección de derechos de bancarrota a los deudores, y apoyar a los políticos que luchan en nombre de los estudiantes con préstamos.

 Adicional a esto y otras posibles soluciones, se hace esencial cuestionar y subvertir de manera radical el desastre humano, político y social causado por el neoliberalismo, que ha terminado por hacer de la educación, como todo lo que toca, un producto más de su voracidad metalizada y sin alma. En palabras de Noam Chomsky, siguiendo el pensamiento de Wilhelm von Humboldt, el verdadero objetivo de la educación es el de formar “una sociedad de personas libres, creativas e independientes, capaces de apreciar y aprovechar los logros culturales del pasado y añadir a ellos; una educación que ayude a crear mejores seres humanos”. Una sociedad donde la vida no sea solo “una deuda abierta / Y unas horas / Que no son nuestras”, sino una donde la educación esté puesta al servicio de la justicia, la inclusión y el disfrute.

 Fuentes citadas:

1) “Making Relief Automatic for Borrowers with Total and Permanent Disabilities” (Cómo hacer que el alivio sea automático para los prestatarios con discapacidades totales y permanentes). National Student Legal Defense Network, 5 diciembre, 2022.

2) “A Look Into the History of Student Loans” (Una mirada a la historia de los préstamos estudiantiles), por Jeff Gitlen, LendEDU, August 24, 2022.

3) “Working Class. Professor Sees Peril in Education” (Clase trabajadora. Profesor ve peligro en la educación), por Roger A. Freeman. San Francisco Chronicle, 30 de octubre, 1970.

4) “The Origin of Student Debt: Reagan Advisor Warned Free College Would Create a Dangerous ‘Educated Proletariat’” (El origen de la deuda estudiantil en Estados Unidos), por Jon Schwarz. The Intercept. 25 de agosto de 2022.

5) “75 Years of Reforms Have Failed to Fix Our College Financial Aid System” (Por 75 años se ha fracasado en arreglar nuestro sistema de ayuda financiera universitaria), por Elizabeth Tandy Shermer. The Washington Post, 3 de mayo, 2021.

6) “The Significant Impact of Student Debt on Communities of Color” (El significativo impacto de la deuda estudiantil en las comunidades de color”), por Aissa Canchola and Seth Frotman. Oficina de Protección al Consumidor, 15 septiembre, 2016.

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(Publicado en Hispanic LA, 14 de diciembre, 2022)

CUADERNOS DE LA PANDEMIA

La pobreza y la falacia del “sueño americano”

¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí la sed, 

hasta aquí el agua? 

¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí el aire, 

hasta aquí el fuego? 

¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí el amor

hasta aquí el odio? 

¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí el hombre, 

hasta aquí no? 

Sólo la esperanza tiene las rodillas nítidas. 

Sangran.

—Juan Gelman, poeta argentino  

4 diciembre, 2022. Lo último que puede imaginarse un espectador foráneo y poco informado es que en los Estados Unidos, la tierra de la abundancia y la prosperidad, haya más de 40 millones de personas viviendo en la pobreza, de las cuales 20 por ciento viven en extrema pobreza. En general, las únicas noticias e imágenes ocasionales de este drama en los medios de comunicación y las redes sociales son las que se refieren a los habitantes de la calle, los sin techo, que en el país suman más de medio millón de personas. Es una realidad que no se puede ocultar. Ocurre a plena luz del día y bajo los faros de la noche en los centros y autopistas de las grandes ciudades. Pero estos habitantes de la calle son apenas la cara más visible y descarnada de la lucha por la supervivencia diaria que se agazapa en más de 51 millones de hogares (1) en barrios, edificios de apartamentos y zonas rurales, donde la mirada pública no tiene entrada o tiende a ser indiferente y ciega. En esos espacios conviven la pobreza crónica, el hambre, las dificultades para obtener servicios médicos asequibles, la falta de condiciones para evitar ser empujado fuera del sistema escolar, el enorme costo de la vivienda, el temor al desalojo, y el masivo e impagable endeudamiento de decenas de millones de personas con los bancos e instituciones financieras.

No es que la pobreza de millones de personas en los Estados Unidos sea algo nuevo o solo el producto de las actuales políticas neoliberales, así estas hayan magnificado aún más el impacto devastador para muchos del capitalismo caníbal. El despojamiento físico y territorial y la consecuente marginación a que han sido sometidos millones de personas desde los orígenes de la nación, están reseñados en estudios que se inician a partir de finales del siglo 19, como lo recogen en parte los sociólogos William J. Wilson y Robert Aponte en su extensa bibliografía anotada “Pobreza urbana: Una revisión histórica actualizada”(2). Este, junto a otros trabajos editados por Wilson en The truly disadvantated: The inner-city, the underclass, and public policy (Los verdaderos desaventajados: El centro de la ciudad, la clase baja y la política pública), exponen el rol que juega la raza en las oportunidades de educación, empleo y vivienda en las ciudades estadounidenses. Entre esos estudios pioneros se destaca el realizado entre 1896 y 1897 por el historiador, sociólogo y escritor afroestadounidense W.E.B. Du Bois. En él, Du Bois hace una detallada descripción de la alienación y pobreza de la población negra en el Distrito Séptimo de la ciudad de Filadelfia, con estadísticas puntuales del número de personas, lugares de vivienda, negocios, actividades e ingresos. El estudio se convirtió desde entonces en una referencia para las ciencias sociales y los sucesivos censos gubernamentales (3).

Uno de los primeros presidentes en reconocer las profundas desigualdades en la sociedad norteamericana fue John F. Kennedy, aunque en la práctica fue su sucesor, Lyndon B. Johnson, quien en su célebre discurso sobre el estado de la nación el 8 de enero de 1962 declaró la guerra frontal contra la pobreza. Johnson propuso e implementó la Ley de Oportunidades Económicas a través de la cual se establecieron diversos programas, entre ellos Voluntarios al Servicio de los Estados Unidos (VISTA), que ha funcionado como una versión nacional de los Cuerpos de Paz. Dos años después se empezó la distribución de cupones de alimentos y al año siguiente se estableció el seguro de salud federal Medicare para la atención médica de ciudadanos o residentes mayores de 65 años y el seguro estatal Medicaid para dar acceso a los servicios de salud a individuos y familias de bajos ingresos. Estos y otros programas federales y estatales, a la par con numerosas organizaciones humanitarias sin ánimo de lucro, han estado al frente de esta batalla contra la pobreza.

Sin embargo, pese a todo este esfuerzo, la disminución efectiva de la pobreza no ha tenido efectos significativos en muchos de los sectores más necesitados, por diversas razones de fondo. Una de ellas es que, a semejanza del Nuevo Pacto (New Deal) de Roosevelt en la década de los 30, siguió privilegiando primariamente a las poblaciones blancas empobrecidas de las zonas rurales y luego de los centros urbanos. Además de este sesgo racial, la inmensa mayoría de estas leyes e iniciativas parten de un patrón asistencialista/paternalista, de arriba hacia abajo, que se muestra resistente a la hora de producir cambios estructurales. Por el contrario, han acentuado la perpetuación de un modelo de dependencia y subalternidad, con ausencia de condiciones de progreso para la inmensa mayoría de personas que provienen de sectores históricamente marginados y racializados como los afroestadounidenses, los latinos, indígenas y minorías blancas no hispanas de estratos sociales bajos.

La pobreza de vastos sectores poblacionales de Estados Unidos resulta doblemente repudiable por ser el país con mayor riqueza acumulada en la historia y porque ni las iniciativas del gobierno ni de las organizaciones privadas se dirigen a resolverla integralmente. El término “sueño americano” (American Dream), acuñado en 1931 por el historiador James Truslow Adams en su libro La épica de América, significó originalmente distintas cosas, incluyendo de manera vital los valores espirituales, llegó a ser entendido como el progreso personal, resultado del esfuerzo en el trabajo, el agenciamiento individual y la meritocracia, definidos ante todo como prosperidad económica. Pero, como se demuestra a través de estudios, libros y la vida diaria, tal sueño no es concebido como una aspiración inclusiva para todos. La historia del tejido social, político y económico nacional revelan, en cambio, un sistema de racialización y subyugación que desde sus orígenes ha favorecido a los que son percibidos o considerados como eurodescendientes, y en particular a los noreuropeos (esto es, los “verdaderos” estadounidenses), en contraste con las comunidades racializadas.

La deconstrucción de la fantasía del sueño americano (prosperidad económica e inclusión social gracias a “las habilidades y hazañas” de cada uno, como dijo Truslow Adams), empieza por entender que los Estados Unidos no llegó a ser la nación más rica del mundo debido al esfuerzo y al trabajo honesto y honorable de los colonos ingleses y sus descendientes. Por el contrario, ocurre por la invasión del territorio, saqueo y genocidio de la población indígena, el esclavizamiento de personas africanas, la usurpación de más del 50 por ciento del territorio mexicano y la subsecuente mano de obra barata de los mexicanos convertidos en inmigrantes en su propia tierra. Como apunta el historiador Edward E. Baptist, de la Universidad de Cornell, la enorme e infame maquinaria esclavista fue la que dio origen a las primeras grandes fortunas desde finales del siglo 18 hasta el comienzo de la Guerra Civil, tiempo en el que EE UU dejó de ser una economía local, colonial, para convertirse, después de Inglaterra, en la segunda potencia industrial del mundo (4).

Baptist destaca cómo los hijos de los primeros esclavos africanos fueron trasladados de las colonias de Maryland y Virginia a Louisiana y Mississippi donde se les forzó a plantar y cosechar centenares de miles de libras de algodón, el primer gran producto de exportación de los Estados Unidos, dando origen a las grandes riquezas del Valle del Río Mississippi y al mayor número de ricos de cualquier otra región de los Estados Unidos. El expansionismo y el intervencionismo militar, económico y político más allá de sus fronteras en el siglo 19 y la segunda guerra mundial, establecieron la primacía de los EE UU en la escena global y fomentaron la imagen de un país exitoso, paradigma de fuerza y progreso. Como indica en ese sentido el investigador social Marcus Dovigi, “con demasiada frecuencia, las narrativas de nuestra riqueza no dan cuenta de a) el internacionalismo de la historia y b) la violencia con la que se desarrolló. El ejercicio del poder es la base ineludible de la riqueza, que debe informar nuestra política en todo momento” (5).

El predominio de esta riqueza antigua (old money) y el poder se han mantenido en manos de un pequeño porcentaje del total de la población, donde el 1 por ciento de los multibillonarios, todos ellos hombres blancos, controla cerca del 40 por ciento de la riqueza del país, gracias en buena parte a los beneficios que el propio estado les otorga, como la exención de impuestos y el control que tienen en la bolsa de valores y el mercado internacional. Paul Kiel, periodista de Propública, elaboró una lista tentativa donde enumera las estrategias financieras que siguen los más ricos, entre las que se incluyen pedir prestado contra su propia riqueza, ya que los préstamos no pagan impuestos. Mantener billones de dólares en cuentas IRA Roth, cuya verdadera finalidad es proteger a la clase media para la jubilación. Comprar clubes deportivos en los que pueden deducir impuestos a través de los contratos con los jugadores. Mantener negocios de bienes inmuebles o acciones en la explotación de pozos petroleros que son auténticos paraísos para la evasión legal de impuestos. Involucrarse en actividades como las carreras de caballos o en la adquisición de hoteles de lujo. Y la joya de la corona que son los fideicomisos, por medio de los cuales la riqueza se hereda a la siguiente generación familiar y de esa manera tanto el dinero como las posesiones quedan amparados por las leyes de exención tributaria. El clásico ejemplo de la riqueza antigua. Como si fuera poco, Kiel encontró que en medio de la pandemia del Covid-19 “al menos 18 multimillonarios recibieron cheques de estímulo en 2020 porque sus declaraciones de impuestos los colocaron por debajo del límite de ingresos ($150.000 para una pareja casada)” (6).

Por supuesto, esta minoría absoluta y otra porción de ricos del país están viviendo el sueño “americano”, mientras una vasta porción de la clase media a duras penas se mantiene a flote mes a mes por el altísimo costo de vida en los centros urbanos. Al mismo tiempo, millones bajo el índice de pobreza luchan por su más básica supervivencia cada día, de los cuales los niños y las mujeres, y en especial las madres solteras, son sus víctimas más directas. No es de extrañar entonces que la brecha en la desigualdad de ingresos sea la más grande entre los países desarrollados y que “muchos expertos atribuyen al legado de esclavitud y políticas económicas racistas del país” (7).

Mark R. Rank, profesor de Bienestar Social de la Universidad de Washington en St. Louis, argumenta en contra del mito del sueño “americano” indicando que el problema de esta aspiración e ideal es que está fundamentado en la falsa noción de que todos los estadounidenses tienen las mismas oportunidades para subir la escalera hacia una vida próspera, “porque el campo de juego está nivelado”, y que por tanto “la pobreza se puede evitar a través de la motivación y la habilidad” (8). En la realidad, dice Rank, el campo de juego está todo menos nivelado, ya que el lugar y las oportunidades de las personas en la sociedad está determinado por los recursos financieros de los padres, el entorno en el que crecen, la calidad de educación que reciben, y el trabajo o actividad a que se dedican. Sumado a esto, la posibilidad a largo plazo de tener acceso a un buen sistema de salud y a las provisiones con las que se prepara para los años de jubilación. A esta perspectiva de Rank, hay que añadir el papel que juega la identidad racial y étnica en un país tan autoconsciente y estratificado en sus roles de poder, y en su noción de quién es un ciudadano pleno y sin guiones que marquen su origen o procedencia.

A casi 60 años desde que el presidente Johnson declarara la guerra contra la pobreza, esta sigue siendo uno de los males endémicos de la nación. Hay quienes señalan que al fin y al cabo la pobreza en los Estados Unidos no es tan grande como la de los países empobrecidos y subdesarrollados. Por supuesto es verdad si se observa sin matices. Pero más valdría tener en cuenta que comparado con los 26 países más desarrollados del mundo, el índice de pobreza de los Estados Unidos es el peor de todos, según destaca el profesor Rank en la fuente mencionada. Para tratar de contrarrestar esta crisis, agravada aún más por la pandemia del Covid-19, el presidente Biden lanzó en marzo del 2021 un plan de alivio económico, en lo que su administración llamó el plan más ambicioso desde los años de Johnson, consistente en distribuir anualmente entre familias de bajos ingresos la cantidad de $3.600 dólares para niños menores de seis años y de $3.000 para menores de 18. El gobierno ha afirmado que la ayuda incluye a familias con miembros indocumentados, aunque existe el temor entre esta población (de 10 a 12 millones de personas) por tener que proveer información personal que pueda exponerles a la deportación.

No hay duda de que cualquier ayuda es bienvenida. Pero no hay que perder de vista que el gobierno no da nada gratis, ya que la mayoría de las personas, sean ciudadanos, residentes o inmigrantes indocumentados, pagan impuestos y en general invierten mucho más en este país de lo que pueden terminar recibiendo del estado. Los esfuerzos para combatir el hambre, la desnutrición y la pobreza son meritorios porque dan atención a una emergencia que no puede esperar. Pero no son suficientes. Son remedios transitorios al problema central que debe pasar por la transformación radical política y económica en la práctica de la distribución de los recursos, la inclusión social y racial y su sentido de prioridades en el manejo de su capital cultural humano. En un país que solo este año ha gastado $760.000 millones de dólares en su presupuesto militar, y que envía sin pestañear billones de dólares en armas para la guerra en Ucrania (creándole un endeudamiento impagable a ese país), deberíamos ser capaces de proveer una vida digna para cada uno de sus habitantes. Mientras tanto, las rodillas de millones de vidas siguen sangrando en una sociedad que contempla desde la orilla una versión muy distinta de lo que es el sueño “americano” y el progreso infinito. 

Fuentes citadas:

1)“The Poverty Line Matters, But It Isn’t Capturing Everyone It Should” (La línea de pobreza importa, pero no está capturando a todos los que debería). Por Areeba Haider y Justin Schweitzer. CAP Action, 5 marzo, 2020.

2) “Urban poverty: A state-of-the-art review of the literature” (Pobreza urbana: Una revisión histórica actualizada), por  William J. Wilson y Roberto Aponte, en el libro The truly disadvantated. The inner-city, the underclass, and public policy (Los verdaderos desaventajados: El centro de la ciudad, la clase baja y la política pública). The University of Chicago Press, 1987, 2012.

3) The Philadelphia Negro, por William E.B. Du Bois. Publications of the University of Pennsylvania, 1899 (re-edición, Millwood, N.Y: Kraus-Thompson, 1978).

4) The Half Has Never Been Told: Slavery and the Making of American Capitalism (Nunca se ha contado la mitad: la esclavitud y la creación del capitalismo estadounidense), por Edward E. Baptist. Basic Books, NY, 2016.

5) “How America Became Rich. The story of American wealth is a tale of conquest” (Cómo se hicieron los ricos los Estados Unidos. La historia de la riqueza estadounidense es un historia de conquista), por Marcus Dovigi. Medium, noviembre 27, 2018.

6) “Ten Ways Billionaires Avoid Taxes on an Epic Scale” (Diez maneras como los superricos evaden impuestos en una escala épica), por Paul Kiel. Propublica, June 24, 2022.

7) “The U.S. Inequality Debate” (El debate sobre la desigualdad en los EE UU), por Anshu Siripurapu. Council on Foreign Relations, 22 abril 2022.

8) “Confronting Poverty. Tools for Understanding Economic Hardship and Risk” (Confrontando la Pobreza. Herramientas para entender las dificultades económicas y el riesgo), por Mark R. Rank. Confronting Poverty Project. Consultado el 20 noviembre, 2022.

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(Publicado en Hispanic LA, 4 diciembre, 2022)

CUADERNOS DE LA PANDEMIA

Calle Sexta: El puente de la discordia

Puente de la Calle Sexta, Los Ángeles, Calif. Foto: NS

A la memoria de Mike Davis

“Las llamas son bonitas porque no tienen orden
Y el fuego es bonito porque todo lo rompe”

          Sakura, canción de Rosalía

Primero fue la fiesta. Era el fin de semana del 8 al 10 de julio de 2022. El gobierno de la ciudad de Los Ángeles había planeado una gran celebración con discursos, música popular y puestos de comida callejera para la inauguración del nuevo puente de la Calle Sexta; un largo viaducto de 800 metros de largo, justo al costado este del centro de Los Ángeles que conecta el barrio latino de Boyle Heights con el Distrito de las Artes. En ese mismo sitio y longitud se extendía un célebre puente construido en 1932, que fue escenario de películas como Grease, Terminator 2 y The Mask. En décadas recientes había entrado en decadencia debido a una reacción química en su estructura de cemento, y se había vuelto inseguro ante un posible terremoto. En el 2016 se demolió por completo para construir uno nuevo, cuya ejecución tardó seis años, y terminó teniendo un costo de 588 millones de dólares; el puente más costoso en la historia de Los Ángeles. Era el triunfo, entre otros, de la administración del alcalde Eric Garcetti, de los concejales latinos del distrito, de la Administración Federal de Autopistas, y de Caltrans; y por supuesto, una ocasión de fiesta para los angelinos.

En la apertura de las ceremonias y las festividades el alcalde Garcetti enarboló el puente como “una carta de amor de esta generación a la ciudad”. El concejal Kevin de León presidió el desfile de carros vintage y de low raiders que estrenaron el impecable asfalto. El sábado 9 vendrían los festejos con boletos pagados para los que quisieran caminar por el puente y bailar con Ozomatli, La Sonora Dinamita, Buyepongo y otras bandas locales. Se daba tributo a la vez a los cien años de las food trucks y los puestos de comida callejera, al lado de un mercado de artesanos de Boyle Heights y del Distrito de las Artes. Y para cerrar la noche, el encendido de luces multicolores alrededor de los diez pares de arcos y una batería de fuegos artificiales para iluminar la ciudad diversa, contra el fondo de los edificios del centro de la ciudad, a la que Garcetti llamó, quizá con un entusiasmo excesivo, “el centro cultural del mundo”. El domingo 10 fue un día abierto para los peatones y los ciclistas que llenaron el puente posando para las fotos con la familia, amigos y animales. Por la noche el hastío se inundó de vehículos low raiders y clásicos y de motociclistas de la comunidad chicana reafirmando su espacio, su identidad y su arraigo histórico a esta ciudad. 

Después vino el desorden. O al menos así lo catalogó la policía y una buena parte de los medios locales y nacionales. Los primeros días y semanas que siguieron a la apertura del nuevo puente se convirtieron en un escenario que parecía convocar al caos. Los altos muros y los arcos comenzaron a llenarse de grafiti y pegatinas. Gente temeraria trepó hasta la cima de los enormes arcos de cemento de más de 18 metros de alto y festejaron desde allí como si acabaran de coronar los Himalayas. Las noches se llenaron del humo de las competencias de carros no autorizadas, que patinaban dejando sus marcas sobre el asfalto. Manny Chuiz, un fotógrafo de North Hills que acababa de comprar una silla de barbero, decidió plantar la silla en mitad del puente y ofrecer cortes de pelo gratis mientras los carros pasaban veloces, casi rozándole a él y a sus clientes. Pocos días después un barbero de profesión también instaló su silla en la calle y repitió la hazaña de Chuiz en medio de los carros en movimiento. Las multitudes que recorrían el puente se volvieron “ingobernables”, reportó la policía. Una fila de camiones apareció de repente, en lo que fue catalogado como un intento de tomarse el puente. Varios carros se estrellaron contra los muros de la nueva vía. La policía comenzó a confiscar carros, hizo cientos de arrestos y en menos de un mes cerró el puente cuatro veces. Las tareas de limpieza y remoción de grafiti han costado ya a la ciudad más de cien mil dólares y aunque las cosas parecen haberse calmado hay un incremento de policía vigilando el sector a cada lado del puente.   

¿Cómo, pues, acercarse a una interpretación de estos eventos, que a primera vista contradicen el espíritu festivo inicial y se manifiestan como simple y llano vandalismo contra una obra llamada a convertirse en el nuevo ícono de la ciudad? Uno puede verlo por el lado inmediato, superficial, de los hechos obvios; tal como lo recalcó Kevin de León, al indicar que estos actos transgresivos se producen porque estamos en la era de Instagram, y son el instante esperado para tomar fotos y videos que pueden volverse virales. O quizá resignarnos y aceptar, sin más complicaciones, que esta es la manera como parte de la población celebra los triunfos colectivos en Los Ángeles y otras partes del mundo. Basta solo recordar que el pasado 13 de febrero, cuando los Rams ganaron el Super Bowl contra los Cincinnati Bengals en el Estadio Sofi de Los Ángeles, los fanáticos salieron a las calles a bailar y cantar. En medio de la algarabía una persona fue herida de bala; otros pintaron grafiti en un bus y estallaron fuegos artificiales en su interior. Otros incendiaron llantas, mientras otros brincaban sobre los techos de vehículos atascados en las calles cerca del estadio. Y sí, algunos de los videos se hicieron virales.

O uno puede acercarse, en el caso particular del puente de la Calle Sexta, con una mirada que pasa por las ceremonias, los discursos, los cortes de cinta y las acciones transgresivas, y tomar en cuenta las preocupaciones de fondo de la comunidad latina de Boyle Heights. Preocupaciones que están ligadas a cómo el nuevo y moderno puente contribuirá a acelerar aún más el proceso de gentrificación y desplazamiento que Boyle Heights y las demás comunidades latinas de los alrededores han enfrentado durante décadas. El fenómeno de aburguesamiento de los centros urbanos populares antiguos no es nada nuevo ni exclusivo de los Estados Unidos. La idea del progreso excluyente que anima a los sectores dominantes de la sociedad promueve la convicción de que estas reconfiguraciones urbanas son inevitables, y por tanto se actúa con método y estrategia, sin importar el tiempo que requieran para llevarse a cabo. La verdad es que la única razón por la que la gentrificación y el desplazamiento de grupos marginados parecen inevitables es porque se producen desde el poder y el control de un grupo, y no como parte de un proceso democrático consultivo ni de justicia social.

Las prácticas de desplazamiento poblacional han ocurrido en toda la historia del país a través de acciones impositivas y violentas, y de leyes que las justifican y las promueven. Uno de los periodos en las que se profundizan estas prácticas que siguen teniendo su marca en el presente, ocurrió durante la presidencia de F.D. Roosevelt y su New Deal (Nuevo Pacto), que buscaba superar la Gran Depresión de los años treinta. Entre un sinnúmero de iniciativas discriminatorias, el plan facilitó que los bancos y demás instituciones crediticias concedieran préstamos de interés bajo a la población blanca para comprar o construir viviendas y otros bienes inmuebles e iniciar negocios. Asimismo, se les preferenció para obtener trabajo y beneficios federales, estatales y locales, lo que les permitió la recuperación y el progreso económico en relativo corto plazo. Al mismo tiempo estos beneficios les fueron negados a las comunidades afroestadounidenses, latinas y otros grupos racializados, en gran parte a través de la creación del redlining (líneas rojas), una política racista que determinó que los sectores urbanos donde vivían estas comunidades no tenían valor suficiente para ser incluidos en los programas de ayuda para adquisición de vivienda o de préstamos. Un aspecto de estas políticas gentrificantes, que algunos historiadores llaman la cuarta ola de las políticas de Jim Crow, “tuvo su impacto más directo en el desplazamiento: los alquileres y los precios de las casas aumentaron dramáticamente y los antiguos residentes no tuvieron más opción que irse a vivir lejos del centro de la ciudad” (1), como apunta el sociólogo Samuel Stein.

La población mexicoestadounidense tiene muy presente el atropello y desalojo sufrido en Barranco Chavez (Chavez Ravine), un área del centro de Los Ángeles que comprendía las comunidades de Palo Verde, La Loma y Bishop, establecida por el colono mexicano Julián Chavez en 1836. A comienzos de los años cincuenta las autoridades angelinas declararon que Chavez Ravine era un tugurio indigno para la ciudad y por tanto debía tener un nuevo desarrollo urbano. Las familias mexicoamericanas fueron obligadas a vender sus casas al gobierno y mudarse a otras partes; en otros casos les fueron expropiadas. El supuesto plan era construir una serie de conjuntos residenciales de bajo costo con fondos federales y a los residentes forzados a irse se les prometió prioridad para la compra de las nuevas viviendas que serían hechas. Los pocos habitantes que se resistieron fueron desalojados a la fuerza por la policía. Con el terreno libre, el gobierno abandonó el proyecto de construir viviendas y en cambio en 1959 vendió los terrenos a Walter O´Malley, dueño de los Brooklyn Dodgers de Nueva York, quien construyó allí el estadio de Los Dodgers y mudó su equipo a Los Ángeles (2). Hoy día los sobrevivientes de Chavez Ravine se denominan a sí mismos “los desterrados”, mientras los fanáticos de los Dodgers, muchos de ellos latinos, gritan con entusiasmo, “Go blue!” (por el azul oficial del equipo). La máquina del progreso es aplastante.

No hay duda que la historia de Chavez Ravine y la construcción del estadio de los Dodgers se miran en el espejo de la gentrificación y desplazamiento de barrios latinos como Boyle Heights, Highland Park, el Centro de Los Ángeles, Silver Lake, Echo Park, Eagle Rock y el Este de Los Ángeles, entre otros. Boyle Heights, que es el barrio directamente conectado con el puente de la Calle Sexta, fue en la década de los cincuenta una de las comunidades más diversas del Condado, con una significativa población judía, afroestadounidense, japonesa, rusa y, por supuesto, chicana. Con los años se convirtió en uno de los núcleos nacionales de la cultura chicana y sede de la emblemática Plaza de los Mariachis. Según el censo de 2020 de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, tiene una población de unos 87 mil residentes, de los cuales el 93% son hispanos/latinos/chicanos. Un 64% tiene un mínimo de educación y trabaja en tiendas, restaurantes, oficinas y en coordinación de ventas, entre tanto que un 36% trabaja en fábricas, construcción y talleres de mecánica. Un promedio de cuatro mil residentes tiene negocios independentes y un número parecido trabaja con instituciones del gobierno. En medio de este variado espectro, los ingresos tienden a ser de modestos a bajos. Pero quizá un aspecto que refleja vulnerabilidad frente al avance de la gentrificación es el hecho de que solo un 25% de las 22 mil 600 unidades de vivienda del barrio están ocupadas por sus dueños, entre tanto que el 75% del resto de su población alquila las casas o apartamentos en que vive. Los precios de los alquileres han subido fuera del alcance de gran parte de la comunidad y está empujando a muchos a buscar vivienda y modos de vida en otras áreas del Condado, e inclusive a emigrar a otros estados.

Algunos miembros de la comunidad han sido y siguen siendo activos en la defensa del barrio y se han organizado para combatir las fuerzas que buscan desplazarlos, como el aumento de negocios de alto costo, galerías de arte, cervecerías y la posible reconversión del histórico edificio de Sears de 1927 en un gigante conjunto de apartamentos que atraerá al vecindario personas con mayor poder adquisitivo. Entre estas organizaciones está la Unión de Vecinos que empezó en 1996, y luego se unió a la actual Red de Comités Vecinales. Está también Defiende Boyle Heights, parte ahora del Movimiento de Defensa Unido Vecinal y La Corporación Comunitaria del Este de Los Ángeles. Todos estos grupos lideran una continua movilización que aboga por inclusión, justicia social, autosuficiencia económica, congelación de alquileres y la ayuda a personas y familias que han sido desplazadas por falta de recursos.

Un fenómeno a tener en cuenta en el movimiento anti-gentrificación es la creciente mudanza de latinos de clase media, con estudios universitarios y diversas profesiones, a barrios como Boyle Heights. En algunos casos son jóvenes que nacieron y crecieron en el vecindario, se fueron a estudiar y ahora están regresando para rehabitar estos espacios familiares, en lo que Alfredo Huante llama gente-ficación, en contraste con gentrificación (que en su sentido original conlleva la idea de una burguesía que desplaza de su territorio a la población obrera y marginada). Al hablar de su concepto de gente-ficación de esta emergente clase media mexicoestadounidense y latina, Huante indica que “en lugar de seguir el camino tradicional hacia los suburbios de clase media más al este, hacia el vecino Valle de San Gabriel, la gente-ficación en Boyle Heights capitaliza la proximidad al centro; al hacerlo, se reimaginan los patrones de movilidad espacial de los latinos establecidos allí durante el último medio siglo” (3). De ese modo refuerzan la inversión monetaria y social y contribuyen a preservar la identidad cultural con miembros de su propio grupo.

No hay que perder de vista que una gran parte de la fuerza laboral que construyó el puente de la Calle Sexta fue mexicana/latina y tanto ellos como sus familiares y vecinos participaron con orgullo de las celebraciones de inauguración. Pero a la vez no es menos cierto que los que viven en Boyle Heights y otros barrios cercanos ahondan en el temor no infundado de que el nuevo viaducto y el suntuoso parque que se planea construir debajo y en sus alrededores siga atrayendo a una población no latina y con más solvencia económica que termine apoderándose de su territorio, como ha ocurrido tantas veces en el pasado.

Como lo expresó en Ciudad de Cuarzo el recién fallecido Mike Davis, uno de los más agudos críticos sociales y visionarios de Los Ángeles, “Si hubo un momento para el fuego en el vientre y una política radical de esperanza, es ahora. A pesar de la montaña de oro que se ha construido en el centro de la ciudad, Los Ángeles sigue siendo vulnerable a la misma convergencia explosiva de ira callejera, pobreza, crisis ambiental y fuga de capitales que hizo de principios de la década de 1990 su peor período de crisis desde principios de la Depresión” (4). Y esa explosiva convergencia de ira callejera, ese fuego en el vientre que parece no tener orden y que todo lo rompe, es lo que se solapa detrás del grafiti, del tumulto de los low raiders chicanos y de los miles sin techo que sobreviven a la intemperie a pocos metros del puente. Esas voces explosivas han sido siempre el germen radical de la esperanza. De ese futuro caótico en que se mira el presente.

Fuentes citadas:

1) Capital City. Gentrification and the Real Estate State (Ciudad capital. Gentrificación y los verdaderos bienes raíces), por Samuel Stein. Verso Books, 2019.

2) Stealing Home. Eminent domain, urban renewal, and the loss of community (Robando base. Expropiación, renovación urbana y pérdida de la comunidad), por Linda Christensen. Zinn Education Project, s/f.

3) A Lighter Shade of Brown? Racial Formation and Gentrification in Latino Los Angeles (¿Un marrón más claro? Formación racial y gentrificación en Los Ángeles latinos), por Alfredo Huante. Social Problems, Volume 68, Issue 1, February 2021.

4) Ciudad de Cuarzo. Excavando el futuro de Los Ángeles, por Mike Davis, Madrid, Ediciones Lengua de Trapo, 2003.

 (Publicado en Hispanic LA el 1 de noviembre, 2022)

CUADERNOS DE LA PANDEMIA

Encarcelamiento masivo en “la tierra de los libres”

The Quiilts Journeys I & II, Aminah Brenda Lynn Robinson. National Underground Railroad Museum, Cincinnati, OH

 Son mis voces cantando
para que no canten ellos,
los amordazados grismente en el alba,
los vestidos de pájaro desolado en la lluvia.

Hay, en la espera,
un rumor a lila rompiéndose.
Y hay, cuando viene el día,
una partición del sol en pequeños soles negros.
Y cuando es de noche, siempre,
una tribu de palabras mutiladas
busca asilo en mi garganta,
para que no canten ellos,
los funestos, los dueños del silencio.

—Alejandra Pizarnik

14 de octubre, 2022. Para nadie es un secreto (o al menos no debería serlo) que los Estados Unidos es el país con mayor número de presos del mundo. Un promedio de 2 millones 300 mil hombres y mujeres se consumen detrás de muros opresivos en 1.566 prisiones estatales, 102 prisiones federales, 2.850 cárceles locales, 1.510 correccionales juveniles, 186 centros de detención para inmigrantes, 82 cárceles en reservaciones indígenas, además de prisiones militares, hospitales psiquiátricos estatales y prisiones en los territorios fuera del área continental. Esta cantidad de personas privadas de su libertad equivale al total de la población de 15 de los 50 estados del país. La única nación que compite, y de lejos, con esta estadística escabrosa es China, con un millón 600 mil personas tras las rejas, a la vez que se debe anotar que China tiene una población cuatro veces más grande que la de los Estados Unidos.

 La trayectoria de los Estados Unidos como nación carcelaria no es nueva. Le viene desde los tiempos de la colonia inglesa en la que se practicaban a diario los “azotes en público, la inmovilización de cuello y manos, una combinación de los dos, marcaje en la piel mediante un hierro caliente, desfiguración, rotura de una mano, brazo o pierna, pena de cárcel o destierro” (1). Pero muy pronto la colonia inglesa pasó de estos castigos individuales a una visión más colectiva y utilitaria de tres sectores poblacionales que fueron cayendo bajo su dominio. Uno de ellos fue el tráfico de esclavos africanos a partir de 1619; otro, el desplazamiento de convictos ingleses para poblar nuevos territorios conquistados como ocurrió en la colonia de Georgia a partir de la década de 1720 (igual como haría décadas más tarde el imperio británico con el envío de presos para colonizar Australia). Un tercer segmento, menos conocido, fueron los miles de indígenas sometidos a esclavitud durante la colonia y después de la independencia de los Estados Unidos, como lo recuenta el profesor e historiador Alan Gallay en Indian Slavery in America (Esclavitud Indígena en los Estados Unidos) (2). Así, los nacientes Estados Unidos de 1776 reforzaron desde sus orígenes su identidad como un estado esclavista y penitenciario.

Terminada la guerra civil en 1865, dos años después de haberse declarado el fin de la esclavitud, la Constitución incorporó la Enmienda 13 que reinstituía de facto la esclavitud. La sección 1 de la Enmienda dice: “Ni en los Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción habrá esclavitud ni trabajo forzado, excepto como castigo de un delito del que el responsable haya quedado debidamente convicto”. En este engañoso juego de palabras, la segunda cláusula abre la puerta para que la población negra, que acababa de ser emancipada, volviera a estar sujeta “legalmente” a la esclavitud. En efecto, después de la firma de la Enmienda 13, las autoridades judiciales impusieron el sistema de arrendamiento de los presos negros para trabajar en las plantaciones, incluso en aquellas “donde los prisioneros habían sido esclavizados anteriormente” (3). Las llamadas leyes de segregación de Jim Crow, que se añadieron a los ya existentes Códigos Negros (Black Codes), terminaron sometiendo aún más a la población afrodescendiente. Entre otras cosas, se les exigía mostrar prueba de trabajo a riesgo de ser encarcelados y enviarlos a trabajos forzados por vagancia, a limitar la manera de tratar a las personas blancas y el acceso a tiendas y restaurantes, a vivir y estudiar en comunidades y escuelas separadas de la población blanca. La Enmienda 13 fue, en fin, el instrumento para que el estado y sus leyes supremacistas pudieran seguir explotando en la vida diaria y en el sistema penitenciario a la población negra y por extensión a los demás grupos racializados.

 De allí al encarcelamiento masivo que presenciamos hoy en los Estados Unidos solo había un paso. Ese paso fue la declaración de guerra contra las drogas por el presidente Nixon en 1971. En los años siguientes, y en particular a partir de los 80, empiezan las enormes redadas en las comunidades negras y latinas, que ya desde antes conformaban el mayor número de presos, pero ahora en cifras más grandes. Bajo los gobiernos de Reagan, H.W. Bush y Clinton, la guerra frontal contra las drogas se tradujo también en políticas intervencionistas y represivas en países latinoamericanos. Colombia fue y sigue siendo uno de los países de la región donde los Estados Unidos han intervenido con “asesoría” militar (con la implantación de bases militares), fumigación con glifosato (herbicida prohibido en los EE UU por considerarse cancerígeno, y ahora prohibido también en Colombia por el gobierno de Gustavo Petro), y fondos al gobierno nacional para combatir las drogas ilícitas. Todas estas acciones agresivas esconden la verdadera cara de esta guerra que es la cultura de la demanda y el billonario negocio de lavado de dinero del que se benefician en gran parte los que pretenden combatirlo.

 Al final, después de más de 40 años, el combate militarista contra las drogas solo ha dejado decenas de miles de muertos y desaparecidos, campesinos desplazados y narcotraficantes extraditados a las cárceles de EE UU, sin que haya habido ninguna reducción ni en la producción, ni en el tráfico, ni en el consumo. En los EE UU el impacto humano se ha sentido sobre todo en el encarcelamiento y condena de consumidores y microtraficantes de las calles, mientras que los padrinos de la droga continúan en libertad en oficinas y en mansiones-fortalezas en América Latina, los Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo. De acuerdo con Prison Policy Initiative, los convictos por drogas comprenden el 20% del total de los presos, a la vez que más de un millón de personas son arrestadas cada año por delitos relacionados con drogas, y pasan meses en centros de detención o cárceles locales hasta que pagan una fianza, se les pone en libertad, o se les dicta sentencia y son trasladados a una prisión (4).

 Pero también es importante señalar que el encarcelamiento masivo no es solo el resultado de la guerra contra las drogas sino también de la puesta en marcha de las políticas macroeconómicas neoliberales desde los años 80. La desregularización del capital, las nuevas normas fiscales restrictivas y la privatización de los servicios públicos, terminó afectando a la población más vulnerable en su acceso a servicios médicos, vivienda, educación y trabajo. La producción de manufacturas se trasladó a países donde se podía explotar la mano de obra barata y sin sindicatos o con sindicatos poco organizados y efectivos. Los tratados de libre comercio que se iniciaron en 1994 con países de América Latina y otras regiones del mundo terminaron creando marginación y pobreza para los pequeños agricultores y comerciantes, mientras enriquecieron aún más a las grandes corporaciones de América Latina, Estados Unidos y Europa. El resultado ha sido la creciente falta de participación del estado en inversión social, desempleo y aumento de la delincuencia y la migración, que terminó alimentando más la maquinaria carcelaria en esos países y los Estados Unidos.

 Las políticas neoliberales, que junto a la guerra contra las drogas impulsaron el encarcelamiento masivo, dieron origen natural al gran negocio de las cárceles privadas. Aunque la contratación de entidades privadas de servicios para las cárceles existía desde las guerras de independencia, es bajo el gobierno de Regan en 1983 cuando se crea la primera red de prisiones privadas y centros de detención con ánimo de lucro, la Corporación de Correcciones de los Estados Unidos (hoy CoreCivic), que administra 65 centros de detención y una capacidad para 90 mil presidiarios. El Grupo Geo, que se formó solo un año después, es al presente la red más grande de cárceles privadas con 106 instalaciones carcelarias, incluyendo centros de detención para inmigrantes en la frontera con México, con capacidad para 86 mil presos hombres y mujeres. CoreCivic reporta ganancias anuales de 2 billones de dólares, mientras los beneficios anuales del Grupo Geo ascienden a cerca de 2 billones y medio de dólares. El gobierno federal paga a estas cárceles privadas por cada preso, lo que hace que tener más presos y por más largo tiempo represente más dinero para todo el sistema carcelario. Las cárceles privadas han sido objeto de controversia desde su fundación, acusadas de violaciones a los derechos humanos que incluyen hacinamiento, confinamiento solitario por negarse a trabajar y prolongada detención de los presos sin ser llevados a juicio.

 Este año 2022 fue publicado uno de los informes más completos y actuales acerca de las condiciones legales y laborales de los presos en las cárceles de los Estados Unidos y de cómo el sistema penitenciario público y privado se enriquece a costa de ellos. El informe “Captive Labor: Explotation of Incarcerated Workers” (Trabajo cautivo: explotación de trabajadores presos) es un esfuerzo conjunto de Global Human Rights Clinic y la Escuela de Leyes de la Universidad de Chicago. Presenta evidencias de que, aunque pueda haber variantes, las fuentes de ganancia de las cárceles privadas y públicas son parecidas. Radican en la explotación laboral de los presos, quienes trabajan en una infinidad de áreas que van desde la manufactura de productos para grandes compañías y plantaciones penales, hasta la prestación de servicios “como cocineros, lavaplatos, porteros, jardineros, barberos, pintores, plomeros; en lavanderías, cocinas, fábricas y hospitales” (5), mientras los mantienen bajo vigilancia.

 En los estados de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Mississippi, South Carolina, y Texas, los presos no reciben ninguna compensación económica por su trabajo. Según el informe, las cárceles que sí les pagan les dan apenas entre 13 a 52 centavos la hora y los que más ganan, el 6.5% del total de presos, reciben de 30 centavos a 1.30 dólares por hora. De esos “sueldos”, que no alcanzan a ser ni de miseria, tienen que pagar por su propia comida, hospedaje en la prisión, llamadas telefónicas, lavandería, servicios médicos e impuestos, que al final los dejan sin un centavo en el bolsillo.

 Los presos, hombres y mujeres, están excluidos de todos los beneficios y protecciones laborales que puede tener un trabajador o trabajadora libre. El único derecho que tienen es a ser castigados al confinamiento solitario, o a que se les suspendan las llamadas telefónicas, si se niegan a trabajar. Durante el pico de la pandemia muchos de estos presos tuvieron que trabajar en hospitales y funerarias. Hasta abril de este año 2022, más de 800 mil presos fueron infectados y más de 3 mil murieron por causa del coronavirus. El informe denuncia que mientras los presos tuvieron que fabricar máscaras, desinfectantes para manos, guantes y otros materiales de protección, a ellos y ellas se les prohibió usar esos medios de protección. El informe concluye, “No es de extrañarse que la pandemia se expandiera como fuego por las prisiones”.

 Dentro de todo este oprobioso sistema esclavista carcelario, hay otras múltiples historias. Como el centro de detención en la bahía de Guantánamo, Cuba, creado en el 2002 por los Estados Unidos para encarcelar a personas sospechosas de terrorismo como parte de la guerra contra el terrorismo desatada poco después de los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York en el 2001. A lo largo de estas dos décadas, Guantánamo ha llegado a tener a un mismo tiempo alrededor de 800 presos de más de 40 países; muchos de ellos de iraquíes y afganos que profesan el islamismo. Guantánamo ha sido objeto de constantes denuncias de tortura y desaparición forzada. Actualmente hay 39 presos, casi todos con 20 años de encierro y todavía a la espera de un juicio.

 Parte integral también de todos los movimientos de los Estados Unidos en sus autodeclaradas guerras contra las drogas, contra el terrorismo y contra el comunismo, ha sido su política de intervencionismo autoritario. Uno de los efectos de esto, sumado al cambio climático, las guerras civiles y las dictaduras militares auspiciadas por los Estados Unidos, ha sido la migración masiva desde ciertos países latinoamericanos también desde los años 80, con un aumento notable en lo que va del siglo 21. Esto ha llevado a crear en los estados fronterizos con México el sistema de cárceles para migrantes más grande del mundo, administradas muchas de ellas por CoreCivic y el Grupo Geo. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, declara tener 135 centros de detención, aunque esa cifra puede variar considerablemente si se tiene en cuenta que ICE usa distintos tipos de instalaciones para encerrar a los migrantes. El número de migrantes detenidos en esos centros carcelarios, esperando que se atiendan sus solicitudes de ingreso, o expuestos a deportación, cambia de día en día. El dato más reciente del Centro de Acceso a Documentos Transnacionales, TRAC, indica que hasta el 25 de septiembre de 2022 había 25.134 migrantes en esos centros, donde se les demora la resolución de sus casos, y 317.700 individuos y familias en libertad pero monitoreados a través del uso de tecnología de ICE.

 En este espectro de lo que la activista y abolicionista Angela Davis llama el complejo industrial carcelario, está la realidad de que las mujeres se han convertido en el segmento de mayor crecimiento en las cárceles de los Estados Unidos. Alrededor del 90% de las mujeres en la cárcel han sufrido abuso sexual y/o doméstico y han sido capturadas y llevadas a la cárcel por delitos menores relacionados con las drogas, o por uso de violencia para defenderse de sus abusadores. A menudo, cuando llegan a la cárcel también tienen que confrontar violencia física y sexual por parte de las autoridades carcelarias. Muchas de ellas no han terminado la escuela secundaria y han vivido la mayor parte de sus vidas en condiciones de extrema pobreza, falta de vivienda y sin atención de salud. Además, tanto mujeres como hombres que han estado presos al salir en libertad enfrentan discriminación, estigmatización como criminales, dificultades de adaptación con sus familias y falta de oportunidades para encontrar trabajo. En algunos estados no pueden volver a votar por el resto de sus vidas, o por un largo período. Dado que muchos de estos expresidiarios pertenecen a grupos marginados y racializados, el sistema político usa estas restricciones legales para impedirles votar y alinearlos de sus derechos más básicos. La máquina trituradora de vidas está bien ensamblada y en funcionamiento. 

Organizaciones por los derechos humanos y civiles como la ACLU y la NAACP se han involucrado en la lucha contra el encarcelamiento masivo. Junto a ellas hay un creciente número de organizaciones cuyo objetivo es luchar por abolir o reducir al máximo el sistema carcelario y enfocar en cambio en la inversión de recursos en las comunidades más empobrecidas del país con educación, fuentes de trabajo y desarrollo social. En el 2016 un estudio del Centro Brennan halló que, de un millón 460 mil presos hombres y mujeres, 576 mil no representaban ninguna amenaza para la sociedad y podía habérseles dado sentencias mucho más bajas, o simplemente pagar con servicio comunitario (6).

Si el interés del gobierno fuera en realidad acabar con el narcotráfico y el crimen en general, enfocaría mucho más en estrategias de prevención y sobre todo en el acceso a la educación y el mejoramiento de las condiciones de las comunidades marginadas y empobrecidas. En cambio, al día de hoy casi el 75% de los 50 estados tienen más cárceles que universidades. Solo 13 estados son la excepción: California, Arizona, West Virginia, Pennsylvania, New Jersey, Connecticut, Delaware, Rhode Island, Nueva York, Massachusetts, Vermont, New Hampshire y Maine. Pero el límite de esa excepción es bastante estrecho. Hablando solo de California, el estado ha creado apenas cuatro universidades públicas desde 1980 (tres dentro del sistema de CSU y una de UC). Sin embargo, desde los 80 ha abierto 23 nuevas cárceles del total de 35 cárceles para adultos, además de varios centros correccionales y de detención. El eje central del problema son las políticas supremacistas que hacen que el acceso a la educación superior sea limitado y desestimulado para la gente sin recursos, a la vez que el estado decide que pueden ser más productivos a través del trabajo esclavizante de las cárceles.

 Después de siglos del rodaje de una aplastante maquinaria carcelaria, uno no puede más que coincidir con Angela Davis: “Las cárceles no desaparecen los problemas sociales; desaparecen seres humanos. Y la práctica de desaparecer grandes cantidades de personas de comunidades pobres, inmigrantes y racialmente marginadas se ha convertido literalmente en un gran negocio” (7). Un gran negocio de cuerpos devorados por el capitalismo canibalista. Los tentáculos del sistema penitenciario son enormes y a la vez invisibles. Las altas paredes, donde aún la luz es triste, ocultan de la vista de los transeúntes la vida que agoniza anónima y despojada de humanidad. Pareciera que solo a los familiares y a un puñado de activistas les importara el destino de estos cuerpos obligados a ser la parte esclava del gran negocio de las rejas o a ser aún más castigados si se rebelan contra la norma. Entonces uno piensa en el significado de palabras como democracia, independencia y emancipación, y en los festejos públicos de cada 4 de julio cuando la gente llena estadios y canta el himno nacional, uno de cuyos versos dice que esta es “la tierra de los libres”. Entonces uno se imagina cómo se oirían 2 millones 300 mil voces cantando ese verso al unísono detrás de las rejas de la prisión más grande del mundo.

 Fuentes consultadas:

1) “La vida cotidiana en la Norteamérica colonial”. Joshua J. Mark, 8 abril 2021.

2) Indian Slavery in America. Alan Gallay. University of Nebraska Press, 2009. Ver también The other slavery: The uncovered story of Indian enslavement in America. (La otra esclavitud: la historia descubierta de la esclavitud en América), por Andrés Reséndez. HMH, 2016.

3) “Enmienda el 13: proscribe la esclavitud en los Estados Unidos”. Freedom United, 2021.

4) “Mass Incarceration: The Whole Pie 2022” (Encarcelamiento masivo: el pastel completo, 2022). Wendy Sayer y Peter Wagner. Prison Policy Initiative. 14 de marzo, 2022.

5) Captive Labor: Exploitation of Incarcerated Workers (Trabajo cautivo: Explotación de trabajadores encarcelados). University of Chicago Law School-Global Human Rights Clinic. Jennifer Turner, et al., 2022.

6) “The History of Mass Incarceration” (Historia del encarcelamiento masivo). James Cullen. Brennan Center. 20 de julio, 2018.

7) “Masked Racism: Reflections on the Prison Industrial Complex” (Racismo enmascarado. Reflexiones sobre el Complejo Indistrial de Prisiones). Angela Y. Davis. ColorLines, 10 septiembre, 1998.

 Tres lecturas recomendadas:

¿Son obsoletas las prisiones?, por Angela David.

Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, por Michel Foucault.

El color de la justicia: La nueva segregación racial en Estados Unidos, por Michelle Alexander.

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(Publicado en Hispanic LA, 15 de octubre, 2022)

CUADERNOS DE LA PANDEMIA

Los opioides y el cartel estadounidense

 “¿Y si detrás de la crisis [de los opioides] hubiera un crimen espectacular?”

                  —letrero en una carretera de los Estados Unidos

 19 de septiembre, 2022. Es una suerte de leyenda urbana. Señala que todo empezó con una carta al editor del New England Journal of Medicine (Revista de Medicina de Nueva Inglaterra) en 1980, escrita por los médicos Hershel Jick y Jane Porter del Centro Médico de la Universidad de Boston. La revista tituló la carta “La adicción es rara en pacientes tratados con narcóticos”, usando una de las cinco frases de la breve nota. Las leyendas urbanas no siempre están poseídas del carácter sobrenatural que se les atribuye a muchas de sus primas hermanas, las leyendas a secas. Son historias con las que se exponen, y a menudo se distorsionan, eventos relativamente nuevos en las ciudades. La dichosa carta (que ni a carta llega) cae dentro de esta categoría y se usa hoy como uno de los puntos de partida para descifrar, y a veces justificar, el origen de una de las tramas criminales más corruptas y lucrativas gestadas en los Estados Unidos: el tráfico de narcóticos legales, en el que participaron grandes compañías farmacéuticas, distribuidores de drogas, políticos, lobistas y médicos para producir, distribuir, prescribir, vender y finalmente crear una de las peores epidemias en la historia de este país, con más de diez millones de adictos y centenares de miles de muertos por sobredosis en los últimos 25 años.

La carta en cuestión de los médicos Jick y Porter dice: “Recientemente examinamos nuestros récords actuales para determinar la incidencia de adicción a los narcóticos en 39.946 pacientes hospitalizados, quienes fueron monitoreados consecutivamente. Aunque hubo 11.882 pacientes que recibieron al menos un preparado narcótico, hubo solamente cuatro casos de adicción razonablemente bien documentados en pacientes que no tenían un historial de adicción. Solo en un caso la adicción fue considerada grave. Las drogas implicadas fueron Meperidine en dos de los pacientes, Percodán en un tercero, e Hidromorfona en el cuarto. Concluimos que, a pesar del amplio uso de drogas narcóticas en los hospitales, el desarrollo de adicción es raro en pacientes sin historial de adicción” (mi traducción) (1). Como lo infiere la carta, y como es sabido, los narcóticos (analgésicos opioides para tratar diversos tipos de dolor) ya eran usados de manera extensa en los centros de salud desde mucho antes de la década de los 80. Sin embargo, es a partir de esa fecha cuando las estadísticas comienzan a mostrar un aumento progresivo de adictos a los opioides recetados. La carta de los médicos Jick y Porter era mencionada continuamente como un justificante para el aumento en las prescripciones de compuestos narcóticos cada vez más fuertes. El rastreo de esta historia muestra, sin embargo, que la verdadera crisis de los opioides empieza a partir de la segunda parte de los 90, y se expande a lo largo del nuevo siglo hasta desembocar en la actual tragedia nacional.

Lo que comenzó a destaparse hace pocos años en esta historia truculenta era la existencia de un complot de largo alcance que involucraba una extensa red de compañías farmacéuticas y de individuos en el mundo de la salud con el propósito de obtener ganancias billonarias a través de incentivar el consumo de opioides adictivos. Estudios, libros y documentales recientes destacan que en el centro de esta trama bien urdida está el lanzamiento en 1996 de OxyContin, un analgésico opioide fabricado por los laboratorios Purdue Pharma, de Stamford, Connecticut, que fue presentado como una droga prometedora en la lucha contra el dolor crónico. De acuerdo con la descripción clínica, el OxyContin es un narcótico clorhidrato de oxicodona para aliviar dolores por lesiones, neuralgias, artritis, bursitis y cáncer, entre otros. La familia Sackler, propietaria única de Purdue Pharma, empezó una agresiva y exitosa campaña publicitaria para promover el uso de OxyContin en foros y conferencias, en hospitales, clínicas y centros de salud que obtuvo eventualmente una respuesta favorable de parte de los profesionales de la salud.

Pronto, OxyContin, junto a otras drogas analgésicas como Percocet y Vicodin, y píldoras genéricas de oxicodona e hydrocodona comenzaron a ser recetadas por los médicos de manera masiva en muchas ciudades del país. Aparte de Purdue Pharma, una vasta cadena de compañías manufactureras y distribuidoras de opioides se fue sumando a este narcotráfico nacional. Entre ellas, CVS, Rite Aid, Walgreens, Walmart, Mallinckrodt, Rite-Aid, Endo Health Solutions, Allergan, AmerisourceBergen, Rochester Drug Cooperative, Costco, Teva Pharmaceuticals USA, Johnson & Johnson y otras farmacias y distribuidores afiliados a las anteriores o independientes. Billonarias cantidades de dinero comenzaron a llenar los bolsillos de Purdue Pharma y de la familia Sackler, y de estas otras compañías, a la vez que crecía una ola de adictos y muertos por sobredosis de OxyContin.

¿Por qué si esta droga es tan adictiva y letal se sigue permitiendo su uso hasta hoy? La respuesta se basa en la responsabilidad que se supone asume el consumidor con las contraindicaciones. Una de las novedades de OxyContin es que a diferencia de otros analgésicos fuertes que deben tomarse con más frecuencia, éste tiene un proceso de mitigación del dolor de doce horas para liberar la oxicodona, su principal ingrediente activo. Esta fórmula permitió así que los que padecían dolores crónicos intensos recibieran cuatro veces más el nivel de tratamiento que otros analgésicos. Pero en vez de tragar la pastilla, como debe hacerse, los pacientes hallaron que al masticarla, inhalarla, inyectarla o disolverla se obtiene un efecto más inmediato para calmar el dolor. Cuando los pacientes la consumen de alguna de estas maneras experimentan euforia y alivio del dolor, parecido a los efectos de la heroína. En poco tiempo, el consumo habitual de la droga, ya sea convencional o irregular, neutraliza sus efectos, y el paciente comienza a ingerir cantidades mayores que le llevan a la adicción y de allí a la sobredosis y la muerte. Un número cada vez mayor de adictos empezó a comprar el OxyContin a traficantes en la calle, venciendo de esa manera los obstáculos de una receta médica. Este opioide, llamado la heroína del pueblo, puede conseguirse a precios mucho más baratos que la heroína o que el fentanilo, este último un narcótico sintético de efectos similares a la morfina, pero considerado hasta cien veces más potente y mortífero.

Como lo indican los cientos de demandas legales, los fabricantes de OxyContin eran conscientes de la devastación que estaba causando en millones de pacientes y consumidores, y sin embargo Purdue y las farmacéuticas que participaban en el fraude aumentaron su producción. Cuando resultó evidente que había una trama criminal empujando la prescripción de este opioide, la Administración de Control de Drogas, DEA, inició investigaciones y halló que los estados del país donde había más incidencia de adicciones y muertes por sobredosis eran aquellos en los que había menos controles en la circulación y uso de opioides. El uso de OxyContin y sus equivalentes genéricos, eran significativamente menores en los estados donde existía la llamada triple prescripción en la que el médico mantiene la receta por cinco años y envía dos copias con el paciente a la farmacia; esta a su vez se queda con una copia y manda la otra a una agencia estatal de control de drogas. Por el contrario, muchos estados sin esos controles fueron literalmente inundados con OxyContin y otros medicamentos genéricos semejantes. Distribuidores, farmacias y médicos se hicieron partícipes en el saqueo del narcótico para ser vendido ilegalmente en la calle, aunque los miles de demandas y juicios que comenzarían en años recientes apuntaban a Purdue Pharma y otras compañías grandes como los principales culpables. Un artículo en la edición de mayo de 2022 del The National Center for Biotechnology Information indica que sus investigaciones muestran “que la introducción y mercadeo de OxyContin evidencian su sustancial responsabilidad en la muerte por sobredosis de las dos últimas décadas” (3).

La crisis de los opioides ha sido devastadora para gente de todas las comunidades de los Estados Unidos. Pero como siempre ocurre, las comunidades más vulnerables son las que terminan siendo más impactadas. Las adicciones al OxyContin y de allí a otros narcóticos, ha afectado de modo particular a comunidades como los blancos marginados y empobrecidos de los Montes Apalaches. Al mismo tiempo, las comunidades negras en barrios segregados y en las cárceles donde son el grupo más numeroso, han estado entre las más afectadas. La comunidad afroestadounidense enfrentó un aumento del 38% de muertes por opioides entre los años 2018 y 2019, siendo la heroína y el fentanilo la causa principal. Nora D. Volkow, directora del Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, NIDA, señala que “el racismo sistémico alimenta la crisis de opioides, del mismo modo en que contribuye poderosamente a otras áreas de disparidades e inequidades de salud” (4). Otro grupo de gran vulnerabilidad son los inmigrantes latinos y latinas que “enfrentan el temor a la detención y deportación por parte de la fuerza policial con los consiguientes problemas de salud mental para el detenido/deportado y su familia. Las personas que experimentan una enfermedad mental durante su vida también pueden experimentar un trastorno por consumo de sustancias. Según la Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud del 2018, 1.34 millones de adultos Hispanos o Latinos, de 18 años o más, tuvieron un trastorno por consumo de sustancias concurrente con una enfermedad mental en el último año” (5). Asimismo, la población indígena ha sido una de las más abatidas por los opioides en lo que va corrido de este siglo.

En el año 2018 una amplia y diversa coalición de abogados e investigadores inició lo que se considera la demanda civil de mayor envergadura en la historia de los Estados Unidos en representación de cientos de condados, pueblos, ciudades, comunidades indígenas, familias e individuos. En el proceso, la coalición ha abierto e investigado los archivos de las corporaciones farmacéuticas involucradas en la trama de los opioides, mientras se enfrenta en las cortes con las poderosas firmas de abogados que representan a las farmacéuticas. En ese mismo escenario y después de las investigaciones de años de la DEA, Purdue Pharma finalmente optó por declararse en bancarrota en 2019 ante los miles de demandas que acusaban a la compañía de haber mercadeado OxyCodin como una droga menos adictiva de lo que es y la causante de más muertes de las que ha habido en todas las guerras en que ha participado Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. El 21 de octubre de 2020 Purdue Pharma se declaró culpable de los cargos de fraude y un año y medio más tarde, el 3 de marzo de 2022, la familia Sacklers firmó un acuerdo de seis billones para atender a la infinidad de demandas. Miembros de la familia Sackler pagaron 225 millones en penas civiles y más de cien víctimas y sobrevivientes recibirán fondos de un depósito de 750 millones. Todos estos acuerdos monetarios ante la Corte de Bancarrotas blindaron a los Sacklers de cualquier demanda posterior, a la vez que esta familia, que había actuado como mecenas del arte y la educación con el dinero de su industria farmacéutica, nunca admitió su responsabilidad en esta tragedia. Una tragedia que ha costado la vida a más de 500 mil personas hasta ahora. Uno de los acuerdos de la justicia con los Sacklers era que tenían que sentarse a escuchar a 28 personas víctimas de sus opioides. Higham y Horwitz cuentan esos momentos en su libro American Cartel. Algunos de ellos eran ex-adictos, otros eran personas que perdieron miembros de su familia. Otros eran madres cuidando a bebés adictos a los opioides. Una de las madres presentes que perdió a su hijo por los opioides, le dijo a los Sacklers, “Ustedes son la escoria de la tierra”. Un hombre que perdió a su hijo de 18 años por sobredosis les dijo, “No estoy seguro de si conozco a alguna familia de los Estados Unidos que sea más malvada que ustedes”. Otras compañías como Mallinckrodt y Johnson & Johnson también pagaron multas billonarias, pero igual que Purdue Pharma no admitieron haber hecho nada malo. Solo unos pocos años antes a este juicio, en 2014, Purdue Pharma, creó MundiPharma, una compañía farmacéutica para introducir sus productos en América Latina con las mismas tácticas publicitarias para extender su imperio del dolor en toda la región. Esta es una nueva historia para seguir su desarrollo.

La dimensión de esta trama ha crecido de manera tan desproporcionada en lo que va corrido de este siglo 21 que ha creado una significativa producción editorial y cinematográfica. Hasta el momento se han publicado cerca de 40 libros en inglés sobre el tema. De ellos puedo recomendar algunos, empezando en primer lugar con American Cartel. Inside the Battle to Bring Down the Opioid Industry (El cártel estadounidense: Dentro de la batalla para acabar con la industria de opioides), por Scott Higham y Sari Horwitz, que considero uno de los mejores y más extensamente documentados. Dreamland: The True Tale of America’s Opiate Epidemic (Tierra soñada: la verdadera historia de la epidemia de opioides en EE.UU), por Sam Quiñones. Drug Dealer, MD: How Doctors Were Duped, Patients Got Hooked and Why It's So Hard To Stop (Narcotraficante, MD: cómo los médicos fueron engañados, los pacientes se engancharon y por qué es tan difícil parar), por Anna Lembke. En español, El imperio del dolor, de Radden Keefe, que sigue de cerca la historia de la familia Sackler y describe la billonaria maquinaria montada para lucrarse de la producción de OxyCodin y otros barbitúricos. Hay al menos dos filmes extensos: The Crime of the Century (El crimen del siglo), dirigido por Alex Gibney y estrenado en mayo 2021 en HBO, que cuenta la crisis de los opioides desde sus comienzos hasta nuestros días. El documental destaca que esta fue epidemia no ocurrió al azar, sino que fue “manufacturada” meticulosamente. Y la serie Dopesick, en Hulu, basada en el libro del mismo título por Beth Macy.

El aislamiento y los traumas producidos por la pandemia del covid-19 contribuyó a aumentar el número de adictos y muertos por sobredosis de opioides. Se estima que el 75% de las más de 100.300 muertes por sobredosis en los Estados Unidos entre abril de 2020 y abril de 2021, se debieron a sobredosis por opioides. Una proyección para los próximos siete años estima que un promedio de 1.2 millones morirán por sobredosis de opioides (6). El médico Hershel Jick, uno de los autores de la carta mencionada al comienzo de este artículo, dijo más de 30 años después, “Estoy mortificado de que esa carta al editor fuera usada como una excusa para hacer lo que estas compañías farmacéuticas hicieron” (7). Lo sorprendente es que a pesar del constante uso manipulativo que se le dio a la carta para promover los opioides, ni Jick ni Porter se hubieran pronunciado antes para refutar lo que habían dicho. La leyenda urbana de la célebre carta después de todo no era tan falsa. Evidentemente fue una herramienta útil para la devastación que ha causado y sigue causando la epidemia de los opioides en la vida de millones de personas en este país.

Fuentes citadas:

1) “La adicción es rara en pacientes tratados con narcóticos”, por Hershel Jick y Jane Porter. Correspondence. The New England Journal of Medicine, Vol. 302. No. 2. September 8, 1980.

2) American Cartel. Inside the Battle to Bring Down the Opioid Industry cartel americano. (Dentro de la batalla para acabar con la industria de opioides). Scott Higham y Sari Horwitz. Twelve, Hachette Book Group, 2022.

3) “Origins of the Opioid Crisis and Its Enduring Impacts” (Origen de la crisis de opioides y su impacto duradero), por Abby Albert y otros. PubMed. Mayo, 2022.

4) “Las disparidades en muertes por sobredosis de opioides continúan empeorando para la población negra”. Institutos Nacionales de la Salud, 9 septiembre, 2021.

5) La crisis de los opioides en la población hispana/latina: un asunto urgente. Administración de Servicios de Abuso de Drogas y Salud Mental, 2020.  

6) “Why Does the Opioid Mortality Rate Continue to Rise? Por Hoag Levins. University of Pennsylvania. LDI, marzo 10, 2022.

7) “Doctor Who Wrote 1980 Letter on Painkillers Regrets That It Fed the Opioid Crisis˝ (El médico que escribió una carta de 1980 sobre los analgésicos lamenta haber contribuido a la crisis de los opiáceos). Taylor Haney and Andrea Hsu, NPR, junio 2017.

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(Publicado en Hispanic LA, 19 de septiembre, 2022)

CUADERNOS DE LA PANDEMIA

Los sin techo y los nuevos laberintos de la soledad

Te absorbieron en las lejanas ciudades

y te arrojaron a la calle donde se amordaza la luz.

No escucharon tu canto de sudor vencido.

Sobre tu noche hiere

el galope de la luna.

Como el ala de un ave muerta bajo el agua

te cobijan cartones y latas y esperanzas.

Duermes el sueño estupefacto

de la que atisba la verdad desnuda

tiernamente apagada en el brillo del pasar.

Han sido muchos días imitando el palpitar

de la caridad asfixiante de la calle.

Desheredada de techos y rumores de polvo

acaso duermas,

con toda certeza ya no sueñas.

              —Nela Río, poeta argentina-canadiense

 28 agosto, 2022. La primera vez que Octavio Paz recorrió las calles de Los Ángeles en la década de los 40, vio a sus paisanos mejicanos como sombras, como figuras evanescentes recortadas contra los rascacielos del centro de la ciudad: “Lo que me parece distinguirlos del resto de la población es su aire furtivo e inquieto, de seres que se disfrazan, de seres que temen la mirada ajena, capaz de desnudarlos y dejarlos en cueros”, diría Paz en su ensayo seminal El laberinto de la soledad, publicado en 1950. Si volviera Paz a Los Ángeles del año 2022 vería no solo a mejicanos sino a decenas de miles de habitantes de distintas procedencias, amontonados, furtivos e inquietos también, sobreviviendo en tiendas improvisadas y maltrechas en las aceras, a la orilla de las autopistas, debajo de los puentes, sin un rincón digno dónde protegerse de la noche, ni tener siquiera el más mínimo asomo de algo parecido a lo que llamamos casa.  

Bienvenidos a Los Ángeles desalados del siglo 21. Y por extensión, también a New York, Chicago, San Francisco, Seattle, San Diego, y a las decenas de otras ciudades de esta Norteamérica de la abundancia, de cuyas desigualdades socioecónomicas pocos quieren hablar porque les avergüenza, o porque desnuda el lado oscuro de su realidad. Aquella que contradice el mito fundamental del sueño “americano”. Porque se asume que esta pobreza visible, este desamparo, solo sucede en los países del sur desarrapado. No aquí. Por eso, cuando caminas o pasas en carro por las calles del Skid Row, un barrio de un poco más de un kilómetro cuadrado en pleno centro neurálgico de Los Ángeles, piensas que quizá estás en otra ciudad, no en la capital mundial del entretenimiento. La miseria humana, la suciedad, el mal olor, el hambre urgente, contrastan con la imagen idealizada de las postales de playas veraniegas y de lugares icónicos que envían los turistas. Es el retrato de un fracaso social en movimiento a los que ni las agencias del gobierno ni las organizaciones humanitarias parecen encontrar una solución. Porque pocos van o les interesa ir a la raíz del problema.

 Según las últimas cifras disponibles publicadas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) en el 2020 habían 580.446 personas viviendo en las calles del país, de las cuales 352.211 eran hombres y 223.578 mujeres. Familias con niños, 171.670 y niños/niñas y adolescentes solos, 34.210. Veteranos de distintas guerras, 37.252. “Solo en Los Ángeles había más de 66.400 personas sin techo… un aumento del 13% respecto al año previo” (1), el mayor número de personas en la indigencia comparado con cualquiera otra ciudad. La Autoridad de Servicios de Indigentes de Los Ángeles (LAHSA) destacó por su parte ese mismo año 2020 que los latinos comprendían un 36,1 % del total de personas que vivían en las calles del condado, entre tanto que los afroestadounidenses eran un 33.7%. Estos números muestran que la población más golpeada eran hace dos años los afroestadounidenses, toda vez que solo representan el 7.9% del total de la población, mientras que los latinos/hispanos son el 48.5%, el grupo más numeroso (2). El resto de la población indigente está constituida por blancos no hispanos, personas multirraciales y otros grupos. Debido a las restricciones que impuso el Covid-19 en los últimos dos años y medio, el HUD y LAHSA están todavía a la espera de publicar datos más recientes y precisos en un escenario de constante movilidad y cambio. Es sabido que la pandemia ahondó la crisis económica y de vivienda y que decenas de miles de nuevas familias e individuos son nuevos habitantes de la calle.  

 Las causas de fondo de por qué tantas mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas viven en la completa indigencia y sin un techo sobre sus cabezas, son variadas. El periodista y escritor Conor Dougherty, en su libro Golden Gates: Fighting for Housing in América (Las puertas doradas: La lucha por vivienda en los Estados Unidos), publicado en 2020, arguye que uno de los problemas tiene que ver en parte con la concentración de lugares para oportunidades de trabajo y desarrollo y el creciente costo de vivir cerca de dichos epicentros. Dougherty analiza el problema en California, con casos de estudio en San Francisco y Los Ángeles, y destaca el hecho de que el estado “tiene la dudosa distinción de haber logrado producir los más altos ingresos de los Estados Unidos a la vez que las mayores tasas de pobreza”, una vez que los costos de vivienda entran en la ecuación (3).

 Entre las razones para los altísimos costos de vivienda en California está asimismo la progresiva gentrificación de antiguos vecindarios de la clase trabajadora en el centro o cerca del centro de ciudades como Los Ángeles y San Francisco. Decenas de miles de personas que han vivido ahí por generaciones no pueden mantener el costo de seguir viviendo en el área, o de pagar los elevados precios de los alquileres en esas comunidades. Muchos se ven forzados a desplazarse y vivir en ciudades dormitorio a decenas de kilómetros de distancia de sus puestos de trabajo, que a larga crea más gastos y un empobrecimiento en la calidad de vida y de salud. El ciclo de desgaste termina  arrastrando a muchos a la indigencia.

 A la gentrificación se suma el redlining (las líneas rojas), una táctica camuflada de rezonificación que empezó con el National Housing Act of 1934 (Acta Nacional de Vivienda de 1934) como parte del New Deal, a través de la cual los bancos y otras entidades crediticias negaban (y siguen negando, aunque sea ilegal) la posibilidad de un préstamo de vivienda a personas de bajos recursos y que pertenecen a grupos racializados. A la vez estas instituciones bancarias fueron y siguen siendo generosas en otorgar préstamos a la población blanca, aún cuando no reunieran las condiciones ideales para obtener una hipoteca.  Como un efecto subsecuente, la población blanca siguió gozando de mejor status y privilegios, mientras los demás grupos quedan a la intemperie y la indefensión. La crisis para las minorías racializadas se ahondó por la falta de una mayor inversión de los gobiernos federales y estatales en vivienda asequisible de bajo costo, a la vez que las autoridades beneficiaron (y siguen beneficiando) el sistema corrupto del redlining que además subsidia con dinero de los impuestos de la población a propietarios y constructores ricos y mantiene en estado de emergencia económica a los inquilinos pobres.

 En su libro The Color of Law: A Forgotten History Of How The U.S. Government Segregated America (El Color de la Ley. La historia olvidada de cómo el gobierno de los Estados Unidos segregó el país), de 2018, Richard Rothstein indica que los programas federales de vivienda de la década de los 30 crearon “un sistema de segregación auspiciado por el estado”, cuya práctica y efecto siguen hasta hoy, y en última instancia se reflejan en las decenas de miles de afroestadounidenses y latinos que hoy viven en las calles. Rothstein apunta que la Federal Housing Administration (FHA) “subsidió a constructores que estaban produciendo secciones de edificios de apartamentos y casas para la población blanca, con la condición de que ninguno de ellos fueran vendidos a los afroestadounidenses” (4).

 El desempleo, los salarios que no se compensan con el costo de vida, la violencia doméstica, la drogadicción y las enfermedades mentales son sin duda otros factores determinantes para que las personas terminen viviendo en la calle y en la mendicidad. Pero lo que tuerce y desvirtúa la verdadera razón de esta crisis fabricada es la percepción pública que termina criminalizando a los indigentes, que son las verdaderas y únicas víctimas: despojos de una tragedia humana, cuya existencia es el resultado de prácticas históricas, abiertas o soterradas, de exclusión, discriminación, segregación y supremacismo racial.

 Mientras no se confronte el verdadero problema de la crisis de vivienda y la indigencia, que es histórica y estructural, herencia de la colonia, la esclavitud y las nuevas variantes segregacionistas y del supremacismo blanco, el problema no solo seguirá latente sino que seguirá creciendo a un punto que se desborde en un estallido social. Hasta que nuevos actores políticos progresistas y antiracistas no transformen la política, las leyes, y pongan en marcha acciones de reparación y de inclusión social, que cobije a las poblaciones marginalizadas y racializadas, estaremos solo poniendo remiendos a una tragedia que se ahonda cada vez más. Mientras tanto, los muchos más de medio millón de ciudadanos sin techo seguirán disfrazados con sus harapos, expuestos a la mirada de los transeúntes indiferentes que terminan de desnudarlos y dejarlos en cueros.

 Fuentes citadas:

1) “Los Ángeles censa a su creciente población sin techo”, 26 de Febrero de 2022; “The Challenge. The facts about homelessness”. Lotus Campaign, Charlotte, NC, 25 agosto, 2022.

2) “Cifra de indigentes crece en Los Ángeles con latinos a la cabeza del problema”, Efe News, 12 de junio, 2020.

3) Golden Gates: Fighting for Housing in América, por Conor Dougherty, 2020.

4) The Color of Law: A Forgotten History Of How The U.S. Government Segregated America, por Richard Rothstein, 2018.

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 (Publicado en Hispanic LA, 28 de agosto, 2022)

CUADERNOS DE LA PANDEMIA

La violencia ARMADA nuestra de cada día

“Jamás penséis que una guerra, por necesaria o justificada que parezca, deja de ser un crimen” —Ernest Hemingway

 6 de agosto, 2022. La masacre en la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, al suroeste de Texas, el pasado 24 de mayo de 2022, pareció ser la infinita gota de sangre que rebosó el vaso. El país se vio conmovido una vez más por una tragedia más allá del horror, cuando un joven de 18 años quitó la vida a 19 niños y niñas de entre 8 a 11 años, a dos maestras, e hirió a 17 personas más. Pero es evidente que a pesar de esta nueva tragedia el vaso todavía no se ha rebosado. Nada puede garantizarnos que no habrá más ataques y más víctimas de genocidas que saldrán a acabar la vida de inocentes desprevenidos en las escuelas, en los clubes nocturnos, en los conciertos, en los centros comerciales, en las iglesias, en las maratones, en los desfiles. En cualquier parte. Sin razón aparente. O con razones desquiciadas, promovidas por una cultura de la violencia que se ofrece a bajo precio en las tiendas legales de armas de fuego y en el comercio de las armas fantasmas.

 Los Estados Unidos han estado siempre en guerra. Desde el tiempo cuando no era todavía un país sino una colonia, y luego desde el primer día de su independencia en 1776. En esa extensa cadena de violencia ha mantenido al menos tres frentes de guerra, que como todas las guerras es una sola y una misma guerra: la que ejecuta el estado, la que adelantan las milicias armadas, y la guerra de lobos solitarios que asaltan y destruyen vidas sin que les tiemble la mano. En sus 246 años como nación, el país ha pasado 227 años en guerras internas y externas. Esto es, más del noventa y dos por ciento de su historia: genocidios contra los indígenas para despojarlos de sus tierras y confinar a los sobrevivientes en reservaciones. Masacres de afroestadounidenses. Guerra en Texas contra México para apoderarse de ese estado mexicano, que terminó en una invasión militar a México hasta despojarlo de más del cincuenta por ciento de su territorio nacional (el actual suroeste de los Estados Unidos) a través de guerra y de la firma forzada del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Guerra contra España en 1898, supuestamente para ayudar a liberar a Cuba. Al final de una guerra rápida, que ganaron los Estados Unidos, Cuba quedó por cinco años intervenida por los Estados Unidos, mientras Puerto Rico, Filipinas y Guam terminaron siendo colonias de los Estados Unidos.

 A este casual inventario hay que agregar las guerras auspiciadas o promovidas en América Latina con la excusa de atajar el avance del comunismo en Centroamérica y en los países del Cono Sur (en estos últimos imponiendo dictaduras militares de derecha a través de la sangrienta Operación Cóndor), o para proteger los intereses de compañías privadas norteamericanas que han explotado la región desde la segunda mitad del siglo 19, como la United Fruit Company en Centroamérica, Colombia y Ecuador. Y las innumerables guerras alrededor del mundo, hasta el día de hoy en que el gobierno está involucrado en diversos conflictos armados; entre ellos, en Ucrania, Siria, Yemén y Somalia. La función de Estados Unidos como policía del mundo se expresa muy bien en el hecho de que este país posee más de 750 bases militares en más de 80 países (1). Tan solo para este año 2022, el presupuesto militar es de $760 billones de dólares, muy por encima del presupuesto total anual de la mayoría de naciones. En contraste, después de meses de debate, el Congreso finalmente aprobó la última semana de julio la suma de $369 billones de dólares para combatir el cambio climático en los próximos años. Una cantidad significativa. La mayor en la historia de esta nación. Sin embargo, como puede verse, representa menos de la mitad de lo que este país gastará en su enorme estructura militar en tan solo un año.

 Pero este espíritu militarista no se manifiesta solamente en las guerras federales expansionistas o de control geopolítico, sino también entre vastos sectores de la población civil. Amparados en la Segunda Enmienda de la Constitución existen hoy al menos 165 grupos paramilitares fuertemente armados a nivel nacional y estatal. La casi totalidad de estos grupos beligerantes están formados por hombres blancos de clase obrera que sienten que la población estadounidense de ascendencia noreuropea está perdiendo su rol dominante ante otros grupos. En una entrevista con la BBC, Carol Gallaher, autora del libro On the Fault Line: Race, Class and the American Patriot Movement (En la falla geológica: raza, clase y el movimiento patriota estadounidense), señala que milicias semejantes han existido desde la colonia y que su razón de ser entonces tenía “que ver con la forma como la gente llegó aquí [los colonos ingleses], cuando no había fuerzas de policía ni militares establecidas, así que la gente tuvo que crear sus propias milicias para protegerse” (2). Y no solo para defenderse. También, y sobre todo, para apoderarse del territorio de los nativos y expandir la conquista territorial con el pretexto religioso del destino manifiesto.

 Ese paradigma fronterizo y tribal de las milicias fue reafirmado en la Constitución como “el derecho del pueblo a poseer y portar armas”, y ha seguido presente hasta nuestros días. Entre las 165 milicias activas están los survivalistas: grupos milicianos que se preparan para un mundo distópico y violento; creen que el gobierno es responsable de llevar al país hacia un abismo apocalíptico y se ven como los mesías responsables de salvarlo. La arenga antigubernamental de Trump representó un impulso para estos grupos, junto a otras milicias como los Minutemen, que se enfocan en el odio y hostigamiento contra los inmigrantes y operan en la ancha frontera con México. A estas se suman también milicias antisemitas y de acoso violento contra los afrodescendientes, latinos, asiáticos y otras comunidades racializadas.

 El asalto al capitolio el 6 de enero del 2021 fue una muestra burda pero clara de la actividad de estos grupos violentos y de hasta dónde están dispuestos a llegar. Las teorías conspiratorias de grupos como QAnon no son otra cosa que la manifestación de estos grupos extremistas, listos para promover una retórica que estimule la división social y la lucha de quienes se creen predestinados a perpetuarse en el poder.

 Al final de esta violencia endémica están los lobos solitarios, mayormente jóvenes, que tienen fácil acceso a la compra de armas de fuego y atacan a feligreses judíos en las sinagogas, o a congregantes en iglesias de afrodescendientes, o a escuelas y universidades, o a supermercados donde la mayor parte de los clientes son latinos, o negocios de personas asiáticas. En un artículo reciente en The Atlantic, Ryan Busse se pregunta sobre los motivos que impulsan a estos jóvenes a cometer estos asesinatos masivos.  “Parece que estamos buscando respuestas a tientas: ¿es el racismo y la radicalización, o una enfermedad mental no tratada, o videojuegos tóxicos, o un acceso demasiado fácil a las armas? Todos estos pueden ser partes del problema, pero igualmente ninguno de ellos tiene sentido completo fuera del contexto más amplio: el esfuerzo de marketing moderno de la industria de las armas no solo armó a estos tiradores; en un sentido muy real, los creó” (3). Y esa misma industria ha facilitado la tasa cada vez más elevada de suicidios y violencia doméstica, que constituyen también otros frentes donde las armas de fuego tienen un papel central. Según datos gubernamentales, el suicidio es la segunda causa de muerte entre personas de 10 a 34 años. Solo “en el año 2019 se reportaron un total de 47.511 muertes por suicidio” y el método más utilizado fueron las armas de fuego (4).

 Después de siglos de alimentarse de una dinámica imparable de guerra, es evidente que la violencia ha llegado a ser parte orgánica de la vida nacional. El negocio de producción y venta de armas ha crecido hasta ser una industria de más de $30 billones de dólares anuales y nada parece detenerlo porque está ligado a una visión supremacista de poder y dominación. El problema parece más allá del control de cualquier forma de restricción de las leyes, generando una industria de defensa, prevención y vigilancia que ha llegado incluso a ser más lucrativa que la producción y venta de armas. La espiral de destrucción no tendrá límites mientras las armas sean el único lenguaje entendible y la Segunda Enmienda continúe siendo la maquinaria que la sustenta. Una violencia que, como siempre, seguirán padeciendo ante todo los más vulnerables de la sociedad.

 Obras citadas:

1) “U.S. Military Bases Overseas.” Overseas Base Realignment and Closure Coalition. July 30, 2022.

2) “Odio organizado”: quiénes son y qué buscan los 165 grupos paramilitares que operan en Estados Unidos. Por María Elena Navas, BBC Mundo, 13 diciembre 2017.

3) Comisión para la Prevención del Suicidio, Departamento de Salud de Puerto Rico, 29 de abril, 2022.

4) “The Gun Industry Created a New Consumer. Now It’s Killing Us.” The Atlantic, By Ryan Busse, Julio 25, 2022.

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(Publicado en Hispanic LA, 6 agosto, 2022)

CUADERNOS DE LA PANDEMIA

Se prohibe leer: La Inquisición cabalga de nuevo, amigo Sancho

  “La historia de los libros prohibidos no habla solamente

de una cadena de opresión, obras destruidas y autores asesinados:

 también ofrece la crónica de la victoria

 de la palabra sobre el poder”.

—Wener Fuld, en Breve historia de los libros prohibidos

16 de julio, 2022. En años recientes, los Estados Unidos han visto el surgimiento de una acción concertada y cada vez más agresiva entre políticos de la derecha más conservadora enfocada en prohibir y eliminar de las bibliotecas y escuelas públicas un creciente número de libros. Aunque los ataques a la libertad de expresión y prensa han existido desde el comienzo de la colonia inglesa, la avanzada actual no tiene paralelo ni en su intensidad ni en el alto número de libros que están siendo vetados.

 No deja de ser diciente que en el presente clima político y social el ataque esté dirigido principalmente contra tres clases de escritura: en primer lugar, la que trata sobre raza y racismo, que incluye tanto obras de ficción como de historia y crítica de la esclavitud y sus efectos sobre la población afroestadounidense hasta el día de hoy. En segundo lugar, la literatura, ensayos, poesía y crónicas, escritos por autores negros, latines, indígenas, asiáticos y otros grupos racializados, que ilustran y describen las luchas y experiencias de estas comunidades en el país. Y, en tercer lugar, las obras que tratan sobre la identidad de género o identidad queer, que son la expresión de personas a la que otros se creen con derecho a oprimir y callar por encima de sus derechos humanos garantizados en la Constitución.

 Para hacer visible cómo arrecia el ataque contra libros que tienen esta clase de contenido, PEN América, una de las organizaciones más prominentes en la lucha por la defensa de la libertad de escribir, publicar y leer, dio a conocer en semanas pasadas el “Índice Estadounidense de Prohibiciones de Libros Escolares”, que comprende solamente las nuevas obras literarias prohibidas del primero de julio de 2021 al 31 de marzo de 2022. El Índice “enumera 1586 casos de libros individuales prohibidos” con un total de “1145 títulos de 874 autores diferentes, 198 ilustradores y 9 traductores, lo que afecta el trabajo literario, académico y creativo de 1081 personas en total” (1). Las prohibiciones se han producido en 86 distritos escolares en 26 estados. Estos distritos representan 2899 escuelas con una matrícula combinada de más de 2 millones de estudiantes. Jonathan Friedman, director de PEN América señala que esta movilización contra la libertad de expresión y prensa “no tiene precedente ni en la escala ni en la proliferación de grupos que están tratando de remover listas completas de libros en múltiples distritos escolares, a través de todo el país” (2).

 Este nuevo y escabroso Índice recuerda el Index Librorum Prohibitorum que la Iglesia Católica creó en plena Inquisición en 1564, un instrumento que se usó para la quema de libros —y con frecuencia a sus autores— hasta que fue eliminado por el Papa Pablo VI en 1966. El Índice Estadounidense incluye a numerosos y prominentes escritores afrodescendientes, creadores de algunas de las páginas más brillantes de la literatura norteamericana. Entre ellos y ellas están Fredrick Douglass y su autobiografía Narrativa de la vida de Frederick Douglass, uno de los documentos fundacionales sobre los efectos devastadores de la esclavitud en los Estados Unidos, contada por uno de sus escritores más lúcidos y elocuentes, que la vivió en carne propia. Tres libros prohibidos de Toni Morrison, Premio Nobel de Literatura en 1993: la novela Beloved, la historia para niños Peeny Butter Fudge y la novela Ojos azules. De Maya Angelou el  primer tomo de su autobiografía Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado. De George M. Johnson, activista LGBTQIA+, sus memorias y manifiesto All Boys Aren’t Blue. Del educador y activista Ibram X. Kendi, Cómo ser anti-racista, y Stamped from the Beginning: The Definite History of Racist Ideas in America. De la educadora y activista Gloria Ladson-Billing, The Dreampeepers: Successful Teachers of African American Children. De Alice Walker, la novela El color Púrpura, ganadora del Premio Pulitzer y llevada al cine por Steven Spielberg. La lista es mucho más larga a la vez que la belleza y fuerza de estos textos es implacable.

 El Índice incluye también a decenas de escritoras y escritores latines. A modo de ilustración menciono algunos (quien se interese puede ver la lista completa en la página de PEN América). Está La casa de los espíritus, la primera y una de las más logradas novelas de Isabel Allende. La novela clásica de la literatura chicana Bless Me, Última, de Rudolfo Anaya. Islandborn, del dominicano-estadounidense Junot Díaz. De la también dominicana-estadounidense Elizabeth Acevedo sus novelas en verso Clap When You Land, y The Poet X, ganadora del Premio Nacional del Libro en la categoría de Ficción Juvenil Adulta en 2018.  Roxanne Dunbar-Ortíz y su libro de historia An Indigenous Peoples’ History of the United States, sin duda el más detallado y devastador recuento de la opresión y extermino sufridos hasta el presente por los nativos en el país. De Paulo Freire su influyente libro Pedagogía de los oprimidos. De Carmen María Machado In the Dream House, donde narra sus experiencias de violencia doméstica queer. Y para rematar en esta brevísima lista, hay que incluir a Sonia Sotomayor, jueza de la Corte Suprema de Justicia, cuyo libro para niños y niñas, ¡Solo pregunta!: sé diferente, sé valiente, sé tú, ¡también ha sido vetado!

 Hay que observar que prácticamente todos los libros del Índice Estadounidense pueden conseguirse en internet y todavía forman parte de muchas bibliotecas públicas y son leídos y comentados en las aulas de las escuelas y universidades. Pero el hecho de que sean prohibidos en centenares de librerías y escuelas en más de la mitad de los estados del país, evidencia que la cruzada contra ellos y contra nuevos libros avanza cada día hasta lo que pude llegar a convertirse en una acción federal. La agenda contra los libros es del mismo orden que la avanzada conservadora de la Corte Suprema de Justicia que tumbó la ley Roe versus Wade. Lo único seguro es que no hay nada que pueda garantizar que el día de mañana la mayoría conservadora de esa misma Corte quiera dar una nueva interpretación a la Primera Enmienda y acabe por autorizar más restricciones a la libertad de expresión y prensa. No hay ninguna razón histórica para creer que eso no pueda ocurrir.

 Sin alarmismos, pero sí con realismo, hay que pensar que las épocas represivas del pasado, como la Inquisición o la quema de libros, encarcelamiento y muerte de escritores durante el nazismo están siempre a la vuelta de la esquina. Solo basta que no haya una manifiestación pública intensa y en todos los espacios posibles, ni acciones legislativas y ejecutivas que se manifiesten en su contra y que, por el contrario, permanezcan calladas e indiferentes. Cuando nos miramos en el espejo de los países que criticamos por la falta de libertad de expresión, de prensa y de religión, a menudo no nos damos cuenta que el problema también lo tenemos latente, delante de nosotros, en este vasto territorio nacional.

 Fuentes citadas:

1) Prohibido en los EE. UU.: Las crecientes prohibiciones de libros escolares amenazan la libertad de expresión y los derechos de la Primera Enmienda de los estudiantes. Página oficial de PEN América. Consultada el 11 de julio, 2022.

2) “The rise in book bans, explained”, by Angela Haupt, The Washington Post. June 9, 2022.

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(Publicado en Hispanic LA, 17 julio, 2022

CUADERNOS DE LA PANDEMIA

La guerra y las otras guerras

Ellos envían veneno y, a veces, dagas.

Envían fuego y, a veces, infierno.

Para las jóvenes de mi patria

Traen la primavera, pero hecha de ceniza.

—Marwa Subhan, poeta afgana

 Consigue un poco de pan, algunas verduras de la huerta y luego vete.

Nunca vamos a volver.

Nunca volveremos a ver nuestra ciudad.

Tome las tarjetas, todas ellas, hasta las últimas malas noticias.

Nunca volveremos a ver nuestra tienda de la esquina.

Nunca volveremos a beber de ese pozo seco.

Nunca volveremos a ver caras conocidas.

Somos refugiados. Corramos toda la noche.

—Serhiy Viktorovych Zhadan, poeta ucraniano

5 de julio, 2022. No acabábamos de salir de la desastrosa invasión de los Estados Unidos a Afganistán, que duró nada menos que veinte años y cobró la vida de al menos 241 mil personas (1), cuando hemos aquí metidos de nuevo en otra aparatosa guerra, otra invasión, iniciada esta vez por Moscú contra su comparativamente pequeño vecino, Ucrania. Dos guerras desproporcionadas, producto ambas de gestos imperialistas y prepotentes, contra naciones incapaces de enfrentarse en igualdad de condiciones.

 Dos guerras parecidas pero distintas. Parecidas porque los agresores encuentran motivos de sobra que los justifiquen. Guerra al terrorismo, en la primera. Guerra contra un país para que no se una a la OTAN y se convierta en una base militar europea cerca a Moscú, junto a la obsesión rusa de mantener a Ucrania bajo su esfera de control geopolítico, la segunda. Guerras distintas porque la primera ocurrió contra una república de Asia Central, “tercermundista”, musulmana; y la segunda, contra un país cristiano, caucásico, “relativamente civilizado, relativamente europeo” comparado con Iraq y  Afganistán, como definió a Ucrania el corresponsal Charlie D’Agata, de la CBS. Aunque D’Agata pidió disculpas por su comentario racista, no ha sido el único periodista europeo en sugerir o expresar de manera directa que la guerra tiene un nivel de aceptabilidad cuando ocurre en países considerados pobres e incivilizados, pero no en la actual culta y moderna Europa.

 A medida que los gobiernos de Occidente se acomodan y reacomodan para buscar detener el avance de Rusia y cómo ayudar a Ucrania (entre otras maneras, postulando su reciente candidatura para hacerla miembro de la Unión Europea), resulta chocante ver la simpatía y prontitud con las que Occidente negocia estas relaciones mientras discrimina y niega el mismo valor humano a las víctimas, los muertos y a los que buscan refugio desesperado desde el llamado sur global. Resalta también en este escenario el papel de la prensa europea y estadounidense con el flujo constante de noticias, minuto a minuto, de lo que está pasando en ese país. Los reportes directos desde el campo de batalla y las entrevistas periodísticas a los ucranianos que siguen abandonando el país por distintas fronteras, le dan un rostro humano a esta guerra, y en consecuencia producen solidaridad. Oímos sus voces, vemos sus rostros, nos identificamos con ellos. Sus vidas individuales son dignificadas. Son seres humanos como nosotros que no deben estar sufriendo este atropello.

 En contraste, la intervención militar de los Estados Unidos y la OTAN contra Afganistán, por compararla con un ejemplo igualmente bélico entre una potencia y un país vulnerable, no recibió el mismo despliegue de noticias y mucho menos la solidaridad de esta comunidad occidental que se autodefine como democrática y cristiana. Una comunidad que poco reclama, ora, habla o actúa a favor de las víctimas inocentes afganas y paquistaníes, como tampoco por las víctimas de otras guerras activas en países no tan distantes geográficamente de Ucrania.

 Una lista de esas otras guerras incluye la que se libra en el norte de Yemén desde el 2011, que cuenta ya con un cuarto de millón de muertos y con más de dos millones de niños enfrentando extrema desnutrición; una guerra que la ONU declaró como “la peor crisis humanitaria en el mundo” (2). O la guerra en Siria, también con 11 años de duración, más de 300 mil muertos hasta el presente (cifra que no incluye a las decenas de miles de soldados  e insurgentes caídos en combate), y con 5.6 millones de exiliados, un buen número de ellos en Turquía (3). O la guerra en Etiopía entre el gobierno de Abiy Ahmed y las fuerzas rebeldes de la región norteña de Tigray cuyos líderes buscan regresar al poder; en el conflicto han muerto decenas de miles de civiles y soldados y el país enfrenta una grave crisis alimentaria a la vez que sufre atroces crímenes de guerra (4). O en Somalia, donde se libra por años una guerra entre grupos yidahistas y el gobierno. A mediados de mayo pasado, Estados Unidos envió un ejército de cerca de 500 soldados para combatir en ataques aéreos contra las fuerzas extremistas aliadas con Al Qaeda (5). En mayor o menor medida, en todas estas guerras hay una participación directa o indirecta de los Estados Unidos y Europa tanto logística, como de combatientes y armamento. Pero excepto por los afectados o los que se interesan por estos conflictos, son guerras que se perpetúan sin solución aparente ante la indiferencia del resto del mundo.

 La guerra rusa contra Ucrania es sanguinaria y todos debemos oponernos a ella. Los medios de comunicación occidentales hacen lo que deben hacer cuando humanizan a las víctimas y le dan a sus audiencias historias colectivas y personales con las que conectamos y nos sentimos solidarios. Pero esa prensa cumpliría una función mucho más amplia, justa y humana, si diera la misma voz e identidad a las historias de las víctimas de las guerras y conflictos de países que hasta ahora se consideran secundarios, subalternos e inferiores, y que son vistos como meros peones en el juego geopolítico de los poderes dominantes.

 En un mundo que pretende ser pluralista y global, seguimos enfrascados en una visión tribalista y sectaria. Los fuertes silencian a los débiles y su versión particular de la historia es la que se impone como el discurso aceptable. Los empobrecidos, los desplazados y migrantes forzados del Medio Oriente, Africa, o en la frontera México-EE UU, y tantos otros olvidados, seguirán esperando contra toda esperanza. Sobreviviendo como mejor se pueda. Formando parte de esa mayoritaria masa humana sin rostro.

 Fuentes citadas:

1) Cost of War. Afghan Civilians. Watson Institute International & Public Affairs. Brown University, Providence, RI, USA. April 2021.

2) “Yemen, una epidemia de violencia e impunidad”, Alberto Estévez, Amnistía Internacional, 28 de enero de 2022.

3) “Muertes civiles en la guerra en Siria superan los 300.000”, Jamey Keaten. Los Angeles Times, June 28, 2022.

4) “Etiopía está inmersa en una guerra civil por el conflicto de Tigray”, Eliza Mackintosh. CNN, 3 noviembre 2021.

5) “Estados Unidos enviará cientos de soldados a Somalia para combatir a Al Shabab”, Efe, Washington, 16 de mayo de 2022.

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(Publicado en Hispanic LA, 5 julio, 2022)

CUADERNOS DE LA PANDEMIA

Martin Luther King, Jr.: mucho más allá del sueño

“Los que profesan estar a favor de la libertad

y, sin embargo, desprecian la agitación,

son personas que quieren cosechas sin arar la tierra.

Quieren lluvia sin truenos y relámpagos.

Quieren el océano sin el espantoso rugido de sus muchas aguas”.

—Frederick Douglas, fragmento de “Carta a un colega abolicionista”, 1849

15 enero, 2022. Todas las fiestas y celebraciones patrias son un camuflaje a la verdadera historia de los pueblos: la que no cuentan los vencidos. Eso ocurre también en estos días en que se celebra el 93avo aniversario del nacimiento de Martin Luther King, Jr. (nacido el 15 de enero de 1929). Una conmemoración que se supone exalta su legado de lucha por el movimiento de los derechos civiles. En realidad es un blanqueamiento del Luther King, Jr. que buscó cambios radicales a las estructuras racistas que han mantenido un sistema de represión, segregación y deshumanización contra la población negra (y otros grupos racializados) del país por 400 años. MLK los buscó por las vías pacíficas (como Gandhi y Mandela), pero a la vez entendía muy bien a un movimiento como las Panteras Negras  y a Malcolm X, que creían que no había que atacar primero, pero que tenían el derecho legítimo a la defensa en caso de agresión. Y que los motines y saqueos eran un acceso momentáneo que “permite que el negro más enfurecido y desposeído se apodere de los bienes de consumo con la misma facilidad con que lo hace el hombre blanco con su billetera”. (1)

El Martin Luther King, Jr. que “celebra” el sistema dominante es uno para maquillar y presentar un líder inofensivo, paternalista y bondadoso, casi suplicante, por los derechos de su comunidad. James Earl Ray, el segregacionista blanco que lo mató de un disparo al atardecer del 4 de abril de 1968, no lo hizo porque Luther King, Jr. fuera el San Francisco de los Negros, sino porque muchos otros como él conocía su mensaje beligerante, que buscaba reparaciones a siglos de injusticia y opresión, uno que incluía el océano con el espantoso rugido de sus muchas aguas. El Luther King, Jr. que se conmemora es una entre las muchas voces memorables del pasado y del presente de la comunidad negra de los Estados Unidos como W.E.B. Du Bois, Frederick Douglas, Anna Julia Cooper, Claudette Corvin, Ida B. Wells, Langston Hughes, Audre Lorde, Angela Davis, Cornel West, Nina Simone, Colin Kaepernick, Alicia Garza, por citar unos cuantos de una miríada de pensadores, filósofos, académicos, artistas, deportistas y activistas negros a lo largo de siglos. Como el de todos ellos y ellas, el sueño de MLK estaba lejos de ser sentimentalista e ingenuo. Nunca ha sido el sueño del que busca aceptación, reconocimiento ni cuotas en el poder histórico dominante, sino una reversión radical hacia un mundo de justicia, reparación, pertenencia y normatividad; de poder de decisión y de derecho a la vivienda digna, salud, educación, política, recreación, de la misma calidad equitativa e inclusiva para todos los que habitan esta nación.

A Luther King hay que leerlo y escucharlo en el conjunto de sus mensajes, y sobre todo aquellos en que discierne el núcleo de los problemas que hay que combatir, que él mismo sumarizó en un discurso-sermón, presentado en distintas ocasiones, incluyendo la Iglesia Bautista Ebenezer de Atlanta, donde fue pastor junto a su padre, y en la Conferencia Nacional Anual para la Nueva Política, en 1967: “Ahora, nuestra única esperanza radica en nuestra habilidad de recapturar el espíritu revolucionario, y salir al mundo, a veces hostil, declarando nuestra eterna hostilidad a la pobreza, al racismo, y al militarismo. Con este compromiso desafiaremos valientemente al status quo, desafiaremos las injustas costumbres, y gracias a esto adelantaremos el día en que «todo valle sea alzado, y todo monte y collado se baje; y lo torcido se enderece; y lo áspero se allane. Y la gloria del Señor se manifestará; y toda carne juntamente la verá»”. (2)

Nada menos que un fin radical del sistema supremacista es lo que buscaba Luther King, Jr. Los mensajes edulcorados, calmadores de conciencias, por parte de las mismas instituciones que mantienen día a día un discurso y práctica supremacistas, son precisamente el obstáculo a los grandes cambios que buscan movimientos sociales como los que representa Luther King, Jr. Los discursos oficiales y las noticias de los grandes conglomerados de comunicación sobre las celebraciones de los días patrios esconden la voz de los que han seguido sin independencia después de las proclamas de independencia. Otro tanto ocurre con las commemoraciones de nacimientos o muerte de hombres y mujeres que han luchado por cambiar una pesadilla histórica en un sueño de justicia, y que, después de todo, partieron sin haber visto llegar ese día. En esencia y forma, los problemas que MLK se dedicó a combatir siguen intactos y, si se quiere, agrandados en el día de hoy. La pesadilla sigue vigente para millones por la represión policial, el sistema de encarcelamiento masivo (Atica no es solo una historia del pasado), y la falta generalizada de profundas transformaciones en el funcionamiento del entretejido social. Si acaso hay algo que decir sobre ese sueño de MLK que se exalta en las celebraciones es que hay que seguir construyendo el sueño sobre ese y otros tantos sueños, con la palabra y la movilización social.

Obras citadas

1) “The Role of the Behavioral Scientist in the Civil Rights Movement”, Journal of Social Issues. Volume XXIV. Number 1, p. 4, 1968.

2) “Por qué me opongo a la guerra en Vietnam”. El Sudamericano. Octubre 18, 2012.

CUADERNOS DE LA PANDEMIA

Haití, sin tiempo para respirar

10 de julio, 2021. Ahora, en medio de la interminable sangría de Haití, en medio de un pasado siempre ligado a su tragedia, me vienen los versos de uno de sus mejores poetas, Leon Laleau:

Este corazón obsesivo que no concuerda
Ni con mi lengua ni con mis ropas
Y sobre el que muerden como un arpón
Sentimientos prestados y costumbres
De Europa. ¿Sentís este sufrimiento
Y este desasosiego a ningún otro igual
De domesticar con palabras de Francia
Este corazón que me vino de Senegal?

Después de convertirse en el segundo país del continente en proclamar su independencia en 1804 (y primero en proclamar el fin de la esclavitud), Francia lo obligó a pagarle una indemnización de 150 millones de francos (unos 21 mil millones de dólares al día de hoy) como parte de las “reparaciones” por la pérdida del trabajo de los esclavos. Los haitianos estuvieron endeudados por más de un siglo hasta que en 1947 terminaron de pagar semejante infame “deuda”. Como resultado de este pago, Haití se ha mantenido con una deuda casi impagable con los bancos europeos, que le han cobrado millonarios intereses y que ha contribuido a perpetuar su miseria.

Los Estados Unidos se negaron a reconocer la independencia de Haití porque representaba darle la libertad a sus propios esclavos. A lo largo del siglo 20 y hasta el presente, los Estados Unidos han apoyado sangrientos dictadores como los Duvalier (Papa Doc y su hijo Baby Doc). Ahora, después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, el nuevo gobierno le pide a Estados Unidos que mande tropas para ayudar a estabilizar al pequeño país, el más pobre del continente. Es decir, más de lo mismo. Como dijo también otro destacado poeta caribeño, Edouard Glissant, “Haga lo que haga el hombre, el grito echa raíces”.

(Publicado en Hispanicla.com, 10 de julio, 2021)

CUADERNOS DE LA PANDEMIA

La masacre racial de Tulsa

“El horno de fuego no destruyó el genio
El horno de fuego no destruyó el espíritu
El horno de fuego no destruyó la mente
El horno de fuego no destruyó el ADN
El horno de fuego no nos destruyó a todos nosotros”

—Fragmento del poema de Barbara L. Eikner donde describe la Masacre de Tulsa y la compara con el horno de fuego del libro bíblico de Daniel

1 de junio, 2021. Esta semana se cumplen cien años de una de las páginas más trágicas de la larga y violenta historia de racismo en los Estados Unidos: la Masacre Racial de Tulsa, Oklahoma, cuando un número no precisado hasta ahora de afroestadounidenses fueron vilmente asesinados, y sus casas, negocios, hospitales, escuelas e iglesias fueron incendiadas y reducidas a cenizas. Al menos trece avionetas bombardearon desde el aire a Greenwood, el distrito negro más próspero de los Estados Unidos, llamado entonces el Wall Street Negro, y ubicado dentro de la ciudad de Tulsa. Fue esta la primera vez que se perpetró un ataque aéreo contra gente de Estados Unidos dentro su propio país. Otro ataque ocurrió en 1950 en Puerto Rico cuando la Guardia Nacional bombardeó a dos pueblos de la isla, Jayuya y Utuado, para tratar de detener el movimiento independentista.

La agresión en Tulsa comenzó por la incitación del periódico local Tulsa Tribune después de que se acusara a un adolescente negro de haber agredido a una joven blanca en un elevador. Miles de habitantes blancos de la ciudad y de otras localidades de Oklahoma, apoyados incluso por la policía, vinieron para participar en la despiadada masacre que incluyó a niños y ancianos negros por igual. Las autoridades negaron la existencia de este evento y todo quedó sepultado en el silencio durante décadas, a pesar de que a lo largo del siglo 20 muchas voces trataron de desenterrar estos hechos. La Comisión de Oklahoma para Investigar la Masacre de Tulsa, fue autorizada por el Congreso del estado en 1997, y en el 2001 presentó un extenso informe confirmando y ampliando las descripciones del horror vivido por la comunidad afroestadounidense en 1921.

Además de los muertos, de los que se han empezado a desenterrar decenas de tumbas masivas improvisadas, hay registros de más de 800 heridos, más de seis mil arrestados, diez mil personas desalojadas de sus propiedades, 35 manzanas, que comprendían 1.256 casas, consumidas por el fuego. Todas las víctimas, afroestadounidenses (Tulsa Race Riot. A Report by the Oklahoma Commission to study the Tulsa Race Riot of 1921). Ahora se ha formado una coalición para pedir por reparaciones a los familiares de las víctimas de la masacre. Tres documentales que se estrenan en estos días sobre este ataque racista, y que vale la pena conocer son: 1) Tulsa Burning: The 1921 Race Massacre (History Channel); 2) Dreamland: The Burning of Black Wall Street (HBO Max) y 3) Tulsa: The Fire and the Forgotten (PBS). Entre muchos otros, incluyendo algunos en español, puede leerse el artículo “The devastation of the Tulsa Race Massacre” (The Washington Post, May 28, 2021).

Esta historia trágica no es un evento aislado. Ataques semejantes han estado presentes en la historia de los Estados Unidos desde su fundación, con matanzas de indígenas, mexicanos, puertorriqueños, asiáticos y otras comunidades. Lo que vemos el día de hoy con la brutalidad policial contra minorías es apenas una prolongación de una larguísima historia, porque poco se ha hecho para detenerlos, y al contrario se ha optado por ignorarlos, silenciarlos o negarlos. En consecuencia, vuelven a repetirse. Una de las razones de esta indiferencia y desaprehensión ante estos hechos gravísimos es la deshumanización a que son sometidos aquellos que no son percibidos como parte de los sujetos nacionales, y a quienes se les niega la condición de personas con los mismos derechos de quienes los agreden. Por supuesto estas percepciones y ataques es algo contra lo que se debe seguir luchando a través de las leyes, las instituciones, la educación y la formación ciudadana. En cuanto a Tulsa, es tiempo de reparaciones y de la justicia social y racial que les fue y les sigue siendo negada a las víctimas, a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas hasta el presente. Ante eventos como este la neutralidad es un lugar inexistente.

(Publicado en Hispanicla.com, 1 de junio, 2021)

CUADERNOS DE LA PANDEMIA

Las esterilizaciones forzadas no son cosa del pasado

«Y luego la historia se esfumó en una traición de humo.
Todavía hay quemas aunque vivamos en una democracia erigida
sobre cementerios»

—Joy Harjo, poeta nativa de Muscogee, Oklahoma

5 de abril, 2021. Las esterilizaciones forzadas suelen ser un delito de estado y como tal las historias solo se conocen años más tarde, cuando el gobierno que las autorizó ya no está en el poder. O cuando alguna de las víctimas sale a la palestra a denunciarlo. No se dice mucho sobre esto, y si se escucha o se ve en las noticias tiende a perderse el interés al poco tiempo porque sus víctimas son mujeres y hombres humildes, carentes de recursos económicos y pertenecientes a grupos étnicos y raciales que no tienen poder ni representación ante la sociedad dominante. Es un crimen que ha recorrido y sigue recorriendo las entrañas de distintos países del mundo y con frecuencia su objetivo tiene que ver con políticas de exterminio de minorías que se consideran desechables y estorbosas para el proyecto nacionalista de pretendida pureza y superioridad racial.

En el mundo occidental las campañas de esterilización forzada están asociadas con la eugenesia (del griego: nacido de buena cuna, o de buenos genes), una seudo-ciencia racista surgida en la década de 1880 en Inglaterra que buscaba el perfeccionamiento del mundo natural vivo y particularmente el de la especie humana. Su gestor fue el inglés Francis Galton, primo hermano de Charles Darwin, quien partiendo de la teoría de Darwin sobre la selección natural (la supervivencia de los más fuertes) y los estudios del pionero de la genética, el austriaco Gregor Mendel, concluyó que le podía dar una mano a esa teoría por medio de la selección artificial, esto es, con la intervención de mecanismos clínicos que pudieran mantener el control poblacional y contribuir a la preservación y dominio del grupo humano superior, que para Galton eran, claro está, los anglosajones.

Estas propuestas fueron adoptadas rápidamente por el biólogo norteamericano Charles Davenport y tanto en Inglaterra como en Estados Unidos llevaron en poco tiempo a políticos y legisladores a crear leyes a favor de las esterilizaciones forzadas (histerectomías en las mujeres, y vasectomías en los hombres) como manera de implementar la ideología racista eugenésica. El estado de Minesota fue el primero en el mundo en pasar en 1907 una legislación que aprobaba las esterilizaciones forzadas en hombres y mujeres declarados locos, deformes físicamente, discapacitados mentales, epilépticos o criminales. Pronto otros estados también adoptaron leyes parecidas, que en ocasiones incluía a ciegos, sordos,  alcohólicos, personas dependientes como los huérfanos, o desarraigados sociales como los mendigos y vagabundos. El objetivo primario de esas leyes era evitar la degeneración de la población blanca del país, pero con el tiempo comenzaron a ser también un arma de exterminio de minorías no deseables como los afroestadounidenses, indígenas y latinos.

Lutz Kaelber, profesor de sociología de la Universidad de Vermont, realizó una investigación sobre la eugenesia en los Estados Unidos y halló que más de 30 estados crearon leyes que posibilitaron la esterilización de más de 60 mil personas, en su mayoría mujeres, en las primeras décadas del siglo 20 (1). California fue el estado líder en esterilizaciones forzadas con más de 20 mil casos documentados, según Kaelber en la fuente citada y por Daniel Kevles en su libro In the name of eugenics: Genetics and the uses of human heredity (En el nombre de la eugenesia: genética y el uso de la herencia humana (2). El carácter esencialmente racista de la eugenesia contra poblaciones consideradas no blancas se expresa de manera contundente en el llamado Credo Eugenésico escrito por Davenport. Uno de sus puntos en relación con la llegada de inmigrantes a los Estados Unidos que no fueran eurodescendientes, sentencia: “Creo en la selección de los inmigrantes a fin de que nuestro plasma germinal nacional no sea adulterado con rasgos de inadaptación social” (3).  

Durante los primeros años de la Alemania nazi, la campaña de esterilización forzada de mujeres que eran consideradas defectuosas y que habrían de procrear hijos defectuosos fue inspirada en las teorías y prácticas de la eugenesia desarrolladas en los EE. UU. Se considera que un promedio de 400 mil mujeres y hombres alemanes fueron esterilizados contra su voluntad bajo la Ley para la Prevención de Descendencia con Enfermedades Genéticas que se aplicó de 1933 a 1939, e incluyó a judíos, afroalemanes, gitanos, homosexuales y personas que no fueran consideradas de raza aria (4).

En el caso de los EE. UU. hay que tener en cuenta que la discriminación, segregación y opresión contra grupos racializados (negros, latinos, indígenas, asiáticos y otras minorías) ya era una realidad en los Estados Unidos antes del surgimiento de las teorías y prácticas de la eugenesia. Pero la elaboración y las conclusiones de la eugenesia fue el argumento puntual de la ideología nativista para intentar mantener el predominio anglosajón en los Estados Unidos. Es de la eugenesia de donde derivan esas expresiones racistas y clasistas que usamos con apariencia inofensiva cuando decimos que tal o cual persona es de “buena cuna” o que tiene “buenos genes”, como acostumbra vanagloriarse Donald Trump apuntándose a sí mismo y a sus seguidores. El documental American Experience: The Eugenics Crusade (Experiencia americana: la cruzada eugenésica), que puede verse en el canal de Amazon Video, narra de manera detallada los origenes y la implementación de esta máquinaria clínica de exterminio humano.

Pero este delito no es cosa del pasado. Las esterilizaciones forzadas en los EE. UU. continuaron en la segunda mitad del siglo 20 y continúan hasta el día de hoy ejecutadas sobre todo contra mujeres indígenas, afroestadounidenses y latinas. Menciono cuatro casos notables y ampliamente documentados.

Uno: Entre las décadas de 1950 y 1960, el gobierno de los Estados Unidos emprendió una campaña secreta y genocida contra mujeres pobres de Puerto Rico alegando que la isla estaba superpoblada y que al no tener hijos muchas más mujeres podían unirse a la fuerza laboral de las nuevas compañías norteamericanas que estaban inundando este territorio. El documental La Operación, dado a conocer en 1982, describe, a través de entrevistas a mujeres puertorriqueñas que fueron esterilizadas con engaño, la vastedad de este proyecto de genocidio demográfico (5). La píldora anticonceptiva fue también probada primero y de manera experimental con mujeres puertorriqueñas.

Dos: En la década de los setenta, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Acta sobre Servicios de Planificación Familiar y Estudios de la Población a través de la cual más del 25 por ciento de las mujeres indígenas del país fueron esterilizadas forzadamente, sin la información debida, o con engaños. Durante un período de siete años (1970-1977), médicos pagados por el gobierno esterilizaron bajo presión a mujeres de distintas tribus de los Estados Unidos en un proyecto de exterminio de las comunidades nativas de esta nación que se autodenomina faro de la democracia y de la justicia en el mundo (6).

Tres: El documental Belly of the Beast (El vientre de la bestia), trasmitido por PBS, denuncia de manera detallada y con el relato de algunas de las víctimas, el crimen de las esterilizaciones forzadas contra mujeres afroestadounidenses y latinas en las cárceles de California después de 1979, el año en que esta práctica genocida fue prohibida legalmente en el estado. El documental enfoca particularmente en al menos 150 casos documentados de histerectomías en Central California Women’s Facility, la cárcel para mujeres más grande del mundo. Estrenado el 23 de noviembre de 2020, las directoras del filme denuncian que este delito sigue cometiéndose hasta el presente en diversos centros penitenciarios para mujeres.

Cuatro: En septiembre de 2020 la enfermera Dawn Wooten denunció a la prensa que varias mujeres migrantes latinoamericanas en los centros de detención migratorios en Irwin, Georgia, en la frontera sur de los Estados Unidos, habían sido esterilizadas sin el consentimiento de ellas en hospitales bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE (7).

Las campañas de esterilización forzada se multiplican por el mundo, sin dejar de recordar que Estados Unidos fue el primero en iniciarlas y sirvió y sigue sirviendo como modelo de “inspiración” a otros países. En las noticias en estos días están las denuncias contra el gobierno peruano de Alberto Fujimori, acusado de autorizar la esterilización forzada o con engaños de más de 300 mil mujeres de las comunidades indígenas quechuas y de familias con pocos recursos económicos entre 1996 y el 2000 (8). El gobierno chino, por su parte, está desde hace años en una campaña de exterminio de la minoría étnica y religiosa de los uigurs en Sinkiang, China, a través de la esterilización forzada. Debido a este programa genocida la población uigur redujo su crecimiento poblacional en más del 60 por ciento entre 2015 y 2018, que son los últimos años de que se dispone de estadísticas (9).

En cuanto a EE. UU., el aumento de los ataques racistas contra las comunidades minoritarias que se ha visto en los últimos cinco años, es apenas un reflejo de la corriente interna que recorre el código genético supremacista de esta nación y que se expresa en múltiples maneras, entre ellas la aniquilación de grupos minoritarios considerados indeseables. Identificar, denunciar y desmantelar el mito asumido de la superioridad racial blanca, que sigue teniendo un aliado fundamental en la ideología eugenésica, es una responsabilidad del segmento de la población que lucha por un mundo con justicia social y racial. En las protestas antiracistas de los últimos años vemos con frecuencia el letrero que dice, “El silencio es violencia también”. Y es difícil negar que tiene razón.

Fuentes citadas:

1. Kaelber, Lutz. “Eugenics: Compulsory Sterilization in 50 American States.” University of Vermont, Burlington, VT, 2012.
2. Kevles, Daniel. In the name of eugenics: Genetics and the uses of human heredity. Harvard University Press, 1998.
3. Riddle, Oscar. “Biographical Memoir of Charles Benedict Davenport, 1866-1944.” National Academy of Sciences of the United States of America. Volume XXV—Four Memoir, 1947, 84.
4. “El estado biológico: higiene racial nazi. 1933-1939.” United States Holocaust Memorial. Washington D.C. s/f.
5. La Operación. Documental sobre las políticas de esterilización impuestas en Puerto Rico, Dirigido por Ana María García, 1982.
6. Theobald, Brianna. “A 1970 Law Led to the Mass Sterilization of Native American Women. That History Still Matters.” Time Magazine. November 28, 2019.
7. “Migrantes esterilizadas en cárceles de EE.UU. ¿La punta del iceberg?” DW, Bonn, Alemania, 24 de septiembre, 2020.
8. Fowks, Jackeline. “Indígenas y pobres: 20 años sin culpables para las víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú”. El País. 8 de marzo 2021.
9. “China impone control de natalidad a minorías musulmanas”. Associated Press. 28 junio 2020.

(Publicado en Hispanicla.com, 5 de abril, 2021)

CUADERNOS DE LA PANDEMIA

¿LIBERTAD DE EXPRESIÓN? DEPENDE DE QUIÉN SE EXPRESE

19 febrero 2021. El Partido Republicano pudo bloquear la condena de Trump por su culpabilidad en el asalto al capitolio el 6 de enero. Entre otras razones, sus abogados alegaron que cuando estaba incitando a los vándalos a ir contra el Congreso estaba haciendo uso de la Primera Enmienda que garantiza la libertad de expresión. De modo que podía decir lo que quisiera, incluyendo arengar a sus seguidores, quienes iban armados: “We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore” (“Luchemos como el infierno. Y si no luchas como el infierno, ya no vas a tener un país”). Sus palabras, por el momento, no tuvieron consecuencias legales, independientemente del efecto que tuviera su discurso y de sus cientos de tuits incendiarios durante meses: siete muertos y decenas de heridos. Todo era justificado. Estaba haciendo uso de su libertad de expresión.

Entre tanto, en mayo del 2019, el joven activista latino José Bello, de 22 años, estudiante de Bakersville College, California, padre, trabajador agrícola y beneficiario del programa DACA, leyó su poema “Querido Estados Unidos” en un foro público. El poema (que incluyo aquí en mi traducción del inglés) habla, entre otras cosas, en contra de las iniquidades del sistema migratorio del país. Dos días después de leer su poema, Bello fue arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Estuvo en la cárcel por 89 días y fue liberado después de que dos jugadores de la NFL que se enteraron de este atropello pagaron la fianza de 50 mil dólares. Después de año y medio y de una larga disputa legal apoyada por grupos defensores de los derechos civiles como la ACLU, la United Farm Workers Foundation y Pen America, Bello fue exonerado de sus cargos el pasado 15 de enero. La batalla fue intensa para el joven activista, incluyendo pasar tres meses en la cárcel y con la amenaza latente de ser deportado en cualquier momento a México, pese a estar amparado por DACA. Una de las razones obvias por las que Bello obtuvo una victoria final se debió a que su caso fue muy publicitado y atrajo la atención de las mencionadas organizaciones de derechos civiles. Otra habría sido su situación si nadie hubiera pagado la fianza y si nadie hubiera abogado a su favor. El contraste en estos dos casos hace evidente los filtros por los que pasa el uso de la libertad de expresión. ¿O después del 6 de enero hay nuevas maneras de interpretarla? Aquí el poema por el que Bello fue privado de su libertad: 

Querido Estados Unidos,

Nuestra administración ha fracasado.

Aprobaron leyes contra nuestro pueblo,

Nos quitaron nuestros derechos y nuestra libertad,

y todavía espera ser aclamado?

¡Claro que no!

Querido Estados Unidos,

 Tú y tu administración causan miedo,

miedo a través de la separación.

En lugar de generar confianza con nuestra gente, ¿prefieren esta tensión racial?

Oprimido.

 Vivo mi vida en frustración

Prisiones privadas, financiación política, encarcelamiento masivo.

Tú has las conexiones.

Hablo por las víctimas que pagan por esta estafa,

Vietnamitas, jamaicanos, africanos, camboyanos, mexicanos, salvadoreños y así sucesivamente.

Juntos estamos de pie.

Exigimos respeto. ¡Queremos recuperar nuestra dignidad!

Nuestras raíces son profundas en este país.

Esto es un hecho cierto.

Queridos estadounidenses,

Es posible que se pregunte: “¿Cuál es el objetivo de seguir repitiendo estos hechos?”

Estoy aquí para hacerle saber que queremos sentirnos seguros, ya seamos morenos, asiáticos o negros.

No queremos sus trabajos. No queremos su dinero. ¡Estamos aquí para trabajar duro, pagar impuestos y estudiar!

La pelea ha comenzado.

“Nunca nos separaremos, chiquito”, es lo que le prometí a mi hijo.

Todos pueden intentar justificar sus acciones. Tratar de imponer sus pretextos.

La conclusión aquí es que al final, la gente siempre triunfa y el gobierno pierde.

Querido Estados Unidos,

No considere esto una amenaza.

Nuestras intenciones son seguir haciendo grande a este país.

Es hora de comenzar a defender lo que es correcto.

Criminalizar a los niños, separar familias, nuestra seguridad nacional, ¿esto le hace bien?

 No, no es así y nunca lo será.

La juventud tiene que ponerse de pie. Tenemos que unirnos con nuestros compañeros.

Comencemos a educar a nuestros hijos. Habla sabiduría en sus oídos.

Porque al fin de cuentas

Yo soy tú y tú eres yo.

¡Juntos somos todo!

Sinceramente,

estas semillas que ustedes han tratado de enterrar.

(Publicado en Hispanicla.com, 21 de febrero, 2021)

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Libros que recomiendo en esta ocasión: Jesus and John Wayne. How White Evangelicals Corrupted a Faith and Fractured a Nation, de  Kristin Kobes Du Mez. Desde la fundación de esta nación-estado, la religión ha sido utilizada como instrumento de dominación, control y de una identidad excluyentemente anglosajona, pese a ser una nación de una enorme y creciente diversidad étnica y racial. Kobes traza la historia de cómo esta forma particular de cristianismo europrotestante sigue siendo el mecanismo principal del nacionalismo racista blanco que el mundo ve en plena manifestación en estos momentos de la historia.

Palante: Voices and Photographs of the Young Lords, 1969-1971, con fotos de la abogada y activista Iris Morales y textos del escritor y documentalista Michael Abramson. Una espléndida crónica visual y textual de jóvenes puertorriqueños que fueron parte del movimiento político que buscaba la independencia de Puerto Rico en el período del florecimiento del movimiento por los derechos civiles.